Tegucigalpa.- La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) denunció la amenaza de muerte contra el fiscal del Comité de Defensa de Tierras del Triunfo de la Cruz, Alfredo López Álvarez, en caso que no abandone dicha comunidad y cese en la lucha para la restitución del derecho del pueblo Garífuna.
La declaración fue realizada durante la sesión “Incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH: el caso Garífuna de Honduras” en el marco del segundo día del Foro de Donantes de Centroamérica 2022 (CADF, por sus siglas en inglés) realizado en Tegucigalpa, capital de Honduras.
Criterio.hn conversó con López Álvarez, quien señaló que las cosas van de mal en peor, porque previamente las amenazas no se hacían de forma directa. Incluso, establecieron un límite de 24 horas para que abandonara la comunidad pues los terceros de Playa Escondida, consideran que no merecen estar allí.
El defensor territorial aseguró que no cederá a amenazas y continuará ayudando a la comunidad y a la organización. “No le debo nada a nadie ni vivo de nadie, soy muy independiente. Yo no tengo porque salir de mi casa”, afirmó.
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López Álvarez ganó un caso contra el Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en febrero de 2006 luego de que se violentó el derecho a la libertad personal, derecho a la integridad personal y derechos a las garantías judiciales y protección judicial, tras una detención ilegal arbitraria, que termino costando la privación de su libertad en un centro de reclusión por 6 años y 4 meses.
LA VULNERABILIZACIÓN DEL PUEBLO GARÍFUNA
El origen de la problemática que enfrenta el pueblo Garífuna en Honduras tiene su origen en el irrespeto del gobierno a su territorio comunal y a la falta de cumplimiento del Estado a las sentencias de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, lo que facilitó que terceros se apropien de las tierras.
Este último incidente en el que se amenazó a López Álvarez es una clara muestra de lo que implica la falta de acción por parte del Estado hondureño.
Compartió que el origen de la amenaza proviene del hecho que la comunidad abrió un cementerio, luego que el camposanto anterior agotó capacidad. El nuevo cementerio está dentro del territorio ancestral de la comunidad del Triunfo de la Cruz, Tela, en el Caribe hondureño, pero fue apropiado por los residentes de Playa Escondida.
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“Playa Escondida es donde viven todos los políticos invasores que tienen casa de ir a pasear e ir a pasar vacaciones”, e incluso colombianos, quienes se creen dueños de la comunidad, compartió López Álvarez.
ESTADO DE HONDURAS DEBE INTERVENIR CON URGENCIA
Para el abogado del Bufete Justicia para los Pueblos y representante de la Ofraneh, Edy Tábora, el Estado de Honduras tiene una responsabilidad de intervención para restituir el territorio a la comunidad Garífuna, sobre todo porque esa tierra ha ido a parar a manos de gente con mucho poder en Honduras y fuera de ella, con el objetivo de implementar proyectos hidroeléctricos, mineros y megaturísticos.
Advirtió que mientras no hayan funcionarios públicos que tomen decisiones y asuman responsabilidad, la conflictividad continuará. Esta ausencia de determinación por parte del Estado está costando vidas de Garífunas que fueron asesinados por reclamar de forma permanente la restitución y saneamiento de la tierra, no solo en Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, y Punta Piedra en Iriona, Colón, sino además en el resto de comunidades a lo largo de la costa del Caribe hondureño.
Tábora remarcó que el Estado tiene la obligación de sanear el territorio y evitar que se sigan cometiendo actos de violencia contra el pueblo Garífuna. Uno de los actos concretos que el Estado puede realizar es poner un alto a la criminalización de los y las Garífunas.
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Además, manifestó que el Estado debe garantizar su seguridad y evitar que se sigan repitiendo hechos lamentables como la desaparición forzada de los cuatro Garífunas de Triunfo de la Cruz y acciones como las que denunció Alfredo López, quien llevó al Estado a la Corte IDH, ganó el caso y ahora recibe amenazas para que abandone su comunidad en 24 hora.
“Esa es una situación urgente, grave y que el Estado debe reaccionar de manera inmediata”, concluyó el profesional del derecho.
