El coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández apuntó que a un año de la tragedia de la Anapo “no tenemos verdad, no tenemos justicia”, y que es necesaria una investigación para romper un patrón de formación policial violento que una vez finalizado es reproducido contra la ciudadanía en general
Tegucigalpa, Honduras. – El dolor no cesa para los familiares de Jairo Josué Martínez Cruz, Ronal Javier Coello y Kevin Mejía Sánchez, particularmente porque a un año de sus muertes mientras realizaban pruebas físicas — previo al ingreso en la Academia Nacional de Policía (Anapo) — el Estado mantiene en secretividad el caso.
Carmen Torres, esposa del médico Kevin Mejía quien falleció tras someterse al examen, relató a Criterio.hn que, al cumplirse un año, las autoridades siguen sin revelar los resultados arrojados por las autopsias, por lo que continúan sin conocer la causa de muerte de sus seres queridos.
“Todo esto ha sido muy duro, tanto para mis hijos como para mi, una mamá, el papá, sus hermanos. Para todos ha sido muy difícil, ya que él [Kevin] era una persona tan amable, bondadoso. Jamás nos íbamos, jamás en la vida nos íbamos a poder imaginar que él iba a llegar a la Anapo solo a fracasar”, contó.
Torres relató que su pareja decidió ingresar a la Anapo para poder estar cerca de su familia que vive en la capital hondureña. “Para él, siempre, su prioridad fue su familia”, y su trabajo estaba en San Pedro Sula. “Él era quien nos protegía, bueno, qué era lo que no hacía él por nosotros, realmente. Él daba la vida por nosotros”.
En la conferencia de prensa, organizada por el Bufete Estudios para la Dignidad, participaron Leonardo Martínez y Sergio Izaguirre, el primero padre de Jairo Martínez —una de las víctimas mortales— y el segundo uno de los aspirantes cuya salud fue afectada por las pruebas físicas realizadas.
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Leonardo Martínez pidió al gobierno que saquen adelante la investigación y de esta forma eviten que el suceso que provocó la muerte de los jóvenes profesionales quede en la impunidad y se juzgue a todas las personas responsables, tanto autores materiales como intelectuales.
En la misma línea, Sergio Izaguirre, uno de los aspirantes que sufrió complicaciones médicas producto de ese día de ingreso en la Anapol, pidió que el caso no quede en secretividad. Apuntó que la información que se ha brindado “no es verídica y queremos una investigación que se realice de una manera adecuada, oportuna y sin secretividad”.
SIN VERDAD NO HAY JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES
El abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Lestter Castro, declaró que en varias ocasiones han solicitado al Ministerio Público que abra la investigación por la muerte de los tres aspirantes a la Academia Nacional Policial, sin embargo, esto no ha ocurrido aún.
Apuntó que ya se cumplió un año sin justicia, en impunidad y en el que la Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) ha afirmado que no hay responsabilidad por parte de dicho despacho en los hechos que ocurrieron el domingo, 11 de septiembre de 2022. Pese a que los mismos provocaron la muerte de tres personas y perjudicó la salud de más de 30 aspirantes policiales.
El coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández dijo que a un año del suceso “no tenemos verdad, no tenemos justicia” y que es necesaria una investigación para romper un patrón de formación policial violento que una vez finalizado es reproducido contra la ciudadanía en general.
El bufete legal representa a los familiares de las tres víctimas mortales y cinco de los más de treinta aspirantes que resultaron con afectaciones de salud, en circunstancias que a un año siguen sin ser esclarecidas por las autoridades hondureñas. Ni siquiera tienen acceso a los informes de las autopsias de los fallecidos ni a las pericias médico forense de quienes sobrevivieron.
Fernández señaló que apelarán la decisión de la Fiscalía de Derechos Humanos de mantener en secretividad las investigaciones ante el Poder Judicial, puesto que “las víctimas y los imputados son elementos centrales de la investigación y tienen acceso a todas las fases del proceso”, incluida la investigación.
El abogado señaló que esta “es una practica bastante extendida”, que forma parte de “un comportamiento abusivo del Ministerio Público por una interpretación errónea y caprichosa de su función”, puesto que, si bien cuenta con el monopolio de la acción penal, esto no resta que los demás actores no sean sujetos y puedan participar.
Agregó que es momento que romper este comportamiento institucionalizado y darle el lugar que les corresponde a las víctimas en el sistema de justicia nacional, e irlo alimentando con los precedentes que existen a nivel de los sistemas internacionales de derechos humanos.
“Lo primero que puedo decir sin aventurarme a ninguna otra cosa, es que hay un comportamiento abusivo estructural del Ministerio Público, que redunda en la violación de los derechos de las víctimas en general y particularmente a este derecho a participar del proceso investigativo. No sé si hay algún elemento adicional que los fiscales tengan para tomar esta decisión, porque en el caso de la Fiscalía de Derechos Humanos su propio reglamento les impone el deber de darle el derecho a la víctima a participar en la investigación”, afirmó.
