Banco holandés y alemán hicieron transacciones irregulares para proyecto de Agua Zarca

FMO y Deutsche Bank no notificaron de irregularidades financieras previo al asesinato de Berta Cáceres

Tegucigalpa.- El banco holandés FMO depositó 1.7 millones de dólares dos días antes del asesinato de Berta Cáceres a través de un esquema mediante el cual entregó fondos a una empresa que no coincidía con el beneficiario declarado.

Este tipo de transacciones se hicieron en al menos tres ocasiones previas a la del 29 de febrero de 2016. Evidenciando que ni el FMO ni el Deutsche Bank [banco alemán intermediario] notificaron irregularidades.

Es decir, mientras se enlistaba a la empresa guatemalteca Copreca -quien había abandonado el proyecto- como la destinataria final, los millonarios fondos eran depositados a Concretos del Caribe S.A. (Concasa), una empresa afiliada a David Castillo y Daniel Atala Midence.

La información se desprende del artículo de The Intercept titulado “El dinero antes del asesinato: Documentos recientemente publicados revelan un rastro de financiación internacional que precedió al asesinato de Berta Cáceres”, bajo la autoría de Jared Olson.

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BANCO HOLANDÉS PODRÍA HABER INCURRIDO EN “DELITO ECONÓMICO”

The Intercept entrevistó a los abogados Wout Abers y Ron Rosenhart Rodríguez, quienes representan a la familia Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en una demanda civil que busca responsabilizar al FMO por su papel en el proyecto Agua Zarca.

De acuerdo a ellos, no informar sobre transacciones que pueden parecer sospechosas conlleva posibles implicaciones legales. En Holanda, por ejemplo, la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo requiere que cualquier banco, abogado o institución de inversión informe sobre “transacciones inusuales” a la Unidad de Inteligencia Financiera del país. De lo contrario, constituye un posible «delito económico» según la ley holandesa.

En declaraciones a The Intercept, Rosenhart argumentó que los documentos plantean preguntas sobre si parte del dinero del préstamo realmente se destinó al proyecto de la represa, y que estos revelaron “grave negligencia por parte de los bancos para monitorear cómo se gastó su préstamo”. A la vez que abren las puertas a nuevas líneas de investigación financiera en Honduras, Panamá, Holanda e incluso Estados Unidos.

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TRANSACCIONES DEBIERON HABER ELEVADO ALERTAS POR LAVADO DE ACTIVOS EN BANCO ALEMÁN INTERMEDIARIO

El artículo de Olson expone que mientras el dinero fluyó desde Holanda hacia América Central, el capital hizo repetidas paradas en una cuenta en el extranjero con sede en la ciudad de Nueva York. Generando la pregunta sobre si el Deutsche Bank en Nueva York podría también haber violado la ley.

La abogada Kelsey Jost-Creegan, quien trabaja con defensores del territorio en Centroamérica a través de la organización Earthrights International, dijo a The Intercept que el hecho que Deutsche Bank no informó sobre las transferencias de Concasa no le sorprende.

La profesional del derecho revisó las transferencias electrónicas a Concasa y sugirió examinarlas bajo la Ley de Secreto Bancario y las regulaciones relacionadas, que requieren que los bancos e instituciones financieras de Estados Unidos desarrollen e implementen controles contra el lavado de dinero.

“El hecho de que estas transacciones pasaran a través de Deutsche Bank New York significa que tanto las leyes federales de EE. UU. como las del estado de Nueva York contra el lavado de dinero (AML) están implicadas”, dijo Jost-Creegan, argumentando que las transferencias de préstamos estaban plagadas de señales de alerta que deberían haber elevado la debida diligencia de la Ley Contra el Blanqueo de Capitales.

En 2015, señaló a The Intercept, el Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a Honduras como una “jurisdicción de interés” por lavado de dinero y delitos financieros.

