El estado de excepción estará vigente hasta el uno de enero de 2024, luego que el Poder Ejecutivo lo publicara en el diario La Gaceta, pero este no ha sido ratificado por el Congreso Nacional desde junio de este año, lo que provocaría que las acciones ejecutadas por las autoridades de seguridad incurran en ilegalidad
Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el Poder Ejecutivo haya publicado en el diario La Gaceta una nueva prórroga al estado de excepción, las acciones que ejecuten las autoridades de seguridad, amparados en esta medida, podrían ser ilegales, porque su vigencia no ha sido ratificada, en los últimos meses, por el pleno de diputados del Congreso Nacional, de acuerdo con consultados por Criterio.hn.
“Mientras no se ratifique, no se puede convalidar. Al no ratificarse Alguien podría alegar nulidad del acto que haga la Policía (…) el Poder Ejecutivo lo extendió vía decreto, pero sólo el Poder Legislativo puede ratificar y suspender garantías constitucionales”, analizó el diputado del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios.
La última vez que el pleno de diputados con la mayoría simple de votos (65) ratificó una prórroga de 45 días del estado de excepción, fue en julio de este año, la que tuvo vigencia hasta el 19 de agosto. Desde esa fecha el tema no volvió a ser tocado por los congresistas que mantienen sumergido el Poder Legislativo en una crisis, en su arraigada lucha de intereses políticos.
Sin embargo, Barrios considera que las prórrogas que dan vida a esta medida, que estará vigente hasta el uno de enero de 2024, según la última actualización del Poder Ejecutivo mediante el PCM-04-2023, podrían ser ratificadas sin ningún problema en la apertura de la tercera legislatura del Congreso Nacional, es decir, hasta el próximo año.
“Todas esas ratificaciones (que faltan) pueden ser aprobadas por el Congreso Nacional en la siguiente legislatura. Además, los PCM deberían estar en la secretaría del Congreso, enviados por el Poder Ejecutivo, esperando su ratificación”, mencionó Barrios, que es abogado penalista.
De igual forma, planteó que la Comisión Permanente, nombrada por la junta directiva del Congreso Nacional, el pasado 31 de octubre, tras concluir la segunda legislatura, puede convocar a una sesión extraordinaria para aprobar las prórrogas que no se han ratificado y atender otros temas de interés.
El nombramiento e instalación de la Comisión Permanente mencionada por Barrios, es precisamente una de los causales que ha llegado a profundizar la crisis en el Legislativo, porque los nueve diputados que la conforman, amparados en lo que dice el numeral 11 del artículo 208 de la Constitución de la República, nombraron de manera interina a un nuevo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP).
El proceso fallido de elección de las autoridades del ente investigador, mantuvo estancada la celebración de sesiones ordinarias desde el uno de septiembre de 2023 hasta el 31 de octubre, lo que provocó que no se aprobaran y derogar decretos y leyes, como es la ratificación del estado de excepción.
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LA NO RATIFICACIÓN ACARREA ILEGALIDAD
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, compartió el punto de vista del abogado Barrios, y agregó que, la no ratificación de las prórrogas del estado de excepción, además de provocar que las acciones de los uniformados puedan caer en ilegalidad, se está violentando el orden constitucional.
“Todo lo actuado queda al margen de la ley, aunque ya se haya publicado, porque no se ha ratificado por el Congreso. La ratificación corresponde a un proceso constitucional, el orden es: los estados de excepción son declarados por la presidenta, y después ratificados por el Congreso. De no ser así no se mantiene el orden constitucional”, explicó la diputada.
Aunque toda la medida podría caer en nulidad al no ratificarse, lo que más pondría en vulnerabilidad a las autoridades de seguridad, es continuar amparando en el estado de excepción para realizar operativos, apagándose a la suspensión de algunas garantías constitucionales.
Desde que entró en vigencia el estado de excepción, el 6 de diciembre de 2022, se suspendieron las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 84, 93 y 99 de la Constitución. Lo que permite a las autoridades ejecutar allanamientos y arrestos sin tener una previa orden emitida por el Poder Judicial.
“Entonces, la consecuencia de no ratificar el estado de excepción es que, si una persona decide poner una denuncia porque fue violentado en un operativo, las autoridades no se pueden amparar en el estado de excepción porque no está ratificado. Al no estar ratificado no tienen asidero legal para hacer allanamientos sin orden judicial”, mencionó la diputada.
Agregó que “es una situación en la que hay que tener mucho cuidado, y las víctimas tienen un recurso legal que pueden utilizar por la falta de ratificación en el Congreso, para que quede en nulidad todo lo que puedan estar haciendo amparados en el estado de excepción”.
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ENCAMINADA A SER UNA MEDIDA PERMANENTE
Lejos de la ilegalidad en la que podrían estar incurriendo las autoridades, el abogado constitucionalista, Joaquín Mejía, plantea que la medida implementada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pasó de ser excepcional, a estar convirtiéndose permanente, lo que cambia su origen legal.
“La reflexión más importante que debemos hacer es que el estado de excepción es una medida extraordinaria, excepcional, pero cuando estamos hablando que se va a cumplir un año, esa medida perdió su naturaleza y se ha convertido en permanente”, opinó Mejía.
El argumento de las autoridades de mantener el estado de excepción, que estará vigente hasta las 6:00 p.m. del uno de enero, es los resultados que han obtenido. Alardean de bajar el índice de homicidios y desarticular grandes agrupaciones criminales encargadas de hacer el cobro de extorsión.
