Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-A siete años de haber sido agredidas física y verbalmente, el Ministerio Público de Honduras sigue dando dilatorias al caso de un grupo de mujeres periodistas y comunicadoras sociales, que ya no sabe ante quien acudir para reclamar justicia.
El 13 de diciembre de 2013 un contingente de la Guardia de Honor Presidencial y de la Policía Nacional las atacó con bombas lacrimógenas durante una movilización que buscaba censurar y protestar por el asesinato de la periodista Luz Marina Paz Villalobos, quien se convirtió en la primera mujer periodista hondureña en ser asesinada (acribillada) por sicarios, el día seis de diciembre de ese mismo año.
Las víctimas—catorce en total—que se han agrupado en la plataforma «Periodistas por Ia Vida y Ia Libertad de Expresión”, interpusieron la denuncia de su agresión el 21 de diciembre de 2011, ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en contra del entonces presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014); del General Rene Arnoldo Osorio Canales, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y del General Andrés Felipe Díaz López, Jefe de la Guardia de Honor Presidencial.
En la actualidad, casi siete años después, la denuncia No. 2739-11, por tratos crueles e inhumanos, sigue en etapa de investigación para determinar los delitos cometidos en la ofensiva militar y policial. El caso ha avanzado poco y solo se ha llegado a determinar el nombre de una de las personas que participo en los hechos.
Hubo denegatoria de información por parte del gobierno anterior (2014-2018), arguyendo motivos de Seguridad Nacional. El caso está blindado con la Ley de Secretos Oficiales. Ese es el argumento para no resolver esta denuncia y dar a conocer los nombres de los agresores de las periodistas. La denuncia ha cambiado de manos de un fiscal a otro; actualmente es conocido por la Unidad de Defensores.
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PLANTÓN
Hoy las periodistas y comunicadoras sociales realizaron un plantón en las afueras del Ministerio Público para exigir celeridad a este ente del Estado y en compañía de Edy Tábora, director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), se dirigieron a la Unidad de Derechos Humanos, donde fueron atendidas por los fiscales Xiomara Osorio y Javier Gonzáles, quienes no encontraban argumentos para rebatir los señalamientos ante la parsimonia con la que se está manejando este caso.
La periodista Sandra Maribel Sánchez, quien es una de las víctimas manifestó tener sed de justicia y dijo, además, que por el hecho de tener dormido el caso por muchos años, procede una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero aclaró que el interés de las agraviadas no es “denunciar al Estado de Honduras”.
Xiomara Osorio, coordinadora de la Unidad argumentó que si el caso ha tenido algunos entuertos es porque los delitos son muy complejos, en virtud que no existe sensibilidad para abordar las violaciones de derechos humanos por parte de los mismos operadores de justicia.
El director de C-Libre, Edy Tábora, demandó que para la próxima semana se cite a los tres denunciados y que se notifique a dicha organización y a las víctimas para estar presentes en la declaración.
Exigencias de las “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”:
- La desclasificación inmediata del Estado de la información reservada de nuestra denuncia, para conocer, en nuestra condición de victimas-denunciantes, los avances de las investigaciones.
- Una explicación congruente por parte de los actuales funcionarios, del porqué no hay avances en este hecho altamente vergonzoso y que atenta contra la libertad de expresión.
- Que con base en ley, se deduzca la responsabilidad de los ataques a las periodistas.
En nuestra condición de periodistas, defensoras de la libertad de expresión e información, nos reservamos nuestro derecho de buscar justicia ante instancias internacionales, en consecuencia de la impunidad en nuestro caso.
Justicia tardía no es Justicia.
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