Autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres aún gozan de impunidad

Por: René Novoa

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Fotos: Luis Méndez

Tegucigalpa. Amenazaron con violarla y lincharla, le advirtieron varias veces que planeaban atacar a su madre y secuestrar a sus cuatro hijas, asesinaron a algunos de sus compañeros, pero ningún ladrido pudo detener la lucha de esta líder ambientalista. Este es el caso de Berta Cáceres, de origen lenca y defensora del río Gualcarque. Y a 4 años de ese horrendo crimen, Criterio.hn comparte con sus lectores la cruzada que realizó esta líder ambientalista.

El legado de Berta recorre el país, y se podría definir en estas palabras de Eduardo Galeano: “Del agua brotó la vida. Los ríos son la sangre que nutre la tierra, y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda”.

Originaria de La Esperanza, Intibucá, al suroccidente del país y a 300 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Nació el 4 de marzo de 1973 y a sus 20 años (en 1993), co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), desde donde encabezó la lucha por la defensa de la tierra que por derecho ancestral pertenece a los pueblos originarios (lencas, maya-chortí, pech, tawahkas, garífunas, miskitu, tolupanes, nahuas y afrodescendientes de lengua inglesa).

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Durante 25 años, Berta se enfrentó a terratenientes, madereros ilegales, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que arrebataban los ríos a las comunidades indígenas. Y por esa lucha recibió ataques físicos y amenazas de muerte, además enfrentó falsos cargos de “posesión ilegal de un arma de fuego poniendo en peligro la seguridad del Estado de Honduras, usurpación de tierras y coacción”. También fue acusada de provocar más de 3 millones de dólares en daños y perjuicios a la hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Cabe destacar que DESA construye el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, una represa en el río Blanco, ubicado dentro del territorio de la comunidad lenca.

Y esa lucha le costó la vida. A la 1 am del 2 de marzo de 2016, cuando desconocidos ingresaron a su casa de habitación y la asesinaron vilmente. Al respecto, el portavoz de la Dirección Policial de Investigación (DPI), Aníbal Baca, se limitó a informar que “entre dos y tres individuos irrumpieron en la vivienda y le dieron muerte… Es una situación complicada para determinar exactamente lo que pasó, eso van a hacer las investigaciones”.

Defensa del río, un precio altísimo

El gobernante, Juan Hernández, condenó el crimen y lo calificó de acto “abominable y deleznable”. Mientras que el secretario de Seguridad, Julián Pacheco, dijo que Berta “al momento del ataque estaba acompañada del mexicano Gustavo Castro Soto… se encontraba en una casa distinta a la que se había acordado su vigilancia”. Castro Soto resultó con heridas leves, es miembro de la organización civil Otros Mundos Chiapas, que protege el medio ambiente de actividades mineras.

Pero no dijeron que días antes del crimen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció medidas cautelares de protección para Berta, quien había recibido amenazas de muerte, ni que en abril de 2015, Berta Cáceres recibió el Premio Medioambiental Goldman, la mayor distinción para activistas que luchan por el medio ambiente del planeta.

Por su parte, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), emitió un comunicado con sede en París y Ginebra, donde afirma que “este asesinato evidencia la falta de voluntad de las autoridades hondureñas para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos”.

Además, los familiares y compañeros del Copinh de inmediato responsabilizaron a los socios de DESA y a la familia Atala Zablah, por ser socios de la empresa. En un comunicado de febrero de 2019, el Copinh afirmó que: “El banco FICOHSA de los Atala Faraj, las empresas de Atala Zablah, todo su dinero y negocios están manchados de la sangre de Berta Cáceres y el pueblo Lenca. Mil sentencias de la justicia del régimen no quitarán esa mancha ni obstaculizarán la decisión de un pueblo que no deja de gritar la verdad”.

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Origen de la persecución

En agosto de 2010, DESA recibe la concesión para un proyecto de 14.5 MW en Agua Zarca. En mayo de 2011, comienza la construcción preliminar tras el contrato firmado entre DESA y ENEE (para un proyecto de 21.7MW), y en noviembre de 2012 la empresa Sinohydro firma un contrato con DESA para construir el proyecto, pero en agosto de 2013, Sinohydro termina el contrato con DESA por los crímenes contra líderes ambientales de la comunidad, desalojos violentos y señalamientos de corrupción a los socios de DESA.

En mayo de ese mismo año, Berta y Tomás Gómez Membreño fueron detenidos en una operación militar en el sector de Agua Caliente, Santa Bárbara, cuando una veintena de elementos del Batallón de Ingenieros de Siguatepeque detuvieron el carro e inspeccionaron de forma violenta y agresiva antes de solicitar presencia policial. La policía llegó en carros que permanecieron en las compañías responsables del proyecto.

Además, el 13 de junio de 2013, Cáceres fue sobreseída en los procedimientos en su contra por falta de pruebas. La defensora ambiental había sido acusada de portación ilegal de un arma, que ella sostuvo fue plantada en su carro, durante el arbitrario arresto en Santa Bárbara. Y el 10 de febrero de 2014, en el Juzgado Primero de Letras de Santa Bárbara fue dictado el sobreseimiento definitivo en el caso de Berta.

