Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- La burocracia, negligencia y un sistema arcaico al interior de la Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial continúan vulnerabilizando a los defensores del territorio, incluso cuando reciben cartas de libertad por los procesos que enfrentaron bajo el auspicio del Ministerio Público.
Este es el caso de los ocho defensores de Guapinol, quienes tras 914 días de cárcel arbitraria y su posterior liberación como consecuencia de la anulación del juicio por la Sala de lo Constitucional, continúan siendo requeridos en retenes de la Policía Nacional.
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Al caso de los defensores del Parque Nacional “Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras” y los afluentes de Guapinol y San Pedro, se suman los doce defensores del agua en Pajuiles en Tela, Atlántida, quienes continúan siendo criminalizados por la Policía Nacional pese a contar con sobreseimiento definitivo por parte de los juzgados.
Uno de ellos es Pablo Peraza, quien a sus 90 años continúa siendo criminalizado por el Estado de Honduras por la defensa del río Mezapa y al acceso del agua potable en el sector de Toloa, Pajuiles. Pese a que los juzgados ya emitieron los sobreseimientos definitivos en favor de los doce protectores del agua en Pajuiles, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se ha negado a limpiar sus antecedentes penales argumentando que estos “no habían sido ingresados al sistema y debían esperar un tiempo más”.
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Criterio.hn conversó con la cofundadora del bufete Justicia para los Pueblos, Kenia Oliva, que representa a los defensores de Guapinol. Oliva sostuvo que este tema ha sido recurrente en las conversaciones sostenidas con la Secretaría de Seguridad.
Oliva manifestó que los jueces tienen la obligación de mandar la contraorden de captura y las cartas de libertad a la Policía Nacional, así como también se les notificó sobre la orden de captura. No obstante, los jueces no lo hacen y cuando sí lo hacen, la policía mantiene el estatus de orden de captura con el propósito que las personas realicen los trámites burocráticos, pagos y se trasladen hasta la Dirección Policial de Investigación (DPI) para proceder a limpiar los antecedentes.
“Eso no debería de pasar. Así como mandan la orden de captura y la ingresan al sistema, esa misma lógica debería de tener para sacarla del sistema. Guapinol sigue así, hay un oficio del juzgado para todos, sin embargo, a estas alturas no podemos tener certeza de que se los limpiaron hasta que cada uno haga el trámite de sacar antecedentes policiales. Cuando van hacer el trámite, ahí se enteran si continúa vigente o no. Es un problema del sistema de la Secretaría de Seguridad, arcaico al final de cuentas”, explicó la profesional del derecho.
