Tegucigalpa, Honduras. – El ministerio Público (MP) informó que amplió requerimiento fiscal contra siete integrantes de la estructura criminal pandilla 18 supuestas responsables del crimen de 46 mujeres privadas de libertad, asesinadas durante una reyerta en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) el pasado 20 de junio de 2023.
De acuerdo con el MP, la acusación es por suponerlas responsables – a título de coautoras— de los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio de las 46 mujeres privadas de libertad y otros derechos fundamentales. Además, por incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego prohibido y porte de arma de fuego permitida en perjuicio de la seguridad colectiva y del orden público.
Las siete mujeres vinculadas al grupo delictivo han sido identificadas por las autoridades como Kenia Patricia Salinas Rivera, conocida también como Flavia Marlene Tercero, apodada «La Tremenda»; María del Carmen Contreras Castillo; Lourdes Eloísa Barrientos Turcios; Rosa Bertha Marroquín Almendares, conocida como «La Nena»; María Cristina Cálix Salinas, apodada «La Fuga»; Any Dayán Barahona Mejía, también conocida como «la Vagabunda»; y Dania Jakeline Maradiaga Flores, bajo el alias de «La Inquieta». Actualmente, todas se encuentran privadas de libertad mientras enfrentan cargos.
El 18 de enero de 2024, como parte inicial del proceso de investigación el MP requerimiento fiscal contra integrantes de la pandilla 18, identificadas como: Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, de igual manera para Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleny Saraí Guerra Portillo y Francis Margarita Chavarría Ávila, quienes están privadas de libertad por otros delitos.
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LOS HECHOS
La mañana del martes 20 de junio de 2023, los medios de comunicación informaban sobre una reyerta al interior de PNFAS, conforme transcurría el tiempo, se daban más detalles de la masacre, 46 mujeres perdieron la vida de manera violenta
De acuerdo a la Sección de Muertes Cometidas por Estructuras Criminales Organizadas de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida (FEDCV), en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el hecho criminal ocurrió a las 7:45 de la mañana, cuando las acusadas permanecían en los módulos 6 y 7, y utilizaron armas de fuego de diferentes calibres, objetos punzocortante y contundentes, posteriormente sometieron a cuatro policías penitenciarias, despojándolas de las llaves de los módulos y de los tableros con listados de la población penitenciaria.
Entre tanto, otro grupo de privadas de libertad que pertenecen a la pandilla 18 se dirigieron a los módulos 1 al 4, en donde se encontraban las mujeres que pertenecen a la mara Salvatrucha (MS-13), golpeando con una almágana los candados de los módulos hasta lograr entrar. Posteriormente se escucharon detonaciones entre tanto una nube de humo alertó a los vecinos circundantes.
La FEDCV refiere que para cometer los ilícitos, las acusadas obtuvieron desde el exterior del centro penal, armas de fuego, entre las que se detallan: 11 pistolas de distintos calibres (9 milímetros, 380 y 45 milímetros), también se detectaron armas de uso prohibido, entre ellas: fusiles, subametralladoras y un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional, mismas que fueron recolectadas al interior de la penitenciaría.
EXIGEN AUTORES INTELECTUALES
La masacre, catalogada como un delito de lesa humanidad porque las mujeres privadas de libertad perdieron la vida bajo la protección del Estado, reconfirmó el debilitamiento histórico del sistema penitenciario.
Por otro lado, analistas cuestionan el ingreso de las armas, y quién dio la orden de ejecutar la masacre, por lo que instan a las autoridades centrarse también para dar con los autores intelectuales.
Para la defensora de derechos humanos María Angélica Milla, coordinadora de Cien + Mujeres, es necesario que las autoridades también brinden un informe sobre los autores intelectuales, ya que, a su criterio, “no sólo las privadas de libertad tienen responsabilidad, el Estado falló, el sistema falló”.
Su aseveración, gira en torno al ingreso de armas al centro penitenciario, además recalcó que la masacre mostró un sistema penitenciario “completamente vulnerable”, en el que también está detrás una red de crimen organizado a la que “obedecen”, las privadas de libertad que materializaron la masacre.
En el mismo orden de ideas, Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil, se deben centrar en la investigación criminal, para buscar a los autores intelectuales, ya que las mujeres privadas de libertad que perpetraron la masacre “sólo siguieron órdenes”. Dicho en otras palabras, no sólo de debe dar con quienes ejercieron la violencia sino con quienes la idearon y planificaron.
En abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertó sobre los conflictos al interior de PNFAS a causa de la rivalidad entre la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) y otras vulneraciones de derechos humanos. Sin embargo, no se tomaron las medidas pertinentes para evitar la tragedia.
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UN CUERPO SIN ENTREGAR
A poco de cumplirse un año de la masacre, la familia de Sandra Xiomara Rodríguez –una de las víctimas de la masacre— todavía no han podido cerrar el ciclo de dolor causado por la muerte violenta, debido a que las autoridades hondureñas no le han entregado el cuerpo.
De acuerdo con el apoderado legal de la familia, el abogado penalista Fernando González, quien denunció que Medicina Forense no ha hecho la respectiva entrega debido a que el ADN de Rodríguez no coincide con el de la madre ni con el de la hermana.
Sandra Rodríguez, permanecía privada de libertad desde el 17 de septiembre de 2022 por suponerla responsable del delito de asociación ilícita y tráfico de drogas en su modalidad de transporte, un delito que aún no había sido probado por las autoridades hondureñas.
González informó a Criterio.hn se presentó un recurso que hasta la fecha no ha sido resuelto por la Sala de lo Constitucional, que estuvo al menos dos meses en parálisis por la disputa de a quién le corresponde la titularidad de 2024. Por lo que esperan que una vez que el magistrado Wagner Vallecillo asumió la presidencia se den resultados lo más pronto posible.
