Por: Eva Galeas
Ilustración de portada: Guillermo Burgos
Tegucigalpa.- En lo que va de 2022 ya se registra la muerte de un periodista y dos comunicadores sociales, sumando 92 muertes violentas de personas vinculadas a los medios de comunicación desde que se registró el primer caso en octubre de 2001.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) dice que los y las periodistas hondureños son el blanco de amenazas y desplazamiento forzado.
La Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) atendió entre el 2016 y abril de 2022 67 casos de periodistas en riesgo, de los cuales 51 están en riesgo de desplazamiento y, al menos, 16 son víctimas de desplazamiento forzado interno.
Entre los 67 profesionales de la comunicación en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado interno, figuran 20 mujeres y 47 hombres.
En el 81% de los casos el principal motivo del desplazamiento son las amenazas y en un menor porcentaje la causa es la tentativa de homicidio, la extorsión, lesiones y la violencia familiar.
El ejercicio periodístico en Honduras quedó marcado luego de vivir en una dictadura dirigida por un expresidente que fue extraditado a Estados Unidos por delitos de de narcotráfico: Juan Orlando Hernández.
MECANISMO DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS ESTÁ EN COMA
El Mecanismo de Protección fue creado en 2015 bajo la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, pero hasta la fecha ha sido un elefante blanco que fue creado para cumplir con uno de los señalamientos hechos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante los señalamientos de las constantes violaciones de derechos humanos en Honduras.
“Si hacemos un diagnóstico rápido de cómo se encuentra el Mecanismo de Protección y lo calificamos diríamos que está aplazado. No tiene los recursos financieros suficientes, robustos, necesarios para que el sistema de protección funcione”: coordinador del Consejo Nacional de Protección, Donny Reyes, en junio pasado.
Los defensores y periodistas han mostrado su descontento ante la ineficacia del Mecanismo de Protección. El profesional del derecho y defensor de derechos humanos, Víctor Fernández dijo a Criterio.hn que su impresión y sentimiento como beneficiario de medidas de protección es que este ente “no funciona, o al menos no ha empezado a funcionar”.
La ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque dijo a Criterio.hn que la falta de asignación de recursos, la “discrecionalidad absoluta” con que se manejó el Mecanismo en el gobierno anterior y la “inviabilidad de que la titular se involucre directamente por un asunto de la misma protección de las víctimas”, han sido parte de la problemática que ha impactado en contra del buen funcionamiento del Mecanismo.
En Junio del presente año, Roque agregó que existe una “disparidad absoluta” en la distribución de los fondos. A tal punto que hay unos dos o tres casos a los que -durante la administración pasada- les fueron asignados más de 2 millones de Lempiras, mientras a otros se les destinaron solamente 150 Lempiras anuales.
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En el gobierno de Juan Orlando Hernández fue el periodo donde más se les violentaron los derechos a los profesionales del periodismo, defensores de derechos humanos y donde se violentó la libertad de expresión en todas sus expresiones.
Muchos trabajadores de la comunicación también fueron amenazados, agredidos, víctimas de atentados, de desplazamiento forzado y murieron cerca de un centenar de periodistas en circunstancias violentas e impunes, según reporte del Conadeh.
Milthon Robles, quien dirigía el programa de radio “Mañana Informativa” en la zona norte del país, es uno de los tantos periodistas que tuvo que salir de su natal Honduras a cusa de las amenazas y el peligro continuo al que se enfrentaba por el ejercicio de su profesión.
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Robles manifestó a Criterio.hn que todo inició por una investigación que el realizaba sobre el “impuesto de guerra” en la cual figuraban “religiosos”, empresarios, ministros y el exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, este último fue quien mandó a cancelar su programa de radio y quien lo perseguía sus pasos a través de agentes de la Policía Nacional. A consecuencia de esto Robles tuvo que salir huyendo del país porque su vida corría peligro.
“Desde el exilio me cansé de hacerle peticiones al gobierno, le he escrito a la misma presidenta Xiomara Castro, a Manuel Zelaya y mis mensajes no han sido leídos, tampoco he tenido respuesta, está claro que en Honduras hay que ser activista político de los partidos en el poder o estar dentro de los grupos de poder para que te hagan un favor”, dijo Robles.
El periodista contó que fue víctima de seis atentados en la ciudad de San Pedro Sula, “la persecución era constante y denuncié ante el Conadeh y en la Fiscalía de Derechos Humanos, pero estos no tomaron mi denuncia”, denunció Robles.
“Lo que pasa en Honduras es lamentable, yo no cuento con la venia de ellos por no ser activista de libre, al parecer es requisito serlo para acceder a un apoyo o un respaldo”.
El Conadeh expone que entre los principales agresores figuran policías, mareros, bandas criminales, vecinos, operadores de justicia y al menos en 28 casos se desconocen a los responsables.
Es importante señalar que en Honduras la práctica y el ejercicio de investigación es pobre, tanto en casos de periodistas como en la población en general, los niveles de impunidad en muertes violentas contra periodistas y comunicadores sociales son alarmantes y superan el 91%.
ALTO RIESGO LLEVA A LA AUTO CENSURA
Para el exdirector del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora esto es sumamente preocupante ya que durante los últimos años la violencia en Honduras no ha sido investigada y de ahí surgen también los niveles de impunidad.
Expuso que en Honduras tampoco hay garantías de seguridad en el trabajo periodístico, por lo que recae en los periodistas la criminalidad organizada, el abordaje a temas de corrupción y abordaje en derechos humanos, “esos temas siguen siendo igual de delicados tanto en el gobierno anterior como en el nuevo gobierno, principalmente porque no hay política de atención a la investigación”.
