Tegucigalpa. – Por indicios de delitos ligados a la corrupción en la administración pública de Tocoa durante la convocatoria y desarrollo del cabildo del 13 de junio, integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de ese municipio interpusieron una denuncia contra el alcalde Adán Fúnez y tres regidores.
Los indicios de delitos involucran actos de discriminación, prevaricato administrativo, y abuso de autoridad, en los que estarían implicados tanto Fúnez, como los concejales municipales Boris Simeón Elencoff Martínez, Vilma Teresita Dubón Domínguez y Felipe de Jesús Murillo Damas.
En el escrito de la denuncia, presentada ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCOOP), el viernes 28 de junio, las y los denunciantes pidieron abrir “líneas de investigación orientadas por lógica jurídica a esclarecer la concurrencia de presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias”.
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Juana Esquivel, integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, expresó a Criterio.hn que el contexto en que se realizó el cabildo, además de discriminatorio, fue de violencia y de limitaciones al derecho a la participación de las comunidades.
“Estamos exigiendo en esta denuncia que se investiguen los presuntos delitos de tráfico de influencia, porque es clara la posición que estos regidores y el alcalde han mostrado para favorecer este proyecto”, declaró Esquivel.
Otras irregularidades que señaló es que el cabildo no fue acordado ni convocado como lo establece la Ley de Municipalidades, tampoco hubo un mecanismo que definiera una efectiva participación de las comunidades tanto a favor o en contra del proyecto termoeléctrico Ecotek.
ADÁN FÚNEZ NO ESCUCHÓ AL PUEBLO EN ARBITRARIO CABILDO
Vilma Cruz, residente de Guapinol en Tocoa, Colón, relató a Criterio.hn, que su comunidad, pese a ser una de las afectadas, no fue escuchada durante el arbitrario cabildo, así como tampoco lo fueron otras poblaciones que están en desacuerdo con el proyecto.
Señaló que Fúnez arribó y procedió a realizar el cabildo, pese a los gritos de oposición por parte de las comunidades presentes, entre ellas Guapinol. “Él al pueblo no lo escuchó”, comentó, Cruz.
Agregó que no se oponen al desarrollo, pero sí a proyectos que son un peligro para la vida de las personas que habitan las comunidades del municipio. Cruz declaró, además, que mientras Fúnez asegura que realizó el cabildo en beneficio del desarrollo de la comunidad, la consecuencia será el despojo.
Cruz se refiere al componente termoeléctrico del megaproyecto minero de Inversiones Pinares e Inversiones Ecotek, ambas del Grupo Emco, que es promovido por el oficialismo como la solución a la problemática energética en la región.
Además de formar parte de un repudiado megaproyecto minero que criminalizó a una veintena de defensores, ocho de ellos en prisión preventiva por al menos 900 días y por el que habrían asesinado a otros tres en 2023, el componente termoeléctrico será alimentado con petcoke o coque de petróleo.
Este combustible, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos– es usado en la fabricación de hierro y acero, y sus emisiones contienen sustancias carcinógenas como el cadmio y el arsénico.
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Cruz dijo a Criterio.hn que los habitantes de las comunidades más cercanas a la planta no quieren que se instale el megaproyecto minero de Ecotek y Pinares ni su componente termoeléctrico, por medio del que “están engañando a la gente diciendo que es para [solventar] los apagones que hay en Tocoa”.
La Corporación Municipal, además de Adán Fúnez, como alcalde, y el vicealcalde Marco Aurelio Maradiaga Molina, cuenta con diez regidores. Tres de estos concejales –Juan López, Leonel George y Félix Chávez –, un día antes que se celebrara el cabildo, publicaron una carta en la que enlistaron una serie de considerandos en los que incluyeron irregularidades en el proceso, entre ellas la ausencia de un acuerdo de la corporación municipal para que Fúnez convocara al cabildo.
Señalaron que al ser un proyecto de categoría 4 que compromete la vida, no correspondía la socialización y aprobación en cabildo abierto, sino a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) desarrollar el proceso, en cumplimiento de las normas técnicas y legales de protección de los recursos naturales.
Finalmente, denunciaron el abuso de autoridad en el que incurrió Fúnez al violentar las normas de derecho público y contradecir la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medida cautelar a los derechos sociales y ambientales de Tocoa.
