Mientras la DECA recomendó en enero cerrar la mina Sapadril de la empresa Agrecasa por daños ambientales, Inhgeomin ordeno su reactivación, pese a resistencia comunitaria
Tegucigalpa, Honduras. – La Red Hondureña por Escazú emitió una alerta ante la posible orden de desalojo y criminalización de líderes comunitarios que mantienen el campamento René Alemán en Sapadril, Puerto Cortés, instalado en protesta por la reactivación de operaciones de una mina no metálica a cielo abierto.
“Este hecho representa un grave precedente de criminalización de la protesta social y la defensa ambiental, vulnerando el derecho a la participación comunitaria, la dignidad humana y los estándares internacionales de protección hacia personas defensoras”, advirtió la red, integrada por 35 organizaciones que promueven la defensa de los bienes comunes y el territorio.
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La organización recordó a las autoridades que defender la tierra, el agua y el bosque no es un delito, y subrayó que exigir transparencia, participación y protección ambiental es un derecho garantizado por la Constitución de la República.
El campamento René Alemán fue instalado en abril de 2025, luego de que se reactivaron las operaciones de la empresa Agregados del Caribe S.A. de C.V. (Agrecasa), ubicada en Brisas de Tramades en el Sector Medina de Puerto Cortés.
En esa fecha, los liderazgos comunitarios denunciaron a Criterio.hn que las afectaciones por la explotación minera no se limitan a daños ambientales o a la infraestructura, sino que también impactan la salud de los pobladores de varias comunidades aledañas.
En agosto de 2025, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) emitió una alerta temprana sobre la conflictividad socioambiental en Sapadril derivada de la actividad minera. El documentó recomendó monitorear y controlar los impactos ambientales, proteger la salud de las comunidades, garantizar el acceso a la información y participación ciudadana, fortalecer las instituciones públicas encargadas del cumplimiento ambiental y aplicar el principio de precaución.
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Por su parte, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), en un análisis elaborado por Lucía Vijil, señaló las contradicciones entre las recomendaciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y la postura del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).
De acuerdo con el análisis del Cespad, la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), adscrita a la Serna, emitió un dictamen que recomendó no renovar la licencia ambiental de Agrecasa por los ocasionados a cuerpos de agua y áreas protegidas, los cuales constituían para una clausura definitiva. Sin embargo, Inhgeomin ha ordenado reiteradamente la reactivación de la empresa, pese a los dictámenes técnicos en contra.