Tábora dijo que esto viene a impactar en la labor periodística porque hay auto censura y los periodistas siguen expuestos a la violencia, “creo que la mayor parte de la violencia contra los periodistas viene del crimen organizado y de personas que son investigadas por corrupción”.
“Hay que decir que la herramienta que generó auto censura los últimos años, (que eran las amenazas legislativas) siguen vigentes en el país, estas herramientas son utilizadas por funcionarios públicos del gobierno anterior y tenemos algunos casos de funcionarios actuales”.
El abogado y defensor de la libertad de expresión, manifestó que, pese a que se derogó la Ley de Secretos en el país, sin embargo, en la práctica no se ve que la información esté a la disposición de la ciudadanía, “creo que el nuevo gobierno tiene un reto significativo para que la información esté a la disposición de la gente que hace el trabajo periodístico”.
POCA INVESTIGACIÓN
Por su parte la periodista y defensora de Derechos Humanos, Dina Meza, manifestó que “si observamos los casos judicializados, apenas van cuatro y estos son los gatilleros, no hay investigación, ni hay informes, de acuerdo al monitoreo que nosotros hacemos los niveles de impunidad son más del 96%”.
En entrevista con Criterio.hn, Meza dijo que el gran problema en Honduras es que el sistema de justicia es permisivo, y que se dedica a hacer acciones contra los periodistas a través de querellas y no investiga los hechos violentos en contra de los periodistas, porque el sistema que prevalece actualmente no funciona para los periodistas.
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Agregó que los periodistas necesitan protección a través de un sistema idóneo, sin embargo, en este momento Honduras no cuenta con este sistema, “esperamos que esa voluntad política que se ha dicho en el gobierno prevalezca en acciones concretas, porque aún no lo tenemos, tenemos la esperanza que puedan hacerse cambios estructurales respecto a esto, puesto que la presidenta sabe lo que es ser perseguido, ella está en los zapatos de las víctimas, considero que en ese sentido ella tiene que operar y fortalecer el sistema de protección”.
Meza manifestó que han solicitado una reunión como Consejo Nacional de Protección, sin embargo, no han tenido respuesta, “esperamos que esto no sea falta de voluntad política”.
Asimismo, demandó a las autoridades para que hagan un cambio de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), y el Ministerio Público (MP), pero que primero se necesita voluntad política para posicionar acciones concretas.
“Nos preocupa el grado de intolerancia al pensamiento crítico y que le llamen campaña de desprestigio contra el gobierno cuando se saca información de irregularidades que hay en algunas instituciones, ese discurso es malo y no nos da esperanza, parecen vicios del pasado porque los funcionarios públicos están sujetos a mayor escrutinio”, reveló Meza.
El Conadeh estima que hasta la fecha, 16 de los 18 departamentos del país han sido escenario de muertes violentas de personas ligadas a los medios de comunicación. Al parecer, los únicos departamentos que no presentan ningún caso son Ocotepeque y La Paz.
91% DE LAS MUERTES ESTÁN EN LA IMPUNIDAD
De esta radiografía de la inseguridad para periodistas, comunicadores sociales y demás personas ligadas a medios de comunicación, en Honduras, seis departamentos de Honduras, Francisco Morazán (20), Cortes (20), Yoro (8), Atlántida (8), Copán (8) y Olancho (7) registran el 77% de los casos.
Este ente deduce que, según seguimiento brindado por las delegaciones, de los 92 casos, al menos 84 que representan el 91% se encuentran impunes.
A criterio del criminólogo, Gonzalo Sánchez, esta problemática se debe al ejercicio periodístico, sin embargo, aclaró que en Honduras se debe garantizar el derecho de la libre expresión y pensamiento, “en este país se debe garantizar la protección debida a las personas que tiene este tipo de trabajos, yo creo que es una prioridad del gobierno proteger no solo la ley de emisión del pensamiento sino también la vida de los periodistas, ellos solo cumplen su trabajo”.
Sánchez manifestó a Criterio.hn que, aunque no se pueda proteger individualmente a cada periodista si se pueden buscar mecanismos a través del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), para que se asegure el libre ejercicio de esta profesión.
“Pienso que el Estado debe brindar indirectamente un grado de protección a los trabajadores de la comunicación, debe respetarse el derecho al ejercicio de esta profesión, y brindarle un grado de seguridad a este gremio”.
Respecto a los niveles de impunidad en la investigación relacionado con las muertes de este gremio, Sánchez considera que el (CPH) no debe quitar el dedo de la llaga, “yo pienso que inmediatamente que hay un atentado a un trabajador de la comunicación en ese momento se debe actuar de forma inmediata para que esto quede como un antecedente”.
Según este mismo ente la primera sentencia contra un implicado en la muerte de un periodista se registró el 11 de septiembre de 2012, luego que un tribunal de sentencia del país condenara al responsable de la muerte del periodista Jorge Alberto «Giorgino» Orellana. El condenado se habría fugado de la Penitenciaría Nacional de Támara el 19 de junio de 2014.
Entre los hallazgos se destaca que de las 66 denuncias presentadas por los periodistas el 83% es por amenazas, un 6% por tentativa de homicidio, 3% por lesiones, 1% por extorsión y un 6% por la muerte de parientes o personas cercanas a su entorno.
Dentro de los agresores denunciados, el 45% son personas desconocidas, un 11% por maras y pandillas, el 10% son personas conocidas, un 5% vecinos, 3% familiares, 3% operadores de justicia, 2% por miembros de la policía y un 2% por bandas criminales.
El equipo de Criterio.hn buscó entrevistas con la directora ejecutiva del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Amada Ponce, sin embargo, la solicitud para entrevista no tuvo éxito al no tener respuesta.
