Además de Milton Zapata, hay requerimientos fiscales contra dos personas más de la comunidad, sumando un total de 36 órdenes de captura y requerimientos fiscales contra integrantes de comunidades garífunas en zonas aledañas a Trujillo, Colón
Tegucigalpa.- Si bien el defensor del territorio garífuna de la comunidad de San Antonio en la costa Caribe de Honduras, Milton Zapata, ya se encuentra en libertad con medidas sustitutivas, la forma en cómo las autoridades planificaron su detención es cuestionable.
Zapata fue capturado el jueves 31 de agosto, cuando respondió a una citación —fechada el 30 de agosto— que le fue entregada en la aldea de San Antonio, municipio de Santa Fe, para que se presentara al siguiente día a las oficinas de la Dirección Policial de Investigación (DPI) en Trujillo, Colón.
El abogado de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Caleb Navarro, dijo a Criterio.hn que a Zapata no se le aclaró si comparecería en calidad de sospechoso o testigo, haciendo referencia únicamente al “oficio-2023”.
De hecho, el acta de citación —compartida por la coordinadora de la Ofraneh, Miriam Miranda— deja en blanco el número de denuncia y el caso lo señala como “oficio-2023”, haciendo referencia que la citación tenía como fin “rendir su declaración en calidad de: oficio-2023”.
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Es decir que Zapata tenía una orden de captura, que desconocía, pero al no haber una orden de allanamiento, las autoridades decidieron sacarlo de su vivienda “a base de engaños” en una situación donde él se presenta voluntariamente.
“Sí vemos un abuso de parte de la autoridad, una mala aplicación de la justicia y de los métodos de investigación para que las comunidades garífunas sean fácilmente engañadas”, cuestionó el abogado.
CUESTIONABLE ACCIONAR DE OPERADORES DE JUSTICIA
“El compañero se presenta al día siguiente sin abogado sin nada, lo capturan y hacen querer ver que lo capturan al momento. Después nos damos cuenta que hay un requerimiento fiscal, no solamente dirigido hacia él, sino también contra dos compañeros más”, contó el abogado.
Tras la captura, refirió, no se quería esperar la llegada del abogado que representaría a Zapata y la dilación de la audiencia solo fue posible por la incidencia de las y los garífunas e integrantes de organizaciones que se habían apostado afuera del Juzgado.
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Navarro relató que la audiencia “fue bastante rápida” y a Zapata se le dictaron medidas sustitutivas que consisten en no acercarse al predio supuestamente usurpado, no tener contacto con la supuesta víctima, no salir del país y presentarse a firmar cada 15 y 30 del mes al Juzgado de Trujillo.
La audiencia inicial por el supuesto delito de usurpación fue agendada para el 12 de septiembre a la 1:30 de la tarde. Navarro dijo a Criterio.hn que, dado que se desconocían los otros requerimientos, se está considerando que las otras personas garífunas acusadas tengan la oportunidad de presentarse y evacuar en una sola audiencia todos los posibles cargos contra cada uno de ellos.
EN TRUJILLO BASTA SER GARÍFUNA PARA QUE PRESENTEN REQUERIMIENTO FISCAL
“Sí nos resulta un poco alarmante que este caso se suma a 33 casos ya, que el Ministerio Público ha presentado contra la comunidad garífuna ubicada en la zona de Trujillo. Primero fueron 33 órdenes de captura, requerimientos fiscales, contra la comunidad de Cristales y Río Negro y ahora nos presentaron tres más con la comunidad de San Antonio”, pormenorizo el profesional del derecho.
Navarro señaló que es curioso que Santa Fe —municipio en el que se encuentra San Antonio—, que “nace como un municipio garífuna” tras el desplazamiento de la población garífuna de Trujillo y quienes buscaron establecerse como municipio para evitar ser desplazados nuevamente, tengan ahora a “un ladino, un tercero metiéndose que es dueño”.
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Por otra parte, el abogado cuestionó el servilismo del Ministerio Público y la Policía Nacional, que rápidamente ejecutan órdenes de captura y presentan requerimientos fiscales sin realizar un proceso de investigación y sin citar a la parte denunciante. “Vemos que ser garífuna en Trujillo es una condición para que se presente un requerimiento fiscal”, protestó.
