Tegucigalpa.- Si bien el Congreso Nacional otorgó un estatus especial a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), el Código Penal de Honduras, que puso en vigencia el conservador Partido Nacional, sigue siendo el principal obstáculo para desafiar a corruptos.
Los implicados en casos de corrupción se amparan en el Código Penal vigente desde junio de 2020, normativa legal que disminuyó las penas en delitos de corrupción y favorece tanto a sindicados como condenados en el pasado al recibir el beneficio de la retroactividad de la ley.
Para el caso, los delitos de malversación de caudales públicos con la norma derogada se imponía una pena de 12 años de prisión, en cambio, con la actual normativa se disminuyó de 4 a 6 años hasta 9 de acuerdo con el monto de acusación.
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El enriquecimiento ilícito se castigaba de 5 a 15 años de prisión ahora la pena máxima es de 6 años, en algunos casos conmutables; el tráfico de influencias tenía una pena de 4 a 7 años en la actualidad es de 2 a 5 años. Por fraudes, antes era de 6 a 9 años y se redujo de 5 a 7.
Recientemente, se declaró culpable de los delitos de fraude agravado continuo y violación a los deberes de los funcionarios contra Marco Bográn, exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Investh-H), por la compra fraudulenta de siete hospitales móviles más igual número de plantas de tratamiento que representó un perjuicio para el Estado por más de 1,200 millones de lempiras.
Con el Código Penal vigente la pena máxima que enfrentaría por el delito de fraude es de 11 años y 8 meses de prisión contrario a la norma derogada que le imponía más de 18 años, además con el delito de violación a los deberes de los funcionarios no será condenado con reclusión contrario a los 3 a 6 años que se imponía antes.
Para el abogado y analista Josué Murillo, la normativa penal blinda la lucha contra la corrupción y obstaculiza el trabajo de la Uferco y las demás fiscalías del Ministerio Público por más estatus que se le faculte.
“El Código Penal para los corruptos y sobre todo del gobierno anterior, es un blindaje para que sus actos puedan pasar impunes de la vista de la justicia, es un retroceso que fue denunciado por la sociedad civil, ahora lo que corresponde es revisarlo a profundidad, ajustarlo a las normas penales internacionales y a normas de derechos humanos que responda a los deseos de justicia de la población”, declaró en entrevista a Criterio.hn.
Murillo reitera que a pesar que hay buenas intenciones a favor de la Uferco o que existe una intención clara de traer una comisión internacional para coadyuvar ese esfuerzo en enfrentar la corrupción, no se tendrán resultados esperados “si tenemos un Código Penal que promueve las desigualdades”.
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De igual manera, el exjefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, es del criterio que, más allá de fortalecer la Uferco, el Código Penal impide que los implicados en corrupción reciban un castigo acorde a sus acciones criminales.
“También se requiere de otros elementos para fortalecer el Ministerio Público y que todas las manecillas del reloj funcionen de manera correcta. Habrá que ver si hay una reforma del Código Penal, eso es una llave que está ahí, que limita el ejercicio de acción penal. Muchos van a salir librados y por eso se luchó para que no entrara en vigor tal norma”, manifestó.
Asimismo, el abogado Raúl Paniagua alaba que se fortalezca la Uferco, no obstante, reconoce que la normativa penal es una herramienta hecha a la medida para favorecer corruptos al reducir penas de manera considerable.
“Se fortalece la Uferco, no se violenta la constitución, tampoco es que sea crea una paralela porque, siguiendo esa lógica, entonces todas las fiscalías son una paralela al Ministerio Público. Lo de la Uferco es bastante positivo, pero el problema se sitúa en el Código Penal nuevo que se bajan las penas considerablemente”, declaró.
A juicio de Paniagua, derogar el Código Penal no es una salida viable ya que la ley entró en vigor y puede ser invocada por tener penas “más benignas” por lo cual recomienda en todo caso reformar los delitos, aunque no podrán superar las penas que contemplaba el Código Penal anterior porque contraría normas internacionales.
El Código Penal se aprobó mediante Decreto Legislativo 130-2017 por parte del Partido Nacional en alianza con el Partido Liberal, varios de los artículos se ratificaron sin contar con los votos necesarios establecidos en la ley, pese a las exigencias de sociedad civil y organismos internacionales se puso en vigencia.
