El COPINH denuncia el peligro que enfrentan sus miembros por campañas de odio y filtración de información confidencial y pide al Estado hondureño asumir su responsabilidad en la protección efectiva de defensores y defensoras de derechos humanos
Tegucigalpa, Honduras. – El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) urgió a las autoridades estatales a tomar medidas inmediatas tras la emisión de la primera alerta temprana de 2025 del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
De acuerdo con Camilo Bermúdez del equipo de Litigio del Copinh, la alerta surge directamente de una denuncia presentada por la organización indígena ante el CONADEH y la fiscalía, en la que se expone la gravedad de la campaña de amenazas y difamación que enfrentan sus integrantes.
El asesor legal indicó a Criterio.hn que el COPINH ha documentado más de 3,600 ataques en redes sociales y medios digitales en el último año, los cuales incluyen amenazas directas, difamación, calumnias y contenido gráfico de extrema violencia dirigido principalmente a integrantes de la organización y a los hijos e hijas de Berta Cáceres, entre ellos a Berta Zúniga, actual coordinadora general del Copinh.
“No solamente se difama y se calumnia al COPINH y a las hijas de Berta Cáceres, en especial a Berta Zúniga, sino que se amenaza… Aparecen imágenes con sangre, con la cara ensangrentada de Berta Zúniga, imágenes del logo del COPINH ensangrentadas, videos de decapitaciones haciendo referencia al COPINH y a sus miembros”, detalló Camilo Bermúdez.
VULNERACIÓN DE INFORMACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES
Parte de la denuncia presentada por Copinh incluye la divulgación indebida de información protegida sobre el expediente de las medidas cautelares que amparan a la organización y a la familia de Berta Cáceres. La filtración, señala Bermúdez, representa una grave violación al deber de protección y confidencialidad por parte del Estado hondureño y su mecanismo de protección.
“Dentro de esta campaña, se ha divulgado información del expediente de las medidas de protección del COPINH y la familia de Berta Cáceres… Solicitamos al mecanismo de protección que haga una investigación administrativa y una denuncia penal”, afirmó.
Camilo Bermúdez, confió a Criterio.hn que en respuesta al reclamo del Copinh, el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos sostuvo una reunión con la organización indígena Lenca y reconoció que, tras un proceso de revisión interna, lograron identificar a un grupo específico de personas dentro de sus estructuras que había tenido acceso a los documentos que posteriormente fueron filtrados y usados en la campaña de ataques públicos.
No obstante, a pesar de este reconocimiento inicial y de la gravedad del hecho, Bermúdez señala que, hasta la fecha, ni el Copinh ni las víctimas han recibido un informe oficial ni detalles claros sobre las medidas correctivas o disciplinarias adoptadas por el mecanismo. Este retraso genera un ambiente de incertidumbre y preocupación, dado el riesgo latente que enfrentan los y las integrantes de la organización.
“Llevamos más de un mes esperando un informe sobre qué acciones han tomado”, recalcó el abogado. Además, destacó que, pese a que el mecanismo admitió haber identificado a las personas que accedieron a la información, no se ha informado si se abrió una investigación formal, si hubo sanciones administrativas, ni si se presentó una denuncia penal por la vulneración de datos sensibles.
Caso Berta Cáceres podría escalar a instancias internacionales por falta de resolución
DESCONFIANZA EN EL MECANISMO DE PROTECCIÓN ESTATAL
La falta de respuesta y resolución por parte del mecanismo de protección estatal ha incrementado la desconfianza del COPINH en cuanto a la eficacia del sistema, especialmente tras casos como el asesinato de Juan López, quien pese a contar con alerta y medidas estatales fue asesinado.
“Nos preocupa mucho la situación del mecanismo nacional de protección. En nuestro caso hay pendiente la resolución de un recurso desde octubre de 2022 y el mecanismo no ha respondido… No podemos tener confianza en un mecanismo que lleva ya cerca de tres años sin responder un recurso que pone en riesgo la vida de los integrantes de nuestra organización”, denunció Camilo.
