“Incluso si se llegara a dar con el paradero de los autores materiales [del crimen], mientras los autores intelectuales no sean descubiertos y puestos a la orden de la justicia, este caso seguirá en impunidad”, afirmó el abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Carlo Jiménez
Tegucigalpa, Honduras. – A un año de los asesinatos de Alí Domínguez y Jairo Bonilla –dos defensores del Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras, y los ríos Guapinol y San Pedro– la justicia sigue en deuda.
El crimen perpetrado el sábado 7 de enero de 2023 en la aldea La Concepción en Tocoa, Colón, rápidamente fue atribuido a un asalto por la Policía Nacional. Esta versión fue posteriormente descartada por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Cinco meses más tarde, el 15 de junio, fue asesinado Óscar Oquelí Domínguez, en su casa de habitación resultando herida su madre. Oquelí era hermano tanto de Alí como de Reynaldo Domínguez, presidente de la Junta de Agua de la comunidad de Guapinol, y opositor al megaproyecto minero de óxido de hierro en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Alí, Reynaldo Domínguez y otro hermano, formaron parte de las 32 personas defensoras del agua que fueron criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares del Grupo Emco Holding, presidido por el empresario Lenir Pérez, a quién el FBI tocó las puertas de su residencia en Florida en abril de 2023.
NI AVANCES NI DETENCIONES
La defensora e integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Adilia Castro, afirmó a Criterio.hn que tanto la organización, familiares y el Bufete Justicia para los Pueblos han dado seguimiento al caso sin que a la fecha se haya presentado información relacionada a avances en la investigación de los crímenes, tampoco hay personas detenidas.
Castro apuntó que, en este caso, como en muchos otros que involucran delitos contra la vida en El Aguán, siguen a la espera de una justicia con capacidad para dar no solamente con las personas directas que cometieron el crimen, sino también con los autores intelectuales que dieron las órdenes, además de establecer la motivación detrás de estos.
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“No es pura casualidad que en este caso dos hermanos [Alí el 7 de enero y Oquelí el 15 de junio] hayan sido asesinados en el mismo año. Nosotros creemos que la justicia hondureña […] tiene una deuda enorme en esta región de El Aguán”, comentó Castro.
Agregó que al igual que en otros casos de asesinatos en el Bajo Aguán, se repite el patrón en el que entidades con la responsabilidad de investigar no avanzan en la deducción de responsabilidad a los autores materiales e intelectuales, ya sea por falta de capacidad, falta de voluntad o por complicidad.
MIENTRAS AUTORES INTELECTUALES NO SEAN DESCUBIERTOS, CASO SEGUIRA EN IMPUNIDAD
“Incluso si se llegara a dar con el paradero de los autores materiales [del crimen], mientras los autores intelectuales no sean descubiertos y puestos a la orden de la justicia, este caso seguirá en impunidad”, afirmó el abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Carlo Jiménez.
El profesional del derecho, quien acompaña la causa, afirmó a Criterio.hn que la fiscalía regional del Bajo Aguán se ha mostrado particularmente renuente a compartir avances investigativos o información en el caso que concierne a Alí Domínguez y Jairo Bonilla.
“Aún como abogado de las víctimas, la fiscal que estaba dirigiendo el proceso investigativo no daba mayor información, de forma muy escueta y en realidad muy poca apertura para nosotros, como representantes de las víctimas, tener acceso a la información sobre el caso”, comentó Jiménez.
Afirmó que desde el inicio generó alarma que la misma Fiscalía Regional del Bajo Aguán, que “persiguió, criminalizo a esta gente, que inventó pruebas, que manufacturó elementos de prueba para acusarlos y mantenerlos privados de libertad”, fuese la encargada de investigar los asesinatos.
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“Acudimos a las instancias pertinentes, a la Fiscalía General para solicitar que fuera un equipo externo, que fuera la Fiscalía de Delitos contra la Vida de Tegucigalpa, puntualmente, quien se encargara de investigar este caso, pero no lo logramos. Las autoridades hicieron oídos sordos a esto”, recordó.
Jiménez señaló que ni siquiera hay una línea de investigación que considere la existencia de autores intelectuales más allá de los autores materiales, quienes supuestamente fueron identificados en su momento, pero contra quienes no se tiene conocimiento que se haya girado y mucho menos ejecutado una orden de captura.
“Para nosotros es muy claro que quienes realizaron este crimen son sicarios, que fueron contratados por alguien que obtiene un beneficio de haber eliminado a estas personas. Indudablemente para nosotros, para las comunidades, para el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y para el equipo jurídico, no podemos desligar esto de los intereses y el actuar de la empresa”, concluyó el abogado.