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Bertha Zúniga Caceres, hija de Berta Cáceres y actual coordinadora del Copinh

en la conmemoración del cuarto aniversario del asesinato de la ambientalista

Por su parte, la organización internacional Global Witness sostuvo en un informe de enero de 2017, titulado Honduras: El país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, que; “No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”.

Según la investigación de Global Witness, “desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las presas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados”.

Además, el texto revela que Estados Unidos ejerce una importante influencia en Honduras, al ser el principal donante de ayuda. “En 2016, este país contribuyó 100 millones de dólares estadounidenses (USD) en ayuda bilateral, lo cual podría impulsar enormemente la lucha contra la pobreza en un país que sufre los niveles más altos de desigualdad de toda América Latina. Sin embargo, decenas de millones de dólares procedentes de esta ayuda se destinaron a la policía y el ejército, cuerpos que están seriamente implicados en la violencia contra los activistas ambientales y de la tierra”, dice el informe.

Militares y empresarios coludidos en el crimen

Pero Global Witness no se queda ahí. En el informe “Berta Cáceres, COPINH y los oscuros intereses que mueven la presa de Agua Zarca”, esa organización revela datos escalofriantes.

Por ejemplo, sostiene que de los siete acusados en el asesinato de Cáceres, dos de ellos “tienen relación con DESA, la empresa propietaria de la presa de Agua Zarca, mientras que cuatro de ellos tienen vínculos con el ejército hondureño”.

Y detalla así: “Sergio Ramón Rodríguez era un ingeniero ambiental empleado por DESA y Douglas Geovanny Bustillo, era el antiguo jefe de seguridad de la empresa, además de exteniente del ejército y especialista en inteligencia militar. Edison Duarte y Henry Javier Hernández Rodríguez eran oficiales militares retirados y el Mayor Mariano Díaz era veterano de las fuerzas especiales y formador de la policía militar. Bustillo está acusado de contratar a Edison y a su hermano Emerson como sicarios”.

Pero esa relación entre el ejército y el atroz crimen no termina ahí, según la organización: “Un ex miembro de una unidad de élite del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos, a quien entrevistó el periódico The Guardian, afirma que el nombre de Cáceres apareció en una lista negra militar meses antes de su muerte”.

“El líder del COPINH Tomás Gómez informó a Global Witness de que se había vendido a sicarios una lista negra similar, en la que se ofrecían 1.000 USD por el asesinato de Berta. En septiembre de 2016, el COPINH descubrió que un espía militar se había infiltrado en la organización y, durante un año, había estado pasando información sobre sus actividades directamente a la Presidencia”.

La relación de DESA con el ejército hondureño alcanza hasta los niveles más altos. “Según documentación de la empresa que ha podido consultar Global Witness, el presidente de DESA es Roberto David Castillo Mejía, ex agente de inteligencia militar y empleado de la empresa energética estatal de Honduras, Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En 2009, una auditoría pública descubrió pruebas de que Castillo había participado en actos de corrupción: aún recibía un sueldo de las Fuerzas Armadas tras haber abandonado la institución y una empresa de su propiedad vendía al ejército productos sobrevalorados”.

La familia Atala

El texto prosigue: “La documentación de DESA muestra que su junta comprende a algunas de las élites empresariales y políticas con mejores conexiones de Honduras. El secretario de la empresa, Roberto Pacheco Reyes, es ex ministro de Gobernación y Justicia del Gobierno de Honduras. El vicepresidente de DESA, Jacobo Nicolás Atala Zablah, es el presidente del banco BAC Honduras y miembro de una de las familias empresariales más adineradas de Honduras, los Atala. El primo de Jacobo es el multimillonario Camilo Atala, exministro de Gobierno y propietario del banco Ficohsa”.

“Camilo Atala también es uno de los principales inversores del polémico Indura Beach and Golf Resort… El hermano de Jacobo, José Eduardo Atala Zablah, también está en la junta de DESA  y es el presidente de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana y ex director por Honduras del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El BCIE es uno de los principales inversores del proyecto de DESA de construcción de la presa de Agua Zarca. Otro miembro de la familia Atala, Daniel Atala Midence, es director financiero de DESA”, afirma Global Witness.

No obstante, la organización internacional aclara en el informe que “originalmente reportó que Ficohsa y Camilo Atala Faraj fueron ‘actualmente bajo investigación por blanqueo de dinero’. De  hecho, las acusaciones de blanqueo de dinero fueron sujeto a un ‘auto de sobreseimiento provisional’ en julio de 2016. Hemos también recibido una petición para que subrayáramos que ni el banco ni la familia Atala Faraj han tenido jamás un involucramiento en el proyecto DESA”.

Lea aquí el informe Berta Cáceres, Copinh y los oscuros intereses que mueven la presa de Agua Zarca

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