De buscar su reelección en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCEI) a ser demandado en una corte de EE. UU. por la institución que presidió, Dante Mossi podría enfrentar la justicia tras años de hacer oídos sordos por financiar a presidentes de corte autoritario en la región.
Tegucigalpa, Honduras. – El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) interpuso una demanda civil en contra de Dante Mossi, quien presidió la institución entre 2018 y 2023, ante un Tribunal del Distrito de Columbia en los Estados Unidos.
Mossi, quien se ufanaba de dirigir un banco que patrocinaba sueños, es acusado por incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, inferencia ilícita e incumplimiento de contrato y violación a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
En referencia a esta demanda, el BCIE expresó a –través de un comunicado– que “[e]sta acción, no solo presenta el esquema ilegal estructurado por el Sr. Mossi, sino también, sus múltiples violaciones a las políticas del Banco”.
Noticia relacionada: En antesala a las elecciones, gobierno entrega “bono climático” con préstamo del BCIE
La firma contratada para representar al BCIE es Gibson, Dunn & Crutcher LLP, a través de los abogados Anne Champion y Robert Giannastasio. El bufete tiene oficinas en 21 ciudades del mundo y cuenta con más de 130 años de experiencia.
La única respuesta de Dante Mossi, luego que se hizo pública la demanda, fue a través de su cuenta en “X”, donde publicó: “Increíble lo que mis colegas del bcie.org se han enfrascado: BCIE presenta demanda contra el presidente ejecutivo, Dante Mossi en Corte Federal de EE. UU.”
Sin embargo, Mossi ya había demandado al BCIE ante la Corte Centroamericana de Justicia, la cual fue admitida a finales de agosto de este año, por la retención de 6,000 dólares de sus prestaciones. Mossi exige una indemnización por más de 2,375,810 dólares, sumado a las costas del juicio, por lo que el total sería de 3,096,353 dólares.
MOSSI MANTUVO EN SECRETIVIDAD INFORMACIÓN DEL PROYECTO AGUAZARCA
El hondureño Dante Mossi buscó reelegirse en mayo de 2023, y aunque parecía contar con el beneplácito de la administración Castro, sectores ligados a la defensa de derechos humanos destacaron su ceguera en cuanto al financiamiento a regímenes autoritarios. Entre estos Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, el extraditado expresidente Juan Orlando Hernández en Honduras y a Nayib Bukele en El Salvador, por lo que fue calificado como el “banquero de los dictadores”.
En 2021, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) señaló a Mossi como “responsable de dirigir las actuaciones relacionadas al financiamiento del BCIE al Proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah, por el que asesinaron a nuestra compañera Berta Cáceres, para el beneficio de ciertos grupos económicos y en detrimento de los derechos de las víctimas de la violencia y de las comunidades indígenas”.
De acuerdo con el Copinh, Mossi, como presidente del BCIE, no realizó la respectiva evaluación exhaustiva del financiamiento al proyecto Agua Zarca. Asimismo, la organización detalló que el entonces presidente del BCIE mantuvo en secretividad la información del proyecto Agua Zarca, lo que evidenció falta de transparencia y obstaculización del acceso a la verdad.
Esta dinámica de apoyar y financiar proyectos extractivos por encima de la seguridad y bienestar de las comunidades es un patrón que se repite no solo con proyectos hidroeléctricos en Honduras, sino también en el resto de la región.
De interés: Exigen al BCIE suspender fondos que podrían estar siendo utilizados en campaña política del Partido Nacional
En octubre de 2023, el Proyecto de Información sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) recogió una serie de reportajes que reflejan cómo los préstamos del BCIE fueron utilizados “en tramas de soborno, se han desembolsado en proyectos hidroeléctricos incluso tras la muerte de manifestantes y se han desviado para financiar los proyectos predilectos de dictadores”.
OCCRP reportó que altos funcionarios del BCIE expresaron, en 2021, preocupación por la ausencia de transparencia dentro del BCIE, así como el deterioro de su rendimiento financiero, advirtiendo que de no corregirse los resultados negativos se amenazaba su solidez.
