Por: Redacción CRITERIO
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Los datos afloran y el círculo se estrecha: Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia durante el período 2002-2010, es objeto de investigación por parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya como presunto autor de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles.
Uribe es oficialmente sospechoso de ser el inductor y organizador de acciones que causaron un número todavía indeterminado de muertes de campesinos y opositores políticos, acciones que fueron perpetradas por grupos paramilitares, miembros del ejército y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.
De hecho, el que fue jefe de los servicios secretos bajo el mandato de Uribe, Jorge Noguera, que el año pasado fue encarcelado y procesado en Bogotá por varios hechos delictivos, ha sido acusado también de haber organizado el asesinato de varios opositores políticos. Por si fuera poco, Uribe también es investigado por haber organizado la banda armada que realizó «labores de limpieza» en las fincas ganaderas de su propiedad.
Imagen captada en La Macarena (Meta, Colombia), donde
está ubicada la fosa común con mayor número de cadáveres
de todas las descubiertas en América, ni siquiera los ejércitos
y bandas paramilitares de las dictaduras más sangrientas
habidas en el continente han perpetrado tan elevado
número de ejecuciones clandestinas
Entre los crímenes que investiga la institución judicial de La Haya destacan los llamados falsos positivos, en referencia a los asesinatos de campesinos acusados sin pruebas de formar parte de las FARC, cuyas muertes fueron presentadas como si se trataran de enemigos abatidos en combate. En un intento de justificar estos crímenes, Uribe ha declarado en varias ocasiones que los falsos positivos fueron «casos aislados», pocos y fruto de errores (¿?)
Frente a esa excusa, los datos de que dispone la Corte Penal Internacional indican que las muertes causadas por error en los llamados «casos aislados» suman más de 3.000.
Esa cifra, que todavía no es definitiva, está basada en las informaciones que han aportado, entre otras fuentes, las propias autoridades del país sudamericano, incluida la Comisión de Paz del Congreso de Colombia.
Los investigadores consideran que las acciones paramilitares y algunas de las realizadas por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado formaban parte de un plan político de carácter institucional organizado desde la cúpula del Estado.
Con la finalidad de burlar la acción de la Justicia, el ex presidente colombiano intenta consolidar la puesta en marcha de una fuerza política denominada “Puro Centro Democrático” para encabezar una candidatura en las próximas elecciones al Senado, pues si resultara elegido podría burlar (o al menos intentarlo) la acción de la Corte Penal Internacional.
