Tegucigalpa.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de exhibición personal en favor de los difuntos del cementerio ancestral de San Andrés en la comunidad Maya Chortí de Azacualpa, en el municipio de La Unión, Copán, cuyos cuerpos fueron exhumados ilegalmente.
La información fue anunciada por el Bufete Estudios Para la Dignidad, cuyos abogados presentaron la semana pasada un hábeas corpus exigiendo a la Secretaría de Salud y a la empresa Minerales de Occidente S.A. de C.V. (Minosa) indiquen la ubicación exacta de los cuerpos exhumados ilegalmente.
El recurso de exhibición personal tiene como propósito defender y hacer respetar la dignidad de los fallecidos, así como de la comunidad de Azacualpa, indicó el bufete jurídico desde sus redes sociales.
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La exhumación de los cadáveres del cementerio comunitario de Azacualpa es ilegal pues la misma fue realizada a partir de una orden emitida por el Juzgado de Letras de Santa Rosa de Copán, que entra en abierta desobediencia con lo instruido por la Sala de lo Constitucional en noviembre de 2020 y la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán en febrero de 2022, que instruían parar las exhumaciones por parte de Minosa, filial en Honduras de la transnacional Aura Minerals.
SE AMPLIA CATALOGO DE SUPUESTOS PARA PRESENTAR HÁBEAS CORPUS
Pedro Mejía, uno de los abogados del Bufete Estudios Para la Dignidad que llevan el caso, dijo a Criterio.hn que la admisión de este hábeas corpus por la CSJ es un paso importante en la práctica judicial y en el reconocimiento de los estándares internacionales en derechos humanos puesto que introduce ubicar personas fallecidas e ilegalmente exhumadas y de quienes no se encuentra su paradero.
El profesional del derecho indicó que este tipo de recurso de exhibición personal bajo este planteamiento, es la primera vez en ser introducido en Honduras y en Latinoamérica solo existen dos casos similares.
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“Esta admisión por parte de la Corte Suprema de Justicia amplía el catalogo de supuestos situaciones que habilitan a las personas para presentar un hábeas corpus y que, está fundamentado en el principio de dignidad humana y en estándares internacionales relacionados al respeto de los cadáveres de las personas fallecidas y en el respeto a las personas vivas y al sufrimiento y humillación que les provoca el no tener conocimiento del paradero de sus familiares, de sus muertos”, explicó el abogado Mejía.
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS O RESOLUCIONES EN DD HH, UN RETO PARA LA CSJ
El abogado del Bufete Estudios Para la Dignidad señaló que con esta admisión de este amparo se presenta un gran reto a nivel sistémico de la CSJ, que es la ejecución de sentencias o resoluciones que reconocen vulneraciones de derechos humanos.
La interrogante es: ¿Cómo garantizará la Corte Suprema de Justicia que la admisión del hábeas corpus, que nombra dos jueces ejecutores para ubicar los cadáveres, se cumpla? A la vez que se evita, lo que muchas veces ha ocurrido, en que los poderes fácticos y económicos de la transnacional minera se anteponen a la resolución como ya ha ocurrido anteriormente y que generalmente ocurre en todo el sistema de justicia cuando se trata de derechos humanos.
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“Nuestro trabajo se centraría en garantizar que los jueces ejecutores nombrados efectivamente ubiquen y hagan todo cuanto sea posible para ubicar los cadáveres de los familiares de la gente de Azacualpa y que con seguridad, con certeza, adopten cuanta decisión sea necesaria para que esos cadáveres sean retornados a su camposanto de origen”, concluyó Mejía.
