Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – En Honduras, en promedio cada día 8 mujeres y niñas son víctimas de violación sexual, situación que se mantiene debido a la permisión de las autoridades de justicia, llevando lamentablemente a “normalizar” las agresiones y la violencia de género.
Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señaló que es alarmante y preocupante la permisividad social en cuanto a la violencia sexual.
Pese a que existen cifras altas de violencia contra la mujer y femicidios, el Estado no actúa ni investiga, sumando así, según estudios del Observatorio, 17 mil víctimas de violencia sexual en los últimos años.
El 88% son mujeres y niñas, es decir, al menos 9 de cada 10 han sufrido agresión sexual. Mientras que, por rango de edad, el 50% de las víctimas oscila entre las edades de 10 a 14 años, es decir, estas víctimas son niñas en pleno desarrollo.
Uno de los mayores agravantes es que cuando se pregunta por el agresor, un 75% de las agredidas afirman que se trata de un conocido o cercano. De tal forma, se establece que puede ser el padre, abuelos, tíos, primos, amigos de la familia o vecinos.
Esta grave situación llama la atención debido a que estás niñas no siempre reciben la atención psicológica o psiquiátrica necesaria. Además de la agresión sexual mujeres y niñas quedan embarazadas y no pueden optar por una aborto porque en Honduras es ilegal.
“Hay más militares en las calles que psicólogos en los centros de salud”, destacó Ayestas, quien añadió que las agresiones sexuales quedan marcadas y arruinan la vida de las afectadas.
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EDUCAR DESDE EL HOGAR Y LA ESCUELA
Es toral trabajar en el tema de la prevención de la violencia y capturar a los responsables para proceder con la justicia. Sin embargo, para prevenir hay que enseñar a la ciudadanía cuáles son los factores de riesgo, debiendo iniciar este proceso en los hogares y en las aulas de clase.
En cuanto a los hombres, hay que enseñarles a desechar esa cultura patriarcal y que entiendan que agredir o violar a una mujer es un delito y que tendrá consecuencias.
Este es un tema de falta de educación, porque hay pensamientos sociales tan absurdos y falsos como que la virginidad de una niña los hará más jóvenes, expresó Ayestas.
En cambio, los hombres deben estar conscientes que mantener relaciones sexuales con un menor de edad es un grave delito, el cual se paga con cárcel aun cuando la niña haya manifestado que estaba de acuerdo.
Tan solo con la acción de pedir fotografías a un menor se está incurriendo en un ilícito, por lo cual las autoridades no deben seguir siendo permisivas.
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El artículo 253 del reformado Código Penal indica que “quien, a través de las tecnologías de la comunicación e Información, propone a un menor de catorce años concertar un encuentro físico para realizar actividades sexuales, debe ser castigado con la pena de arresto domiciliario de uno a tres años”.
Lo anterior es otra de las razones por las cuales muchas organizaciones han calificado al nuevo Código Penal como “Código de la Impunidad”, puesto que establece castigos blandos a delitos graves, favoreciendo a la delincuencia.
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IMPUNIDAD NORMALIZA ABUSOS Y FEMICIDIOS
Lamentablemente los casos en impunidad son innumerables. Uno de los más recientes es el femicidio de la estudiante universitaria, Nerly Mendoza, quien fue asesinada la semana pasada a puñaladas por defenderse del vecino que se metió a su casa con el objetivo de violarla.
Este caso continúa en la opacidad de la impunidad por la falta de accionar de las autoridades, quienes lo han entorpecido con irregularidades.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de los niños deben trabajar en conjunto con los entes de justicia, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud para educar y dar atención integral a las víctimas, arguyó Ayestas.
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Las comunidades también deben actuar para proteger a la niñez, evitando convertirse en cómplices, a la par, los entes de justicia deben facilitar que se interponga una denuncia protegiendo la integridad de la persona denunciante.
Desde el momento en que se interpone una denuncia el Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigación (DPI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) deben trabajar de oficio y luego presentar la acción penal.
La investigación de estos crímenes es esencial para evitar que estos sigan pasando inadvertidos y que los criminales continúen agrediendo sexualmente a otras mujeres y menores de edad. Además, esto evitará que el abuso se normalice en la sociedad.
