El asesinato del Zar Antidrogas, como muchos lo llamaban, quedó en el abismo de la impunidad.
Por: Segismundo Joest
Según una reciente nota de prensa de una serie exclusiva del Diario el Heraldo dedicado al escándalo de corrupción al interior de la Policía Nacional, un alto mando de la Policía Nacional dio la orden de descontinuar las investigaciones y no remitir el caso a la Fiscalía del Crimen Organizado, por lo cual el caso quedó casi en el olvido. pág. 3 En el año 2011, con el asesinato de dos jóvenes universitarios (entre ellos el hijo de la señora Rectora Julieta Castellanos), se descubrió y salió a la luz pública toda una compleja red criminal al interior de la Policía Nacional llamada “El Cartel de la Granja”, lo que intensificó los intentos y demandas nacionales e internacionales por depurar la Policía Nacional y mermar los actos de corrupción de los agentes y estructuras judiciales del país.
Sin embargo, dichos atisbos no tuvieron mayor repercusión en términos concretos de depuración y transformación de los operadores de justicia.
Recientemente, siete años después del asesinato de Julián Arístides, sale a la luz pública el informe investigativo DGPN-DED2-DI-N°1101-2009, en donde se evidencia que bajo la orden de un narcotraficante de la zona norte del país, cierta cúpula Policial Nacional de al menos 25 elementos planificaron y ejecutaron el asesinato del llamado “Zar” anti drogas.
El informe revela a través de relatos, de videos, y un sin número de evidencias, la minuciosidad con que se ejecutó el plan para asesinar al General Arístides, así como los intereses y las estructuras de fondo del asesinato, alimentados principalmente por los duros golpes al crimen organizado, desmantelamiento de pistas clandestinas, incautación de bienes, denuncias públicas de funcionarios y políticos de alto nivel jerárquico involucrados en el crimen organizado y en la narcoactividad.
A raíz del escándalo, el presidente de la República, el nacionalista, Juan Hernández, ha manifestado que con un “decreto de emergencia” el Congreso Nacional debe de trabajar en una nueva Ley para la Policía Nacional, en donde la depuración y la certificación de la institución policial se debe de abordar como una prioridad inmediata en un plazo no máximo a 12 meses.
Además, el presidente señaló que se debe de castigar a los responsables de tal acto criminal.
El decreto hace mención a un Estado de emergencia en donde se justificaría la separación expedita de unos 1,500 policías involucrados en actos irregulares, además, el Presidente justiprecia la opción de eliminar la Policía Nacional y suplantarla con la Policía Militar del Orden Público.
Sin embargo, desde el 2009 han existido múltiples denuncias por parte de familiares del General asesinado y otras instancias que responsabilizaban directamente a la Policía Nacional y al Narcotráfico del asesinato directo del General, por alguna razón el Estado de Honduras hizo caso omiso de dichas denuncias.
Y tal como lo pág. 4 expresa un comisionado activo de la institución policial, Henry Osorto Canales, existen factores políticos que han obstaculizado la depuración de la Policía Nacional.
Los medios de comunicación han dado lectura al hecho, partiendo de la importante labor en los años de servicio del General, la descripción de cómo fue ejecutado y planificado el asesinato, señalando algunos de los culpables (sin emitir nombres), mostrando algunos de los documentos y evidencias que comprueban el involucramiento de elementos de la Policía Nacional, de los juzgados, fiscales, ministros, viceministros y hasta Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
La intervención de “Casamata” sede central de inteligencia de la Policía Nacional e involucrada directamente en el asesinato del General Julián Gonzáles Irías, es posiblemente una de las acciones que más renombre han tenido en los medios de comunicación, sin embargo, esto puede ser considerado como una pantalla de humo que trata de opacar el innegable hecho de que hace muchos años es sabido, en distintos niveles de la realidad social hondureña y en el imaginario colectivo, que funcionarios de Estado, policías, militares y políticos de alto mando están involucrados y colaboran íntimamente con el crimen organizado.
Según el ex comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, la corrupción en la policía tiene a Honduras en emergencia nacional, y pese a los débiles esfuerzos de depuración, la institucionalidad de la policía está comprometida a nivel nacional, ya que estos funcionan como entes garantizadores de la actividad del narcotráfico, tal es el caso de algunas zonas al occidente del país, en donde la policía y los militares resguardan el paso de cargamentos de drogas, esto ocurre, según lo afirmo el asesinado Landaverde, en Olancho, la Mosquita, y en muchas otras partes del país.
En el imaginario colectivo de la población hondureña la ilegalidad acarreada por la narcoactividad se ha sedimentado de tal modo en que la mayoría de la población tiene conocimiento sobre cómo operan los grupos criminales, en las aldeas, barrios caseríos, tal como lo señalaba Alfredo Landaverde, en el programa Frente a Frente el 1 de noviembre del 2011.
Landaverde afirmó que tanto autoridades policiales, políticos, diputados, y hasta los ciudadanos y ciudadanas comunes saben quiénes son los responsables de actos criminales ligados al narcotráfico, declaraciones que según versiones oficiales del asesinato de Landaverte le costaron la vida.
El caso de Arístides Gonzales, junto con el de Alfredo Landaverde, y otros más, han puesto en evidencia la debilidad institucional de los operadores de justicia, al igual que su involucramiento directo en redes criminales y carteles (como el “Cartel de Belén” o el “Cartel de la Granja”, en donde policías eran encargados de robo de vehículos, motocicletas, cobro de impuesto de guerra, extorciones, secuestros, entre otros.)
Lo más preocupante, desde mi punto de vista, radica en que el narcotráfico ha logrado penetrar desde arriba en la jerarquía del poder del país, hasta los niveles más micro de los universos cotidianos.
En un informe de monitoreo de los procesos electorales lanzado en el 2013 por el Centro de Documentación de Honduras CEDOH se evidencio que gran parte el financiamiento ilícito de la campaña política electoral del Partido Nacional, quien según el informe se puede deducir que fue financiada por el narcotráfico y el saqueo de algunas instituciones del Estado, ya que la deuda pública cubría apenas 44,778,063 millones de lempiras de los más de 200,000,000 millones que invirtió el Partido Nacional (CEDOH, 2013), lo que indica sumado a otras evidencias que los mandatarios de más alto nivel del país (incluido el presidente) tienen conexiones directas con los carteles, grupos criminales y narcos del país, lo que pone de manifiesto que Honduras es gobernado por una élite política económica ligada a la ilegalidad y a la narcoactividad.
De este modo, es evidente que cualquier intento de desbancar y denunciar a las élites políticas y económicas ligadas a los grupos criminales nacionales e internacionales que operan en el país, se enfrentara ante la hegemonía de la violencia, la fuerza y la represión de las élites de poder hondureñas y transnacionales.
El caso del General Julián Arístides Gonzales y de Alfredo Landaverde, el Asesinato de Berta Cáceres, del Margarita Murillo, el saqueo al Seguro Social, entre otros casos, son claros ejemplos de la violencia, corrupción, la lucha casi fallida contra el crimen organizado y la ilegalidad permanente que vive la sociedad hondureña en un proceso inconcluso de construcción de democracia y de bienestar social para el conjunto de la población.
