La Junta Nominadora hizo pública la convocatoria a las abogadas y los abogados que busquen ser magistrados de la Corte
Tegucigalpa.- La Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha girado este jueves la oficial convocatoria a las y los profesionales del derecho que aspiren a ocupar dichos cargos del Poder Judicial, a presentar la documentación requerida para ser evaluados.
A través de un comunicado, la Junta Nominadora precisó que el período de autopostulaciones concluirá el 31 de octubre de 2022. La documentación requerida, informó el órgano ad hoc, será recibida en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, a excepción del último día, debido a que la recepción de documentos se extenderá hasta las 11:59 de la noche.
A diferencia de los tres procesos de nominación y elección previos, ocurridos en 2001-2002, 2008-2009 y 2015-2016, las siete organizaciones que integran la Junta Nominadora no tienen la facultad para presentar sus propios listados con postulantes, evitando que se conviertan en “juez y parte”.
Además de la solicitud de autopostulación, las abogadas y los abogados deberán presentar documentos generales, información de salud, profesional y académica, así como financiera, patrimonial y fiscal. De igual modo, información que constate ausencia de denuncias, procesos administrativos, penales o disciplinarios.
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A cargo de la recepción de documentos estará el secretario técnico, Gustavo Solórzano, y los secretarios técnicos adjuntos, Karol Bobadilla, Karla Escalante y Ariel Díaz. Todos ellos trabajarán bajo la coordinación de la secretaria general de la Junta Nominadora, María Elena Sabillón, quien representa a las centrales obreras.
Los documentos, anunció la Junta Nominadora, se recibirán en las instalaciones del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), localizado en las instalaciones de Ciudad Universitaria, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Ningún documento será recibido vía electrónica.
Aunque hay 30 mil 780 profesionales del derecho inscritos en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), solo 1 mil 147 de ellos (el 3.73%) cuentan con un exequátur de notario, un requisito discriminante para quienes aspiran a ocupar las más altas magistraturas del Poder Judicial.
Hasta antes del 27 de marzo de 2013, cuando el Congreso Nacional era presidido por Juan Orlando Hernández, cualquier abogada o abogado podía aspirar a ser magistrado de la Corte. No obstante, Hernández influyó para que tres artículos de la Constitución fueran reformados y limitó la aspiración únicamente a personas con los títulos de abogado y notario.
¿QUIÉNES ASPIRAN A AUTOPOSTULARSE?
Criterio.hn ha conocido que reconocidos profesionales del derecho han comenzado a realizar los trámites correspondientes para aspirar a convertirse en magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Entre ellos figuran dos expresidentes del CAH, Fredis Cerrato -de filiación a Libertad y Refundación- y Anny Ochoa -de filiación al Partido Nacional-.
Durante el último proceso de nominación y elección, que se desarrolló entre 2015 y 2016, Ochoa fue incluida en la lista que la Junta Nominadora envió al Congreso Nacional el 23 de enero de 2016.
Sin embargo, no fue electa entre las 15 personas que actualmente ocupan los cargos de más alto nivel dentro del sistema de administración e impartición de justicia.
Asimismo, la magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Gaudy Bustillo -afín al Partido Nacional-, está aspirando a integrar la nómina de 45 candidatas y candidatos que se remirtirá al Legislativo a más tardar el 23 de enero de 2023.
También tiene la misma intención la exministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, y la actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Fernanda Castro -de filiación al Partido Liberal-, quien busca hacer uso del derecho constitucional que le permite ser reelecta.
Durante el proceso de 2015 y 2016, Castro fue postulada ante la Junta Nominadora por la representación de la Corte, encabezada en ese entonces por el exdiputado liberal Ricardo Rodríguez (2006-2010), quien en el último proceso de nominación respondió a los intereses del expresidente del Poder Judicial, el también liberal Jorge Rivera Avilés (2009-2016).
María Fernando Castro, calificada por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa como una “abogada de actos reñidos con la ley”, fue una de las juezas que otorgó sobreseimientos definitivos y provisionales a implicados en el Caso Pandora, amparados en pactos de impunidad que continúan vigentes dentro del marco normativo hondureño.
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El 13 de junio de 2018, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) -ahora Uferco- y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) presentaron el Caso Pandora, que desnudó la malversación de unos 282 millones de lempiras sustraídos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
La operación, dirigida por Hilda Hernández -fallecida hermana de Juan Orlando Hernández-, involucró en actos corruptos a varios funcionarios y diputados, entre ellos el expresidenciable por el Partido Liberal, Elvin Santos.
¿QUÉ SIGUE?
Después del 31 de octubre, la Junta Nominadora abrirá un expediente para cada persona que se autopostuló y, con base en ello, determinará si cumplen con los requisitos legales para continuar en el proceso.
Una vez superado ese filtro, todos los autopostulantes pasarán a la fase de entrevistas públicas y se someterán a la matriz de evaluación, que puntuará criterios éticos, morales e idóneos.
A consecuencia de esa evaluación, los siete nominadores definirán quiénes cumplen con el mejor perfil para ser nominados ante el Congreso Nacional.
A más tardar el 23 de enero de 2023, la Junta Nominadora enviará al Legislativo una nómina con no menos de 45 candidatas y candidatos (23 mujeres y 22 hombres, en ese escenario).
El 25 de enero, los 128 diputados de las seis bancadas presentes en ese poder del Estado, con al menos 86 votos, elegirán a las y los 15 profesionales del derecho -como mínimo ocho mujeres- que ejercerán como magistradas y magistrados de la Corte.
Una vez instalada la Corte el 27 de enero, el pleno de magistradas y magistrados elegirá a un presidente en un plazo máximo de 24 horas, quien será ratificado por el Congreso Nacional.
Posterior a ello, el presidente o la presidenta de la Corte designará a las y a los cinco magistradas y magistrados de la Sala de lo Constitucional, mientras que las otras tres salas (Penal, Civil y Laboral) contarán, cada una, con tres togadas y togados.
