Tomado de InSightCrime
La adjudicación de varios contratos a empresas dirigidas por un poderoso clan de narcotraficantes durante la administración del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, supuestamente a cambio de grandes sobornos, demuestra cómo los fondos públicos pueden utilizarse para crear un ciclo de corrupción.
La administración Lobo (2010-2014) adjudicó contratos por más de 60 millones de lempiras (unos US$2,5 millones) a empresas de propiedad de la organización de narcotraficantes Los Cachiros. Uno de los cabecillas de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, declaró recientemente en un tribunal estadounidense que él pagó sobornos a Lobo varias veces a cambio de contratos con el gobierno y de la promesa de que ni él ni sus socios serían extraditados.
Como parte de una investigación sobre Los Cachiros, InSight Crime descubrió que algunos de esos contratos fueron adjudicados por el Fondo Vial, el fondo de construcción de vías del gobierno de Honduras, que en ese momento se encontraba bajo la supervisión de Hugo Ardón. Este último es hermano de Alexander Ardón, el conocido exalcalde de El Paraíso, Copán, que tuvo estrechos vínculos con el clan de narcotraficantes Valle Valle y presuntamente trabajó con la organización mexicana Cartel de Sinaloa mientras estaba al frente de la alcaldía.
En total, Fondo Vial les pagó a las empresas de Los Cachiros más de US$4 millones entre 2010 y 2013 para que llevaran a cabo obras de mantenimiento de carreteras en los departamentos de Colón, Olancho y Yoro. El departamento de Colón, al norte del país, solía ser el bastión de Los Cachiros antes de que Devis Leonel y su hermano, Javier Eriberto, se entregaran a las autoridades de Estados Unidos en enero de 2015.
El expresidente Lobo y el actual ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien ejerció como asesor durante la administración Lobo y también fue implicado por Maradiaga Rivera, han negado las afirmaciones del traficante según las cuales ellos recibieron sobornos. Su testimonio fue presentado como parte de una investigación sobre el hijo de Lobo, Fabio, quien fue detenido en el año 2015 durante una operación antidroga en Haití, y luego fue trasladado a Estados Unidos.
Tras las declaraciones de Maradiaga Rivera, la Fiscalía General de Honduras anunció el 8 de marzo que abriría una investigación en torno a Lobo y Pacheco.
Como general retirado, Pacheco dirigió el batallón del ejército en Colón durante los primeros años de este siglo, época durante la cual creció la influencia de Los Cachiros en la zona. Pacheco mantuvo una estrecha relación con el entonces gobernador de Colón, Juan Gómez Meléndez, quien, según le han dicho fuentes de inteligencia a InSight Crime, fue el más importante operador político de Los Cachiros, e incluso administró algunos de los negocios de ganado vacuno y aceite de palma del grupo criminal.
El exgobernador fue ultimado a balazos a finales de enero de 2015 en la ciudad de Tocoa, que por mucho tiempo fue considerada la base de operaciones de Los Cachiros; pocos días más tarde, los hermanos Maradiaga Rivera se encontraban bajo custodia de Estados Unidos.
El narcotraficante también afirmó que el congresista Óscar Nájera asistió a una reunión entre Los Cachiros y el recién elegido presidente Lobo en 2009. Nájera respondió que él conoció a los Rivera Maradiaga, pero que nunca estuvo involucrado en ninguna actividad criminal con ellos.
“Conozco perfectamente a toda la familia, al padre, a la madre y a los hermanos, eso no voy a negarlo, pero no tengo absolutamente nada que temer”, dijo.
Esta no es la primera vez que Nájera, un gran terrateniente de la región de Bajo Aguán, y original de Colón, se ha visto obligado a defender su reputación. En julio de 2015, Nájera negó las afirmaciones de que él estaba vinculado al tráfico de drogas.
Según AFP, Rivera Maradiaga también implicó al hermano del presidente Lobo, «Moncho», así como a su primo Jorge Lobo.
Análisis de InSight Crime
En Honduras, los contratos del gobierno son más que un medio para llevar a cabo proyectos de obras públicas. A menudo son la base para el funcionamiento de la corrupción y el crimen organizado, dado que estos contratos permiten que los dineros del Estado pasen de las élites políticas a las figuras criminales de una manera aparentemente legal. Este proceso se convierte en un ciclo de corrupción autosostenible, cuando los dueños de las empresas que reciben los contratos hacen sobornos o contribuciones a las campañas de los políticos responsables de adjudicarlos. Los Cachiros, por ejemplo, hicieron importantes donaciones regularmente a las campañas de los políticos de los dos principales partidos políticos del país, el Partido Nacional y el Partido Liberal.
Pero la familia Ardón es quizá la mejor representación de la manera como la intersección entre los contratos del gobierno y el crimen organizado pervierte el sistema y promueve la corrupción. Entre los dos hermanos Ardón lograron administrar decenas de contratos del gobierno por varios millones de dólares. Hugo también estuvo a cargo de la campaña política del actual presidente Juan Orlando Hernández en el oeste de Honduras. Sin embargo, se cree que los dos hombres dirigieron lo que las autoridades denominan el «Cartel de los Hermanos AA»; además, sus vínculos con los grupos narcotraficantes mexicanos y hondureños son bien conocidos.
Las exclusivas capacidades de los Ardón les permitieron obtener poder e influencia de una manera desproporcionada para sus cargos oficiales, uno como alcalde de un pequeño pueblo y el otro como un anónimo burócrata. Según un informe de 2015 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Ardón contrató —y pagó— la construcción de una réplica de la Casa Blanca donde funcionaría la nueva alcaldía, que incluía una zona para el aterrizaje de helicópteros. Según el informe, a la inauguración de la «Casa Blanca» asistieron algunos de los más importantes políticos y empresarios de Honduras.
Las conexiones de los Ardón les otorgaron más que dinero y poder; también les permitieron, al menos por un tiempo, gozar de impunidad. Durante la investigación de InSight Crime sobre Los Cachiros, varias fuentes insinuaron que las autoridades se tardaron en actuar contra Alexander debido a los vínculos de Hugo con el presidente y su administración.
Alexander huyó de El Paraíso cuando la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) comenzó a perseguir a los Valle Valle en el año 2014, y al año siguiente surgieron informes que indicaban que los hermanos se habían entregado a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, no se dispone de registros públicos en el sistema judicial de Estados Unidos que permitan confirmar que ellos han sido acusados oficialmente, y tampoco ha habido más informes sobre sus arrestos.
