La audiencia inicial para los cinco imputados está programada para el lunes 11 de diciembre a las 9:00 am en los juzgados de letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción en Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras.- En audiencia de declaración de imputado realizada esta mañana un juez de letras ordenó la detención judicial para los cinco detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), acusados de dos delitos, por lo que deberán guardar prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada en el departamento de Francisco Morazán.
Los sindicados son: César Pérez Tercero, Gabriel Bonilla Salgado, Abner López Valladares, Junior Fonseca Rodríguez y Felipe Ordoñez Alvarado a los mencionados se les acusa de cometer los delitos de malversación por apropiación y asociación para delinquir.
La audiencia inicial para los acusados está programada para el lunes 11 de diciembre a las 9:00 am en los Juzgados de Letras en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción ubicados en Tegucigalpa, según informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
“En esta audiencia se les consultó si querían rendir declaración y ellos argumentaron que no, entonces se le dio lectura integra al requerimiento fiscal para que ellos, junto con sus equipos de defensa conocieran de que se trataba la acusación y, será en la audiencia inicial en la que se evaluará los medios de prueba”, informó Silva.
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MP ANUNCIA REQUERIMIENTO FISCAL Y CAPTURA DE ACUSADOS
La detención se dio luego que el Ministerio Público emitiera un requerimiento fiscal contra los cinco funcionarios, todo ello en el marco de las investigaciones que realiza el ente con el fin de ejecutar una depuración de los servidores públicos, según lo manifestaron.
“Las investigaciones realizadas arrojaron que los agentes sustrajeron armas que estaban bajo su custodia, mismas que habían sido incautadas en operativos y que estaban registradas a nombre de personas particulares en los registros balísticos”, dicta de manera textual el comunicado emitido por el Ministerio Público la tarde de ayer jueves 7 de diciembre.
En el mismo texto la fiscalía advirtió que las acciones serán las mismas para el personal que labore en cualquiera de las dependencias del ente, al tiempo que afirma que los requerimientos seguirán, sin dilataciones y de manera imparcial para los casos que cuenten con la suficiente carga probatoria para ser presentados ante los tribunales.
Es importante mencionar que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, -dependencia del Ministerio Público-, a la cual pertenecían los acusados, es la encargada de dirigir, orientar y coordinar acciones de combate contra el crimen organizado y el narcotráfico.
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6 REQUERIMIENTOS CONTRA EX FUNCIONARIOS DEL MP
Desde que asumieron las riendas del Ministerio Público, el 1 de noviembre, el fiscal general y fiscal general y adjunto interino, Joel Zelaya y Mario Morazán, respectivamente, han emitido varios requerimientos fiscales en contra de exfuncionarios del ente investigador.
Para el caso, se recuerda que el 29 de noviembre del presente mes, el Ministerio Público emitió un requerimiento y orden de captura, contra la fiscal asignada a la fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), Francia Sofía Medina por suponerla responsable de cometer los delitos de lavado de activos, abuso de autoridad y sustracción de documentos públicos.
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Dentro de los que destaca el hecho particular de hurtar al menos 86 millones de lempiras de la bóveda del Banco Central de Honduras (BCH), el cual tenía bajo resguardo en calidad de evidencia.
Tras la captura de la fiscal -a manos de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)-, El Banco Central de Honduras, emitió un comunicado en el que señala que cuenta con la documentación de los depósitos y retiros solicitados por las fiscalías autorizadas en el Ministerio Público.
Ante dicha situación, el Ministerio Público anunció que investigará una presunta red de corrupción que opera dentro del Banco Central de Honduras y, además comenzarán las investigaciones en el círculo familiar de la imputada, asimismo, dentro de la fiscalía en cual laboraba.
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Ante el panorama de más involucrados en actos de corrupción dentro de las instituciones públicas, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado, advirtió a las autoridades penitenciarias que la vida de la fiscal Medina, puede correr riesgo debido a la información que maneja y que puede involucrar a más funcionarios.
“Preservar la vida es clave porque queremos conocer quiénes son las personas que están detrás de ella en el asalto al BCH”, expresó Maldonado.
Se recuerda que tiempo atrás hizo la misma solicitud, pero a favor de la hoy fallecida Eika Bandy, esposa del también fallecido narcotraficante alías Magdaelno Meza, el cual se conoció que tenía bajo su poder información que vinculaba a Juan Antonio “Tony” Hernández con el narcotráfico.
Como parte de la reestructuración de la fiscalía ya se han hecho algunos cambios. En primera instancia, se anunció la suspensión de las autoridades de la Agencia Técnica Contra la Investigación Criminal (ATIC), y la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP).
Bajo el argumento que los funcionarios realizaron un mal proceder porque obstaculizaron el proceso de investigación y posterior captura, de los responsables del millonario fraude de los hospitales móviles durante la pandemia de la Covid-19.
Sin embargo, luego se conoció que los fiscales removidos de sus cargo pasarían a integrar la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO) siendo nombrado el exdirector de la ATIC, Ricardo Castro como sujefe de la unidad élite de investigación, acción que hasta la fecha ha sido fuertemente cuestionada.
