Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Que Honduras ratifique el acuerdo de Escazú es de vital importancia para el cuidado del medio ambiente y porque vendría a minimizar los conflictos ambientales en el país ocasionados por los proyectos extractivistas.
Este día en conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra y la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, FIAN Honduras organizó una jornada con defensores y profesionales del derecho enfocada en la relevancia que tiene la adhesión de Honduras a este tratado en medio de los múltiples conflictos ambientales ocasionados por proyectos extractivistas en Honduras.
La secretaria ejecutiva de FIAN Honduras, Claudia Pineda, expresó a Criterio.hn que este primer encuentro organizado junto a la Red Hondureña por Escazú busca dar a conocer las implicaciones y alcances que tendría la adhesión por parte del Estado de Honduras en la aplicación de los derechos de acceso a la información y justicia frente a los contextos críticos que amenazan el medio ambiente en el país.
Honduras no firmó ni ratificó en el tiempo establecido el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Al respecto, Pineda dijo que se desconoce por qué Honduras no ha tomado la decisión definitiva de acompañar la firma del acuerdo, pero se sabe que las diferentes instituciones vinculadas a los temas sostuvieron reuniones al respecto.
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La representante de FIAN Honduras resaltó que el Acuerdo de Escazú vendría a fortalecer el marco jurídico nacional en temas de acceso a información pública y defensa del medio ambiente. También abriría las puertas para adoptar estándares internacionales que viabilizan la participación activa y efectiva en la toma de decisiones en materia ambiental y el derecho al veto cuando se realizan las consultas.
Asimismo, proporciona instrumentos jurídicos para la protección física y mental de los defensores de los derechos ambientales cuando estos se enfrentan a conflictos con empresas y la institucionalidad pública no ejerce mediación. Esto tiene especial relevancia en Honduras, donde ser defensor de los derechos ambientales conlleva riesgos mortales.
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La organización Global Witness en su informe «Defendiendo el mañana: Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente», publicó en julio de 2020, que los asesinatos contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en Honduras aumentaron de 4 en 2018 a 14 en 2019. «Es el país con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales contra activistas», especificó el documento.
Pineda concluyó que el acceso a la información y la justicia son ingredientes fundamentales para la construcción de una verdadera democracia y gobernanza, sobre todo cuando se trata de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de poblaciones que han sido históricamente vulnerados.
A la fecha 24 países latinoamericanos firmaron el Acuerdo de Escazú y 13 de ellos ya lo ratificaron; sin embargo, Honduras se encuentra entre la minoría de países que no firmaron ni ratificaron el histórico acuerdo. Las autoridades hondureñas dilataron el proceso alegando que estaban a la espera de la respuesta de las instituciones consultadas.