“El monto de las transferencias superó los umbrales de AML [la Ley Contra el Blanqueo de Capitales]”, dijo. Al igual que Albers y Rosenhart, Jost-Creegan destacó las discrepancias entre el beneficiario declarado y el beneficiario real.

La abogada Sarah Alexander con sede en California y que representa a denunciantes financieros fue informada sobre las transacciones y argumentó que instituciones como Deutsche Bank son responsables, según la ley de los EE. UU., de reportar transacciones opacas en los informes de actividades sospechosas.

“En la medida en que Deutsche Bank tuviera alguna razón para temer que las transferencias se estuvieran utilizando para algún propósito sospechoso, normalmente tendrían que revelarlo”, declaró a The Intercept. “En la medida en que el dinero se estaba moviendo a una cuenta diferente, o que no estaba conectado a la represa, eso generalmente debería generar preguntas”.

La abogada Alexander cerró manifestando: “Si el FMO logra superar su crisis existencial como banco de desarrollo, debería reexaminar el modus operandi poco ético de facilitar el desarrollo de multimillonarios extranjeros, con la esperanza de que parte de su dinero termine donde pueda ser utilizado para una buena causa. Lo cual, en el caso de Agua Zarca, fue una ilusión desde el principio”.

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LOS NEXOS FAMILIARES

El periodista Jared Olson hace especial énfasis en la amplia red familiar, integrada por algunas de las personas más ricas de Honduras, incluidas dos familias poderosas cuyos miembros nunca han enfrentado cargos en relación con el asesinato de Cáceres.

Olson se refiere a las familias Atala Zablah, parientes consanguíneos directos de la familia Atala Faraj, “separada pero igualmente poderosa” resalta el periodista. Es de esta forma como señala que los seis hermanos Atala Zablah eran accionistas de “Inversiones Las Jacarandas”, el accionista mayoritario de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) y primos del multimillonario Camilo Atala Faraj.

También destaca que tres de los hermanos Atala Zablah, así como uno de sus hijos, eran miembros del directorio u ocupaban cargos en DESA: Pedro Atala Zablah, propietario de CAMOSA, distribuidor de John Deere en Honduras, y copresidente del Club Deportivo Motagua; Jacobo Atala Zablah, presidente del banco BAC Credomatic Honduras; José Eduardo Atala Zablah, exdirector hondureño del BCIE y actual copresidente del Club Deportivo Motagua.

Mientras que el hijo de José Eduardo es Daniel Atala Midence, quien fue director financiero de DESA y tuvo el control administrativo de Concasa desde enero de 2016, cuando recibió los pagos finales del dinero del FMO.

Olson menciona que, durante años, los abogados estadounidenses que trabajan en nombre de la familia Atala Faraj han exigido correcciones a los periodistas que investigan el asesinato de Cáceres, diciendo que las dos familias están separadas y que la familia Atala Faraj no tuvo nada que ver con la represa.

Camilo Atala Faraj, dueño del banco Ficohsa, es uno de los hombres más ricos de Honduras. David Castillo, Daniel Atala Midence y los miembros de la junta de DESA se han referido a los préstamos de Ficohsa en conversaciones de WhatsApp presentadas por el fiscal de Honduras, aunque Ficohsa ha negado repetidamente estar involucrado en el proyecto de DESA.

Mientras el Copinh y la familia de Cáceres insisten en que Castillo es únicamente el coautor del asesinato de Cáceres. Ambas ramas de la familia Atala, tanto la Atala Zablah como la Atala Faraj han negado consistentemente esta acusación. Olson señala que en repetidas ocasiones The Intercept intentó comunicarse con ambas familias.

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“Nadie ha sido investigado por las irregularidades [financieras]”, dijo Berta Zúniga Cáceres, actual coordinadora del Copinh. “La búsqueda de justicia para mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, es una oportunidad para que Honduras muestre el papel nefasto de estas entidades bancarias que hablan de una falsa visión de desarrollo, pero al final del día, solo les interesan sus bolsillos, a expensas de la población”.