Por: Edmundo Orellana
Las declaraciones de uno de los “cachiros” en un tribunal federal de Estados Unidos, ha puesto de cabeza a la clase política del patio.
Estas, sin embargo, apenas comienzan. Otras vendrán. Más escandalosas serán, quizá, cuando declaren los Valle y otros angelitos que tienen a buen resguardo los gringos en sus cárceles de máxima seguridad.
De lo que nos estamos enterando es que en nuestro país las instituciones no han estado al servicio del pueblo, sino del crimen organizado, y que la sociedad prefirió ignorar lo que sucedía. No ha habido Poder del Estado en donde no haya penetrado el crimen organizado ni segmento social que se haya resistido a su influencia.
La policía protege a los capos de la droga más que a la ciudadanía. Los políticos los buscan para el financiamiento de sus campañas a cambio de hacerles favores cuando lleguen a los cargos públicos. Los empresarios ambiciosos de asocian con ellos para lavar su dinero. Por eso el fenómeno se tornó incontrolable.
Ahora puede verse con claridad por qué los gringos insistían tanto en la extradición y por qué vino la MACCIH. Con la extradición se logró lo que nuestras instituciones eran incapaces de hacer y con la MACCIH se inicia una etapa de depuración de las instituciones. La diferencia radica en que los gringos son amenaza para los involucrados en narcotráfico y lavado de activos, mientras que la MACCIH lo es para los corruptos.
Los gringos perseguirán, entonces, a los narcos y a quien les haya ayudado en el tráfico de la droga, y también a los que les sirvieron para lavar el dinero proveniente de ese tráfico. Todos aquellos que, confiados en el sistema de impunidad, colaboraron con los narcos hoy están en aprietos. Sean estos políticos, funcionarios o empresarios.
Los funcionarios que, prevalidos de sus cargos, favorecieron de algún modo a los narcos, son piezas de caza mayor no solamente para los gringos. También entran en el coto de caza de la MACCIH. Por la sencilla razón de que los funcionarios, que prevalidos de sus cargos, apoyaron a los narcos en sus travesuras, cometieron delitos que, según el Código Penal, solamente ellos pueden cometer, justamente por su condición de funcionarios.
Contra esos funcionarios, la MACCIH- ya lo anunció- está emplazando sus baterías, para llevarlos a los tribunales y que éstos los condenen por la comisión de los delitos en los que solo los funcionarios pueden incurrir.
Seguramente, al final de los procesos sustanciados en tribunales federales de Estados Unidos, resultarán involucrados, además de policías, militares, jueces, magistrados, fiscales, diputados, ministros y un largo etcétera de funcionarios y empleados. Todos, sin excepción, deben ser acusados por los fiscales asignados a la MACCIH y, de haber pruebas suficientes, condenados por los jueces anticorrupción. No importa, pues, el que cargo que ejerzan ni la posición política que ostenten, así como el poder económico que posean, a todos por igual deben recibir el mismo tratamiento que la ley prevé para los criminales.
Muchos de los que participaron en la aprobación de la extradición y de los que demagógicamente se pusieron del lado de los indignados pidiendo la MACCIH, hoy, seguro, están afligidos. Sienten como el brazo de la ley se aproxima y la mano de la justicia se cierra a su alrededor. Esto es alentador, pero no suficiente.
Los gringos han sido efectivos en lo suyo. Ahora le toca a la MACCIH. La “prueba de fuego” a que alude el personero de la MACCIH ya comenzó. Ahora la pelota está en su cancha. Ya no pueden alegar excusas. La MACCIH tiene la oportunidad de oro de demostrar que sirve eficientemente para lo que fue creada.
La mesa está servida con apetitosos potajes. Buen provecho, pues, Señores de la MACCIH.
