Tegucigalpa.- La policía de El Salvador notificó a las autoridades hondureñas sobre la captura de Fernando José Suárez Ramírez, testigo clave en el caso de corrupción Pandora y que se encontraba prófugo de la justicia, sin embargo, no efectuó su entrega debido a tener asilo político en España.
El portavoz de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, reveló que las autoridades de El Salvador desistieron en entregar a Fernando Suárez, acusado de delitos de malversación de caudales públicos, fraude, lavado de activos, abuso de autoridad, ya que el 12 de mayo de este año se le otorgó asilo político en España por lo que su entrega deberá efectuarse mediante vía diplomática.
“Nuestra policía se encontraba en medio del puente de El Amatillo (Frontera El Salvador y Honduras) justo en la línea limítrofe para recibir a este hondureño con órdenes de captura y por tramite, a última hora, no se realizó ya que el ciudadano cuenta con asilo político de España”, expuso Madrid.
Madrid declaró que Interpol de El Salvador “recibió instrucciones superiores” para que Suárez “no fuera entregado a las autoridades” siendo pieza clave del caso de corrupción conocido como Pandora.
La captura de Suárez, de 41 años, se debe a las dos órdenes de captura en su contra y la notificación roja de Interpol por los delitos antes referidos, además de apropiarse de 15 millones de lempiras concernientes al mismo caso de corrupción que se le imputa. Suárez pretendía salir de El Salvador con rumbo a España con escala a Panamá.
Miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) arribaron al control fronterizo El Amatillo, departamento de Valle, zona sur del país, para realizar el trámite de entrega del imputado, pero posteriormente las autoridades salvadoreñas descartaron la entrega al conocerse el estatus de asilado político de Suárez.
CASO PANDORA
Caso Pandora fue uno de los 14 casos de corrupción que presentó la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACIH) en el que develó una red de corrupción integrada por 38 personas, entre estos varios exdiputados y exfuncionarios del régimen de Juan Orlando Hernández conocido como JOH.
Los sindicados saquearon más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), entre los años 2010 y 2013, fondos utilizados para financiar campañas políticas del Partido Nacional, Partido Liberal y del Frente Amplio.
Suárez tenía el control de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, organizaciones que se utilizaron para desviar el dinero que debió ser destinado para proyectos agropecuarios, agroindustriales a favor de madres jóvenes en Olancho, Intibucá y Colón, entre otros proyectos agrícolas en Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios, Comayagua.
Según la investigación de la MACCIH, Suárez fue el socio principal de Jacobo Regalado, exsecretario de la SAG, quien guarda prisión contrario a los demás imputados que fueron sobreseídos definitivamente por la justicia hondureña.
En noviembre 2018, Suárez se presentó voluntariamente ante las autoridades judiciales que determinaron dejarlo bajo custodia de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) debido que su vida corría riesgo al igual que la de su familia.
Suárez testificó que JOH y su fenecida hermana, Hilda Hernández, crearon la red criminal que no solo saqueó la SAG, también denunció saqueo de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), el Patronato Nacional de la Infancia (Pani), el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), entre otras instituciones.
Los recursos saqueados, según declaraciones de Suárez, fueron utilizados para pagar campañas políticas de JOH y su movimiento interno “Azules Unidos” de cara a las elecciones de 2012 y también en las elecciones generales de 2013 y 2017, asimismo para financiar las campañas del Partido Liberal.
En noviembre de 2021, Suárez se fugó de la ATIC sin que sus apoderados legales o las autoridades del Ministerio Público tuvieran conocimiento, es hasta ahora que se conoce su paradero en El Salvador.
Suárez tiene dos órdenes de captura pendiente de concretarse, la primera emitida el 20 de julio de 2018 por delitos de abuso de autoridad, fraude, uso de documentos públicos falsos, prevaricato, malversación de caudales y lavado de activos y la segunda, emitida por el Juzgado de Sentencia en materia anticorrupción por 12 delitos de fraude, 85 delitos de malversación de caudales públicos y 3 delitos de uso de documentos falsos.
El asilo político otorga ayuda y protección a una persona extranjera que es perseguida en su país por motivos políticos, esto impide que una persona pueda ser extraditada o entregada a otro país.
