A más de dos años de que la presidenta Xiomara Castro asumió la presidencia, la CICIH continúa en promesa. Mientras tanto, el periodo electoral se avecina
Tegucigalpa, Honduras.- A dos años y cuatro meses de que la presidenta Xiomara Castro anunció que abogaría por la instalación en el país de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), este mecanismo continúa sin materializarse.
Mientras el oficialismo admite que no han llegado a un acuerdo común en las negociaciones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sectores opositores comienzan a presionar al Gobierno con el propósito de obtener respuestas acerca de la falta de llegada de la CICIH.
La CICIH fue una de las principales promesas de campaña que efectuó la presidenta Xiomara Castro, al asegurar que la instalación de este mecanismo se efectuaría durante los primeros 100 días de gobierno.
Sin embargo, los retrasos en la firma del memorando de entendimiento, que se efectuó hasta el 15 de diciembre de 2022, las continuas negociaciones entre el Gobierno y la ONU en torno al borrador del convenio, y la falta de voluntad política del Congreso Nacional han hecho que esta promesa no se haya materializado.
Para que la CICIH se instale en el país, tanto el Gobierno como el Congreso Nacional deberán concretar algunas acciones contempladas en la primera fase del memorando de entendimiento suscrito con las Naciones Unidas, que incluye las reformas legales y los términos de referencia del borrador del convenio.
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En declaraciones previas, el secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, se mostró optimista en que pronto se alcanzará el convenio con la ONU.
«Estamos a la espera de determinar una fecha de reunión. Ellos están estudiando los últimos documentos enviados y les hemos solicitado que sea lo más pronto posible. Nosotros hemos estado trabajando y esperamos seguir avanzando en la negociación del convenio», dijo Reina en declaraciones a medios de comunicación.
DILATACIONES CON FINES ELECTORALES, SEGÚN ANALISTAS
Sin embargo, a consideración de analistas consultados por Criterio.hn, el Congreso Nacional, que es el encargado de allanar el camino a la CICIH, sobre todo en cuanto a las reformas legales, está dilatando el proceso con miras al venidero proceso electoral, que arrancará el 9 de septiembre de 2024.
Para la representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Jimena García, algunos sectores políticos nuevamente buscarán hacer de la CICIH una figura política.
«Hemos visto una campaña súper adelantada, y lo que quieren hacer con la CICIH es otra vez una manifestación política partidaria, donde varios partidos la van a instrumentalizar para ganar adeptos a razón de la propia falta de instalación», declaró García a Criterio.hn.
Por su parte, el analista político Luis León coincidió en que la CICIH está siendo instrumentalizada con fines políticos.
«Vienen las campañas políticas, es posible que mágicamente los políticos comiencen a hacer las reformas planteadas por la ONU en año electoral y así agenciarse votos. Creo que han politizado el tema CICIH y lo han metido en un contexto innecesario», lamentó León en conversación con este medio digital.
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No obstante, el analista político Raúl Pineda Alvarado manifestó a Criterio.hn que, si la estrategia está destinada a instrumentalizar la CICIH con fines electorales, el resultado será desastroso.
«Pensar que se va a usar como tema de campaña es difícil porque a nadie le conviene hablar de ese tema. Segundo, de hablarse, los comentarios críticos se van a orientar a quienes prometieron que la CICIH iba a llegar en los primeros 100 días de gobierno», indicó Pineda Alvarado.
CICIH, PENDIENTE
La CICIH representó una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro e, incluso, apareció consignada dentro de su Plan de Gobierno, y finalmente el 27 de enero de 2022, con su asunción al poder, Castro reafirmó su voluntad de instalar el mecanismo anticorrupción.
El borrador del convenio está siendo negociado entre el Gobierno y la ONU, y, en caso de celebrarse, el Congreso Nacional deberá aprobarlo con 65 votos, aunque las planteadas reformas constitucionales requerirían mayoría calificada (86 votos) y una ratificación constitucional.
