Tegucigalpa. La ratificación del Acuerdo de Escazú, el cese a la criminalización de defensores y defensoras, la participación política y el ejercicio de los derechos ciudadanos como medio de resistencia al modelo económico extractivo, fueron algunas de las exigencias discutidas durante el séptimo encuentro regional de las organizaciones que integran la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (Acafremin).
El evento celebrado este jueves 21 de octubre en Tocoa, Colón, contó con la participación de defensoras y defensores de los bienes comunes provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes analizaron la realidad que vive la ciudadanía de los países que integran el CA-4 y el impacto de la continuidad del modelo económico extractivo en un ambiente donde cada día se sienten más los efectos del cambio climático.
Mediante un comunicado expresaron que «los efectos del cambio climático siguen vulnerando a las poblaciones centroamericanas, aumentado las condiciones de pobreza y migración frente a un modelo económico que, sigue propiciando la migración de miles de personas ante el abandono de sus gobiernos que impiden el desarrollo y condiciones de vida digna a sus ciudadanos».
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Manifestaron su preocupación ante «la regresión de los avances en materia de derechos humanos» en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que incluyen el «incremento de los ataques a defensores de derechos humanos, las amenazas a periodistas, y a todo aquel que expresa oposición a las imposiciones autoritarias de los gobernantes».
Al mismo tiempo, advirtieron que las industrias extractivas no solamente han incrementado los riesgos ambientales y sanitarios a causa del incremento de la contaminación ocasionada, sino que desplazan poblaciones enteras obligándolos a tomar el camino de la migración.
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Sobre la urgencia de la ratificación del Acuerdo de Escazú, las y los defensores establecieron que es necesaria la aprobación de Leyes de Agua que tengan como principio el derecho humano al agua y saneamiento de manera justa, equitativa y sin discriminación a los pueblos y que a la vez tomen en cuenta las aguas compartidas o transfronterizas.
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En relación a la criminalización de las y los defensores de derechos humanos, las organizaciones presentes demandaron en Guatemala la libertad de Bernardo Caal y los defensores de la Costa Sur que se enfrentan a la agroindustria de la Caña en Guatemala; por Honduras reclamaron libertad a los héroes y defensores ambientales de Tocoa, Colón, y demás defensores perseguidos por la defensa del agua, la vida y el territorio del bajo Aguán. Así como los defensores y defensoras socioambientales de El Salvador.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía, pueblos y resistencias pacíficas a defender los derechos humanos mediante la participación política y la no subordinación a los intereses económicos que «violentan la constitución, el estado de derecho y convenios internacionales firmados y ratificados en protección de derechos fundamentales».
Esta semana en un artículo de opinión para el diario británico Financial Times, el director de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco, afirmó que el estado de derecho se está desintegrando en Centroamérica y que se requieren acciones urgentes para su resguardo.
