En lo que va de 2023, al menos diecisiete personas ligadas a la defensa de la tierra, territorio y ambiente han sido asesinadas, de acuerdo con registros consignados por Criterio.hn. Los números contrastan con los reportados en 2022 por Global Witness que ascienden a catorce
Tegucigalpa.- La violencia asesina contra liderazgos sociales en el nororiente de Honduras arrecia pese a publicaciones de repudio y condena por parte de funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Este fin de semana fueron asesinados Juana María Martínez, una mujer indígena pech en el municipio de Dulce Nombre de Culmí en Olancho, junto a una persona de quien aún se desconoce su identidad. Mientras que en el Valle del Aguán fue asesinado el secretario general de la Cooperativa Agropecuaria Campesina Tarros Limitada, José David Fortín.
A estos crímenes, se suma el atentado contra la vida de la lideresa garífuna y coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Mirian Miranda, la madrugada del 19 de septiembre en la comunidad de Vallecito en el departamento de Colón, cuando cuatro hombres armados con fusiles de asalto fueron detenidos en esta comunidad.
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ASESINATO CON SAÑA CONTRA MUJER INDÍGENA PECH
El crimen con saña contra Juana María Martínez y la persona que le acompañaba dejó desconcierto en la comunidad de Pueblo Nuevo Subirana en Dulce Nombre de Culmí, Olancho.
Los cuerpos de ambas personas —encontrados la mañana del sábado 23 de septiembre — presentaban heridas de bala y sus cuerpos incinerados, según reportaron medios de comunicación.
Criterio.hn se comunicó con el cacique pech de la comunidad de Vallecito, en Dulce Nombre de Culmí, Julián Mass, quien explicó que es poco lo que se conoce del doble crimen, sin embargo, confirmó que Juana María Martínez lideró proyectos de “emprendedurismo” con mujeres pech, además de participar en asambleas de organizaciones indígenas.
“Ella era una mujer que organizaba, trabajaba en grupo y participaba en varias asambleas de las organizaciones indígenas a nivel comunitario, entregada al trabajo en favor de los Pech”, compartió Mass.
Sobre la identidad de la segunda persona asesinada junto a Juana María Martínez, Mass señaló que aún se desconoce su identidad puesto que no portaba documentos que le identificasen.
En lo que va del 2023 han sido asesinados al menos cuatro personas indígenas que integraban movimientos de defensa. Sus nombres son: Ricardo Arnaúl Montero, garífuna; Amilcar Vieda, tolupán, quien al momento de su asesinato era acompañado por Naún Ismael Chacón; Martín Morales Martínez, garífuna; y ahora Juana María Martínez, Pech.
Es importante señalar que el asesinato de Juana María Martínez, pech, junto a la persona que le acompañaba, recuerda particularmente a los asesinatos del defensor tolupán Amilcar Vieda y su acompañante Naún Ismael Chacón, con relación a que tras ser asesinados con armas de fuego fueron incinerados por sus atacantes.
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UN NUEVO ASESINATO CONTRA LIDERAZGOS DEL AGUÁN
Los asesinatos contra los defensores en el Bajo Aguán no paran. En lo que va de 2023, al menos 10 personas ligadas a la defensoría de la tierra, territorio y ambiente han sido ejecutados.
El último caso fue contra el secretario general de la Cooperativa Agropecuaria Campesina Tarros Limitada, José David Fortín, asesinado el domingo 24 de septiembre a las 2:00 de la tarde en su vivienda ubicada en la aldea Los Tarros en el municipio de Trujillo, Colón, informó la Plataforma Agraria.
De acuerdo con la relación de hechos de la organización, Fortín fue gravemente herido gravemente por arma de fuego en su casa por dos sicarios a bordo de una motocicleta, y fue trasladado al hospital San Isidro en el municipio de Tocoa, donde falleció.
Fortín denunció en la década de 1990 el despojo masivo de las tierras de la reforma agraria a manos de políticos, además formó parte del Comité de Emergencia Local (Codel) en la aldea de Los Tarros, en Trujillo, Colón, resaltó en su comunicado la Plataforma Agraria.
