Alianza de Oposición no reconoce a JOH como presidente, manifiestan a comisión exploradora de la ONU

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La Alianza de Oposición Contra la Dictadura, fue representada en la reunión con la comisión exploratoria de la ONU, por el economista Hugo Noé Pino, Boris Espinal y los diputados de Libre, Olivia Zúniga y Jorge Cálix.

Al salir de la cita los representantes de la Alianza manifestaron que encontraron voluntad por parte de los emisarios de la ONU para buscar una salida a la crisis post electoral.

El economista Hugo Noé Pino,  explicó que durante la cita se entregó a la comisión seis planteamientos que la Alianza ha delineado como solución a la crisis, pero enfatizó que en primera instancia se expuso que no se reconoce a Juan Hernández como presidente de la República.

Enumeró que como parte de las demandas se pide que se nombre una comisión especial que investigue los crímenes que se han registrado en el periodo post electoral y al igual que las circunstancias que han conllevado a varios hondureños en calidad de presos políticos.

Asimismo, la práctica de una auditoría forense que arroje los verdaderos resultados del proceso electoral del 26 de noviembre pasado.

Otra de las demandas es el nombramiento de tres mediadores, uno de la ONU y los otros dos en representación de las partes en conflicto.

Refirió que además se estableció que el diálogo debe ser meramente político y vinculante, con carácter legal aprobado mediante decreto en el Congreso Nacional.

Por su parte el diputado Jorge Cálix, que la Alianza de Oposición propone como salida a la crisis tres posibles elecciones, que puede ser la repetición de las elecciones, la segunda vuelta o la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

El parlamentario dijo que la Alianza ha dado muestras de voluntad para establecer el diálogo y que vieron empatía y anuncia por parte de los integrantes de la comisión exploratoria de la ONU.

«Nosotros vemos voluntad por parte de la comisión y de nuestra parte, pero ahora vamos a ver con qué sale Juan Orlando Hernández», finalizó.

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A continuación, los 6 puntos planteados por la Alianza de Oposición contra la Dictadura:

1.- La instalación de una Comisión Especial de ambas partes, integrada por la Alta Comisionada de la ONU en Derechos Humanos en Honduras, con la finalidad de que investigue los asesinatos, agresiones y demás violaciones a los derechos humanos. ocurridas durante todo el período post electoral; que identifique a los autores y presente públicamente denuncias para que a su vez se acuse a los responsables. Asimismo, se ordene el cese inmediato de la represión en contra del pueblo; que la Miela militarse abstenga de usurpar las funciones constitucionales que competen a la policía nacional; que se respete el derecho a la protesta cuando el pueblo se moviliza en los 18 departamentos del país; y que se excarcele de forma inmediata los presos politices y de conciencia, víctimas de la fabricación oficial de juicios.

2.- Vigencia del Derecho a le Verdad. El pueblo hondureño tiene derecho a saber la verdad de por qué el Sistema de Transmisión se cayó y se reinició 640 veces según lo estableció la Auditoria Acotada que practicó le Misión de la OEA; porqué hubo y cuál es el impacto de las «intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático»; y de la «eliminación intencional de rasgos y rastros digitales»; porqué las ‘,lijas de votos abiertas o sin actas» y le «improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento»; porqué las papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales»; y porqué le tendencia irreversible a favor de Salvador Nasralla cambió drásticamente después de le caída del Sistema; hechos que constan en el Informe de le MOE-OEA.

Para conocer le verdad es imperativa le práctica de una Auditoria Forense el Sistema, le documentación electoral total y sus resultados, por un ente u organismo imparcial designado por cada una de las partes. Es inaceptable que un crimen electoral cuya consecuencia es la alteración de le voluntad popular y la imposición de un Presidente espurio, quede en la impunidad. Aceptarlo equivale a validar el hackeo y la burla al sistema de democracia electoral.

3.- No confiamos en la palabra ni le firma de Juan Orlando Hernández porque tiene una larga historia de mentiras e incumplimientos, tampoco confiamos en la institucionalidad del país que únicamente atiende las ordenes e instrucciones del Presidente impuesto y actúa públicamente bajo su control. El Acuerdo de Cartagena y el Pacto de Garantías Mínimas suscrito en la Casa de las Naciones Unidas en agosto de 2013, son dos instrumentos oficiales que JOH se ha negado a cumplir. Su firma y su palabra desconocen los principios éticos que constituyen una guía para toda la sociedad. Por ello las reformas electorales que incluyen un nuevo Censo Electoral, una nueva tarjeta de identidad, la segunda vuelta, un sistema de justicia electoral y un nuevo Tribunal Electoral y Registro Nacional de las Personas constituyen una condición sine qua non en este proceso.

4.- Las partes de este conflicto (Juan Orlando Hernández y le Alianza de Oposición), deben designar como mínimo un mediador y tener derecho a veto, hasta la aceptación recíproca.

5.-. El plazo para el proceso de mediación debe ser de treinta días hábiles, y comprobado el triunfo de la Alianza proceder a entregar la Presidencia a su legítimo ganador Salvador Nasralla y en caso de no poder determinar con certeza el ganador del proceso, como lo expresó la MOE-OEA; pronunciarse sobre:

1. La celebración de un nuevo proceso electoral (propuesto por el Secretario Almagre) con base en la Carta Democrática;
2. Le aceptación y celebración de una segunda vuelta; o
3. Le Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria, previa Consulta Popular o Plebiscito.

6.-El cumplimiento de estas condiciones de mediación debe asegurarse mediante la aprobación de una Ley especial en el Congreso de la República, la cual debe incluir una cláusula de sanciones políticas, económicas y sociales en el marco de la carta Democrática Interamericana, para el caso el incumplimiento por parte de Juan Orlando Hernández, instrumentalizando otros entes o poderes del estado o de forma directa.