Frente a la inacción nacional, Copinh ha recurrido a instancias internacionales: “Las medidas nacionales derivan de una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya hemos puesto en conocimiento a la comisión de la situación. Esperamos que la Comisión se pronuncie y llame al Estado de Honduras a responder”, concluyó.
El COPINH reitera que la reacción del Estado ante la alerta temprana será crucial para evitar la profundización de la campaña de violencia y garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
Para Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), la filtración de información confidencial desde el mecanismo de protección representa un asunto de suma preocupación, ya que evidencia la falta de manejo adecuado y seguro de datos sensibles relacionados con la seguridad de los defensores de derechos humanos.
Acevedo subraya que no solo se ha vulnerado la confidencialidad que exige la protección efectiva, sino que este acto ha incrementado el riesgo para los miembros del COPINH al exponerlos ante la opinión pública como un grupo privilegiado, situación que podría agravar las amenazas en su contra.
Ante este panorama, Acevedo insiste en que este hecho no puede quedar impune y que, a pesar de que hasta el momento no se ha iniciado una investigación interna seria dentro del mecanismo de protección, es imprescindible que la filtración sea objeto de sanción. “Deben existir consecuencias claras para quienes ponen en riesgo a los defensores, porque la circulación irresponsable de esta información no solo expone a las víctimas, sino que además socava la confianza en las instituciones estatales encargadas de protegerlos”, sostiene el defensor.
Exigen investigación tras filtración de medidas cautelares del Copinh y familia de Berta Cáceres
CONADEH FUNDAMENTA ALERTA TEMPRANA: “EL RIESGO ES ESTRUCTURAL Y DEMANDA RESPUESTAS URGENTES”
El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADEH, Daniel Cáceres, explicó a Criterio.hn que la reciente alerta temprana emitida a favor del Copinh busca advertir sobre riesgos de alto impacto para la organización y llamar la atención de las instituciones estatales y la comunidad internacional. “La finalidad de la alerta temprana es advertir sobre situaciones de riesgo que surgen de problemas estructurales y elevar estos casos al debate público, así como fijar criterios para el avance de los derechos humanos”, subrayó Cáceres.
La decisión de emitir la alerta se fundamentó principalmente en dos elementos: las campañas de desprestigio en redes sociales que incrementan el riesgo y la divulgación pública no autorizada del esquema nacional de protección del COPINH.
Cáceres enfatizó que el contexto de violencia y criminalización hacia defensores del territorio y medio ambiente como el Copinh es diferenciado y agravado, lo que incluye hostigamientos, detenciones arbitrarias y campañas sistemáticas de estigmatización provenientes, en ocasiones, desde funcionarios públicos. “No sólo se registran amenazas de particulares; también hay campañas de desprestigio que emanan de agentes estatales, y la respuesta institucional hasta ahora ha sido insuficiente”, agregó.
La alerta también analiza el impacto diferenciado que estas campañas tienen sobre las mujeres defensoras, citando el caso de las hijas de Berta Cáceres, quienes han sido objeto de ataques simbólicos violentos orientados a intimidar y mermar su labor de defensa. A esto se suma la preocupación por la vigilancia, allanamientos y desplazamientos forzados sufridos por miembros del Copinh, así como los recientes asesinatos de integrantes de comunidades vinculadas a la organización.
En cuanto a las medidas de protección y su efectividad, Cáceres indicó que existen deficiencias en la implementación y seguimiento por parte del Estado, incluyendo la persistencia de recursos sin resolver desde 2022 y la filtración de información reservada atribuible a funcionarios. “El Estado tiene la obligación de prevenir y mitigar riesgos cuando tiene conocimiento de ellos, y en este caso, la cadena de responsabilidades incluye posibles omisiones y negligencias graves”, enfatizó Cáceres.
La alerta del CONADEH formula una serie de recomendaciones al mecanismo nacional de protección y otras instancias estatales, instando a resolver recursos pendientes, reforzar la protección, abrir investigaciones sobre la divulgación de información y asegurar la sanción a quienes promuevan la estigmatización.
