Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Amnistía Internacional observará el juicio de ocho personas acusadas del asesinato en 2016 de la defensora de los derechos humanos hondureña Berta Cáceres, que comenzará el próximo lunes 17 de septiembre en la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.
«Es crucial que las autoridades hondureñas aseguren que este juicio cumpla con los estándares internacionales de equidad y que la justicia prevalezca en uno de los crímenes más emblemáticos en la historia reciente de la nación», dijo Erika Guevara-Rosas, directora de América para Amnistía Internacional.
Erika Guevara Rosas, directora de América de Amnistía Internacional
«En un país plagado de amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos terrestres y ambientales, el sistema judicial de Honduras puede establecer un precedente importante al defender los derechos de la familia de Berta a la verdad, la justicia y la reparación y al demostrar que el asesinato de defensores de los derechos humanos queda impune «.
“Es crucial que las autoridades hondureñas garanticen que este juicio cumpla con los estándares internacionales de equidad y que la justicia prevalezca en uno de los crímenes más emblemáticos en la historia reciente de la nación”
Erika Guevara-Rosas, directora de América de Amnistía Internacional
Una representante de Amnistía Internacional, Kathy Price, asistirá al juicio del 17 al 19 de septiembre, mientras que otros miembros de la organización supervisarán los procedimientos de forma remota y en persona durante el resto del juicio. El precio estará disponible para entrevistas en persona, en Skype o por teléfono.
La misión de observación tiene como objetivo monitorear el cumplimiento por parte de las autoridades de las garantías de un juicio justo para garantizar que todos los responsables de la muerte de Cáceres sean llevados ante la justicia. Amnistía Internacional ha expresado en repetidas ocasiones su profunda preocupación por el hecho de que la investigación realizada por las autoridades hondureñas haya sido gravemente defectuosa y no haya investigado las pistas sobre quienes pueden haber estado involucrados en ordenar su asesinato.
Fondo: El 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres, defensora del medio ambiente y de los derechos indígenas, fue abatida a tiros por hombres armados en su casa en Intibucá, Honduras. Junto con otros miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), había hecho campaña contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca y el impacto que tendría en el territorio de la gente indígena Lenca.
“En un país plagado de amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos, el sistema de justicia hondureño puede establecer un precedente importante defendiendo los derechos de la familia de Berta a la verdad, la justicia y la reparación y demostrando que el asesinato de defensores de los derechos humanos no irá impune”
Erika Guevara-Rosas, directora de América de Amnistía Internacional
La Fiscalía hondureña ha acusado a ocho personas del asesinato de Cáceres, incluidas algunas personas vinculadas con Desarrollos Energéticos SA (DESA), la empresa que construye la presa de Agua Zarca y otras vinculadas con el ejército, pero COPINH teme que las autoridades hayan no investigó a ningún funcionario de alto rango en el gobierno o la compañía por supuestamente haber ordenado su asesinato.
Amnistía Internacional ha documentado un patrón de amenazas y una mayor estigmatización contra quienes buscan la verdad, la justicia y la reparación de los asesinatos de Cáceres y otros que se atreven a informar sobre las acciones de empresas poderosas contra los pueblos indígenas locales o las comunidades rurales.
El año pasado, la ONG Global Witness nombró a Honduras como el país más mortífero del mundo para los defensores de los derechos humanos ambientales, y documentó a más de 120 defensores asesinados allí desde 2010.