Criterio.hn contactó al vocero de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas, quien apuntó que Fortín había recibido amenazas en varias ocasiones, e incluso interpuso una denuncia ante las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa contra quienes amenazaban su vida.
“[P]ero el Ministerio Público hasta hoy no ha hecho ninguna diligencia investigativa y el compañero ya esta asesinado”, condenó Rivas.
“Sabemos de que los presidentes y secretarios [de las cooperativas] los tienen en este listado para asesinarlos. En el caso de él no conocíamos con claridad su nombre en el listado, pero que sí estaba teniendo amenazas desde hace varios meses”, explicó el vocero de la Plataforma Agraria al ser consultado si Fortín estaba entre las personas en riesgo por el denunciado plan para asesinar a la dirigencia campesina en El Aguán en octubre del año pasado.
Rivas recordó que la Cooperativa Agropecuaria Tarros fue despojada por políticos, específicamente el diputado por Colón, Juan Ramón Salgado, asesinado en 2006 en San Pedro Sula. Las tierras fueron hipotecadas a un banco y adquiridas por terceros.
Las y los integrantes de la cooperativa iniciaron un proceso de recuperación de tierras en julio de 2022, posteriormente en mayo de 2023 fueron desalojados por órdenes de la controvertida Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, iniciativa que nació al interior del polémico Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, estructura remanente de los regímenes del Partido Nacional, que se niega a desaparecer en el nuevo gobierno liderado por Castro del Partido Libertad y refundación.
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“Hay fuertes rumores en la comunidad de que estos supuestos dueños [terceros] pues han contratado sicarios y que les han estado amenazando y concluyó ayer con el asesinato del compañero”, comentó Rivas a Criterio.hn
ESTADO INCAPAZ DE DESMONTAR ESTRUCTURAS SICARIALES AL SERVICIO DE LA AGROINDUSTRIA
El Bufete Estudios para la Dignidad (BED) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organizaciones que acompañan la causa agraria, remarcaron al gobierno “que ya no sirven sus pronunciamientos públicos de solidaridad y los mensajes de duelo en sus diversas redes sociales”.
Exigieron que a dos años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, “las familias campesinas reciban justicia sobre la propiedad de la tierra de la cual han sido despojados y por todas las personas asesinadas del Aguán”.
En lo que va de 2023, en el Valle del Aguán han sido asesinados: Alí Domínguez y Jairo Bonilla; Omar Cruz Tomé junto a su suegro Andy Martínez Murillo; Santos Hipólito Rivas junto a su hijo Javier Rivas; Emerson Martínez; José Gilberto Martínez Cardona; Óscar Oquelí Domínguez Ramos; y este fin de semana José David Fortín. Mientras que, en el departamento de Atlántida, también fue asesinado el defensor del territorio Benigno Maldonado.
Urgieron al Estado de Honduras la instalación de la Comisión Tripartita, la cual declararon un “compromiso asumido desde febrero de 2022, que tiene el mandato de investigar la violencia y violaciones de derechos humanos contra el movimiento campesino”.
De igual forma, exigieron a la Comisión de Seguridad Agraria realizar los operativos necesarios para desmontar las estructuras criminales y los funcionarios corruptos que operan junto al crimen organizado en la zona.
“La Plataforma y COPA han denunciado en múltiples ocasiones las estructuras sicariales que operan en la zona, mismas que están plenamente identificadas y perfiladas en sus dinámicas, sus cabecillas y sus vinculaciones con las empresas agroindustriales. Condenamos que el Estado de Honduras con toda esta información no sea capaz de desmontarlas, contrario a ello, dichas estructuras criminales operan en colusión con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la Zona”, lee el comunicado del BED y MADJ.
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Global Witness consignó en su reporte anual 2022 titulado “Siempre en pie: personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática”, que Honduras con catorce asesinatos de personas defensoras de la tierra y ambiente, registra el mayor número per cápita de asesinatos.
