En lo que va de 2024, el rubro de transporte en todas sus modalidades ha entregado un poco menos de 300 millones de lempiras al crimen organizado solo en pago de extorsión. Esto sucede mientras en Honduras está vigente un estado de excepción que se instauró en 2022 precisamente para erradicar ese delito, el cual no se refleja en las capturas ejecutadas por la Policía Nacional entre 2022 y 2024
Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el estado de excepción fue implementado para combatir directamente la extorsión, más de un año después de su instauración, aún no se observan efectos positivos. Como muestra de ello, el crimen organizado, evidenciando su poderío, está exigiendo cuotas más elevadas en calidad de “catorceavo” al sector del transporte urbano en el país.
“No les bastó que en Semana Santa les dimos para el “pescadito”. Ahora están pidiendo para el “catorceavo”, precisamente en este mes de junio. Están exigiendo cuotas que se están volviendo imposibles de pagar, porque hay rutas que no sólo le pagan a una organización criminal, sino hasta a cuatro”, denunció el empresario del transporte urbano Marvin Galo en pláticas con Criterio.hn.
En Honduras se entrega un décimotercer mes de salario en diciembre y se conoce como “aguinaldo” y en junio se entrega un décimocuarto mes de salario que se denomina “catorceavo”
Galo contó además que la situación se agudiza para los transportistas que están en zonas “rojas” o denominadas “calientes” por las autoridades, porque las unidades de transporte circulan hasta por cuatro barrios, colonias y sectores donde operan diferentes organizaciones criminales. Cada una cobra su respectiva cuota de extorsión, algunas muy elevadas y otras más modestas, ajustadas a la realidad hondureña.
“El pago depende de las diferentes rutas que recorren las unidades de transporte. Hay algunas que les pagan hasta a cuatro organizaciones criminales. Lo que está pasando ahora es que, si a cada una se le pagan 15 mil lempiras al mes, por ejemplo, para este mes están pidiendo 30 mil. El que se rehúse o no pueda cubrir el pago simplemente debe dejar de trabajar la unidad”, contó el empresario.
Durante 2023, el rubro del transporte urbano le entregó, en concepto de extorsión al crimen organizado, alrededor de 600 mil lempiras. Sin embargo, aunque el rubro trató de cumplir con los pagos, durante ese año las maras y pandillas acabaron con la vida de 52 transportistas que, por alguna razón, no lograron cubrir los montos solicitados. También se registraron varios atentados y varias unidades fueron quemadas por mano criminal.
Sobre el cobro de extorsión han surgido varias aristas. Las autoridades argumentan que los mismos dirigentes del rubro son los que cobran la extorsión, mientras los líderes de este rubro sostienen que la inacción por parte de la Policía Nacional se debe a que el crimen organizado ya infiltró la autoridad. Lo cierto es que, en una investigación de Criterio.hn, se reveló que ambas partes podrían tener criminales infiltrados.
De igual interés: A más de un año, la Secretaría de Seguridad no ha logrado enviar la propuesta de reforma a la Ley de Tránsito
PERO, ¿CÚAL ES LA RESPUESTA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES?
Para intentar reducir la comisión del delito, elementos de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) ejecutan esporádicamente operativos en estaciones de buses situadas en zonas conflictivas del país, donde se han registrado constantes denuncias por abuso de maras y pandillas.
Sin embargo, en concreto, las autoridades no están ejecutando un plan que logre la captura de criminales integrantes de maras y pandillas dedicados a la comisión de este delito. Lo anterior se justifica con las pocas capturas por ese delito que se han ejecutado durante el estado de excepción parcial en Honduras.
Por ejemplo, según un análisis de datos elaborado por Criterio.hn durante el período de diciembre a mayo de 2024, la Policía Nacional arrestó a 35,271 personas. Sin embargo, solo 513, lo que equivale al 2%, fueron por el delito de extorsión. De hecho, la mayoría de las aprehensiones no son por delitos relacionados con la criminalidad orquestada por el crimen organizado, sino por irregularidades vinculadas con todo tipo de violencia.
Estos datos ponen en evidencia, una vez más, la poca efectividad que está teniendo una medida que fue instaurada para combatir un delito en específico. Esto es algo que, para Jorge Lanza, empresario del rubro del transporte, resulta incongruente porque ‘son números que ponen en relieve este flagelo, que se ha empoderado en medio de una medida apoyada por el gobierno. Sumado a eso, es que ni la denuncia procede’.
Lanza, quien es propietario de las unidades que tienen estación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, expresó que se encuentran en un punto en el que no saben qué hacer porque el delito está agudizando y las autoridades no están brindando respuesta oportuna y efectiva.
Para conocer un poco de los mecanismos empleados por parte de las autoridades en materia de seguridad para reducir la extorsión, Criterio.hn trató de contactarse con el departamento de prensa de la Policía Nacional, pero hasta la publicación de este artículo no respondieron ni mensajes ni llamadas.
Lea: Gobierno parece no querer suspender el estado de excepción
UN POCO DE LA EXTORSIÓN EN HONDURAS
En Honduras, la extorsión ha arraigado en la estructura social y económica del país, con los empresarios del rubro del transporte siendo víctimas principales de este flagelo. A pesar de los esfuerzos, las autoridades parecen no encontrar una respuesta adecuada a este problema creciente.
Los empresarios del transporte urbano y de otras modalidades se encuentran en un constante estado de zozobra debido a las demandas extorsivas de grupos criminales. Cada mes, miles de lempiras son extirpados de sus ingresos, lo que afecta gravemente la viabilidad económica de sus negocios y la seguridad de sus trabajadores.
A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades no han logrado implementar medidas efectivas para combatir este fenómeno. Los operativos esporádicos realizados en zonas de alta conflictividad apenas arañan la superficie del problema, dejando a los empresarios en un estado de desamparo.
La falta de una estrategia integral y de una coordinación efectiva entre las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley agrava aún más la situación. Los intentos de contactar al departamento de prensa de la Policía Nacional para obtener información sobre los mecanismos empleados en la lucha contra la extorsión han resultado infructuosos, dejando en evidencia la falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte de las autoridades.
En este escenario, los empresarios del rubro del transporte se encuentran atrapados en un ciclo interminable de extorsión y violencia, con pocas esperanzas de encontrar una solución a corto plazo. Mientras tanto, la población hondureña continúa sufriendo las consecuencias de un sistema que no puede proteger sus derechos fundamentales ni garantizar su seguridad.
Criterio.hn en dos investigaciones publicadas en 2024, puso en evidencia la manera en que el crimen organizado ejecuta el delito de extorsión y la inoperancia del engranaje judicial y otras instituciones estatales relacionadas.
