Por: Redacción CRITERIO
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Los actos de violencia perpetrados el pasado 1 de septiembre en el norte de Honduras, contra un grupo de periodistas y comunicadores sociales por parte de la Policía Nacional Preventiva y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), fueron condenados este lunes por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y el Grupo Sociedad Civil (GSC).
Los señalamientos contra los elementos de la seguridad nacional se originaron en una rueda de prensa en la que participaron dos de las víctimas, quienes narraron el penoso incidente que dejó daños físicos y remarcó un nuevo atentado contra la libertad de expresión.
Los hechos se registraron en la ciudad de El Progreso, Yoro, mientras los periodistas y comunicadores sociales daban cobertura a una toma de carretera que realizaban miembros de la organización social, “Oposición Indignada” y del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en repudio al saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y en exigencia a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad Honduras (CICIH).
PRONUNCIAMIENTO
Mediante un pronunciamiento, C-Libre y Grupo Sociedad Civil, condenaron el ataque contra los periodistas, Dunia Montoya, de la Revista Vida Laboral; Gerardo Chévez, de Radio Progreso; Román Paz, de Campus TV; Eddie Andino, de Canal 6 y César Obando Flores, de Radio Progreso y Radio Popular del Aguán y otros periodistas camarógrafos de Canal 11 y del noticiario Hoy Mismo de la Corporación Televicentro, cuyos nombres no fueron establecidos a petición de los afectados, que temen ser objeto de represalias por parte de sus patronos.
Las organizaciones apuntan que Honduras atraviesa una escalada de violaciones al derecho a la libertad de expresión cometidas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Según estas organizaciones los ataques contra la prensa durante el 2015, se han triplicado, con respecto al 2014. Asimismo que entre enero y febrero del presente año, los policías y militares han cometido 25 agresiones contra periodistas y comunicadores sociales, de los cuales 13 se acreditan a la Policía Nacional y 12 a las Fuerzas Armadas.
LAS VICTIMAS
Una de las periodistas agredidas, Dunia Montoya, directora de la revista Vida Laboral y una de las principales afectadas, narró cómo los elementos de la Policía Nacional y del Ejército, la golpearon y pretendieron arrebatarle la cámara, mientras filmaba el desalojo violento.
Montoya señaló que durante la cobertura constató que los policías y militares actuaron violentamente contra los manifestantes, ya que pese a que estos ya habían dejado el paso libre en la carretera y se ubicaban en las orillas, los tiraban de la ropa y los empujaban y arrastraban, sin razón alguna.
“Mientras yo estaba grabando a un policía que llevaba prendido a uno de los manifestantes, un policía moreno, muy alto se dirigió directamente a tomarme la cámara y me quebró la pantalla de la cámara con su mano. Después otros policías y militares intentaron arrebatármela, en ese forcejeo de proteger y conservar mi equipo, varios de ellos me empujaron, me lanzaron contra el pavimento, ya en el pavimento yo no supe nada, lo único que pude percibir fue el dolor que sentía del peso de las botas sobre mi pecho y cara”, detalló Montoya, quien tiene más de doce años en la labor periodística.
Después de la brutal golpiza, la comunicadora social, fue traslada a un hospital donde los médicos le diagnosticaron una luxación severa en el hombro derecho (desprendimiento), que la mantendrá inhabilitada e incapacitada por dos meses.
Montoya, al igual que el resto de periodistas y comunicadores sociales que fueron agredidos, presentaron una denuncia en el Ministerio Público donde aún no han recibido respuesta.
Pese a que el caso fue publicado en casi todos los medios de cobertura nacional e incluso internacional, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) no se ha pronunciado.
Por su parte César Obando, corresponsal de Radio Progreso y director de prensa de Radio Popular del Aguán, contó que ese mismo día de la represión en El Progreso, se suscitó otro incidente violento en la ciudad de Tocoa, Colón, en el atlántico hondureño, durante una toma de pobladores en la que él fue la víctima.
“Yo trasmitía, entonces vinieron dos policías encapuchados, se me acercaron y me dijeron que dejara de trasmitir, pero seguí trasmitiendo y a los pocos minutos me lanzaron una bomba lacrimógena a los pies y vino otro policía y me empujó, entonces caí al pavimento y me dijo un policía que eso me pasaba por metido y que por mi culpa la población se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando”, expresó Obando.
El joven comunicador detalló que producto de la agresión resultó con raspones y heridas, que lo incapacitaron por una semana de su trabajo en los dos medios de comunicación para los que labora.
C-Libre y el GSC establecen que a la impunidad de los asesinatos de 59 comunicadores (as) y trabajadores (as) de medios de comunicación entre 2003 y 2015, por falta de investigación criminal, se suman amenazas a muerte, estigmatización, criminalización, espionaje, levantamiento de perfiles y robo de equipo propiedad de los medios de comunicación y con mayor énfasis, las golpizas policiales y militares y el uso de gas lacrimógeno en contra de los miembros de este gremio mientras realizar sus tareas informativas.
Lamentan que la ola de ataques ocurra pese a la existencia de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, vigente desde mayo de 2015.
