Tegucigalpa.- La penalización absoluta del aborto no está acorde con la Constitución hondureña e incumple las obligaciones internacionales de derechos humanos que tiene el país, afirmó hoy Marcia Aguiluz abogada de la dirección legal de la organización internacional Women’s Link Worldwide a través del amicus curiae que presentara ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El amicus curiae respalda el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el movimiento Somos Muchas que busca despenalizar la interrupción del embarazo en tres causales, cuando la vida o a la salud de la mujer o una niña embarazada está en riesgo; cuando exista malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero, y cuando el embarazo ocurra como consecuencia de una violación sexual.
La organización recuerda a la Sala de lo Constitucional de la CSJ, que el derecho a la salud sexual y reproductiva, en especial el aborto, hacen parte del acceso a la salud en condiciones de igualdad y no discriminación. Así mismo, asegura que la penalización absoluta del aborto en Honduras y su elevación a rango constitucional, son medidas que aumentan el riesgo de las mujeres y las dejan desprotegidas frente a un sistema que no reconoce plenamente sus derechos.
“Con algunas excepciones, en América Latina, hay una tendencia a ampliar el acceso al aborto, pues cada vez es más evidente que tenerlo como delito no lo evita, solo aleja a las niñas y mujeres de los servicios de salud seguros, en especial a las que viven en contextos de vulnerabilidad, y las obliga a acudir a procedimientos riesgosos que ponen en peligro su salud y sus vidas. La Corte Suprema de Justicia tiene una oportunidad única de cambiar esta realidad”, afirma Marcia Aguiluz, abogada de la dirección legal de Women’s Link Worldwide.
Por su parte, Regina Fonseca del movimiento Somos Muchas, recuerda que, en la última visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país en el 2012, mostró su preocupación por el elevado número de embarazos adolescentes y por el nivel de violencia sexual que experimentan al igual que las niñas. Honduras es el segundo país con mayor embarazo adolescente en América Latina, con un promedio nacional de 24% en niñas con edades entre 15 y 19 años. Como si fuera poco, cerca de la mitad de esos embarazos son producto de violaciones.
En la intervención ante la Corte también se le pide a la Sala tener en cuenta que, diferentes organismos de derechos humanos, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de la Convención para la Erradicación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y el de Expertas y Expertos (CEVI), que hace parte del seguimiento a la Convención Belém do Pará, afirman que la prohibición absoluta del aborto y los embarazos forzados son formas de tratos cruel, inhumano y degradante.
Finalmente, la organización hace un llamado a respetar el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos, que implica el compromiso que adquieren los Estados a no adoptar medidas legales que restrinjan o retrocedan derechos.
“La penalización absoluta del aborto y la posterior reforma constitucional que la blinda constituyen restricciones regresivas que ponen en peligro a las niñas y a las mujeres. Por el contrario, la despenalización del aborto en las tres causales propuestas por el recurso de inconstitucionalidad presentado por las organizaciones que integran el movimiento Somos Muchas, es una medida consecuente con los compromisos adquiridos por el país en materia de protección de derechos humanos”, explicó Fonseca.
El evento fue acompañado por una estatua viviente simbolizando la justicia y una veintena de jóvenes de Somos Muchas que demandaron a la CSJ respuesta al recurso de inconstitucionalidad.
