Jueces acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que exija al Estado de Honduras cumplir con la creación una nueva Ley de la Carrera Judicial y garantice la participación de los jueces, respete la separación de los poderes y garantice la seguridad y protección de operadores de justicia
Tegucigalpa. -Las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene varios retos en su gestión, entre ellos la reducción de la mora judicial, la reactivación de Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, esta última ha sido exigida por representantes de la Asociación de Jueces por la Democracia y varios abogados del país.
En ese sentido, el portavoz del Poder Judicial Melvin Duarte anunció que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) creó el Consejo de la Carrera Judicial en Honduras. Además, explicó que “este no es la misma instancia que se ha conocido como Consejo de la Judicatura”.
De igual manera el Poder Judicial nombró a los nuevos a los nuevos integrantes del Consejo de la Carrera Judicial como propietarios la magistrada Francisca Villela, el magistrado Wagner Vallecillo, la magistrada de la Corte de Apelaciones Ada Rivera y los jueces Ana Cardona y Guillermo López.
Como suplentes nombró a los magistrados Walter Miranda Sabio, Luis Fernando Padilla y a la jueza de Letras Nelly Martínez.
Durante su disertación en el 186 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la jueza y presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD), Fanny Bennett, criticó la falta de una adecuada Ley de la Carrera Judicial y la interferencia del poder político en el Poder Judicial.
La jueza hondureña denunció que hasta la fecha no se les ha permitido a los jueces y juezas participar en la construcción de una nueva ley de carrera judicial y de un consejo de la judicatura.
En esa misma intervención destacó los grandes riesgos que enfrentan las y los jueces debido a la falta de una Ley de la Carrera Judicial y la injerencia del poder político en el Poder Judicial.
Dijo que, es urgente contar con un marco legal adecuado que regule los procesos de selección, ingreso, nombramientos, ascensos y cese de la función judicial, además se debe regular en forma adecuada los nombramientos interinos, el sistema de jubilados y pensionados, así como los salarios y beneficios sociales para los jueces y juezas.
“Lamentablemente hasta ahora no se nos ha permitido a los jueces y juezas participar de la construcción de una Ley de la Carrera Judicial y de un Consejo de la Judicatura. Por otra parte, el Poder Ejecutivo y Legislativo continúan interfiriendo en el Poder Judicial por medio del nombramiento de magistrados afines a sus intereses particulares”, aseveró.
Bennett recordó que, en el 2019 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura, la cual regulaba la Carrera Judicial y esto provocó que se retomará la aplicación la Ley de la Carrera Judicial que data desde 1980.
Dicha ley le ha permitido a la presidencia del Poder Judicial tomar decisiones discrecionales con relación a los ingresos, ascensos, traslados, sanciones y destituciones de los jueces. Por ejemplo, con base a esa ley, fueron sancionados arbitrariamente tres jueces y una magistrada de Corte de Apelaciones, porque se pronunciaron en contra del Golpe de Estado del 2009.
En el 2015, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció sobre la aplicación de la Ley de la Carrera Judicial, que data desde 1980, ordenó al Estado reformar la carrera judicial, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Sin embargo los abusos en el Poder Judicial han continuado. Entre el 2014 y 2017 aproximadamente 77 empleados judiciales fueron despedidos.
Entre ellos jueces y personal auxiliar, por medio de procedimientos disciplinarios arbitrarios.
Nota relacionada: Poder Judicial analiza indulto para contrarrestar hacinamiento en cárceles de Honduras
CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CARRERA JUDICIAL SON UN ENORME RETO
El Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial fue instituido en 2011 como el órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, con autonomía e independencia funcional y administrativa con la puesta en vigor, el 25 de noviembre de 2011, de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
La referida ley fue cuestionada desde su aprobación en el Poder Legislativo, hasta que el 15 de abril de 2016 la Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional. De esa forma, todas las funciones administrativas recayeron en Rolando Argueta, una herencia que a partir del 16 de febrero de 2023 recayó en la nueva presidenta de la Corte, Rebeca Lizette Ráquel Obando.
El ente, que fue desarticulado en 2016 luego que sus integrantes fueron envueltos en escándalos de corrupción, tenía entre otras funciones, nombrar y remover a magistrados de Corte de Apelaciones y jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico,
Por su parte, el también abogado, Rodil Rivera Rodil, dijo a Criterio.hn que los principales retos que tienen los magistrados y magistradas es la de restaurar el Consejo de la Judicatura para que se defina y delimite las funciones judiciales y las funciones administrativas.
