Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa. – A seis años y nueve meses de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las comunidades Garífunas de Punta Piedra en Iriona, Colón y Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, el Estado de Honduras sigue en deuda.
El 8 de octubre de 2015, el Tribunal regional declaró responsable al Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad colectiva de estas poblaciones Garífunas y dictó una serie de reparaciones que a casi siete años siguen sin cumplirse.
La coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, afirmó en una entrevista con Criterio.hn que esperan que el gobierno presidido por Xiomara Castro avance en el cumplimiento de las sentencias de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
La lideresa Garífuna y defensora del territorio señaló que “hay muchos intereses, pero también hay una obligatoriedad del Estado, y el Estado significa cualquier gobierno”. Agregó que esperan que la nueva administración “sea diferente del narcogobierno, a la narcodictadura, que dé los pasos significativos y avances para el cumplimiento de la sentencia”.
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Miranda apuntó que uno de los principales impases para el cumplimiento de la sentencia es la integración del comité interinstitucional, al que suelen asignarse técnicos y personas sin poder de decisión, por lo que requieren que bajo el nuevo mandato se asignen personas y autoridades de alto nivel con poder de decisión.
“Hemos hecho un planteamiento muy claro sobre cómo queremos que se integre esa comisión. No queremos técnicos que solo vayan a decir ‘vamos a ir a consultar’, ‘vamos a ir a hablar’, ‘vamos a ir a preguntar’ y se diluyen y no se toman las decisiones. No se avanza en el cumplimiento de la sentencia”, compartió la lideresa.
Miranda señaló que ese fue uno de los principales problemas que enfrentaron durante la administración del extraditado expresidente, Juan Orlando Hernández. “Por eso decimos que no esperamos menos, que este gobierno sea diferente y que realmente dé ese paso para cumplir con la sentencia o iniciar el cumplimiento de la sentencia”, declaró.
La lideresa Garífuna manifestó que están conscientes “que la sentencia no se puede cumplir de la noche a la mañana, pero queremos compromisos, pasos concretos y no queremos que nos den teoría, paja como decimos aquí a lo hondureño. Sino que realmente se den esos pasos, y lo más pronto posible se integre esa comisión interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia”.
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En junio de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó como «insuficientes» y «lentos» los avances del Estado de Honduras con relación a la implementación de medidas provisionales y el cumplimiento de las sentencias por los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
REPARACIONES CASO PUNTA PIEDRA
En el caso de Punta Piedra, la Corte IDH dictó sentencia y declaró que el Estado era responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva, con motivo de la falta de garantía del uso y goce de su territorio, a través de su saneamiento y la falta de adopción de medidas de derecho interno, a fin de garantizar el derecho a la consulta e identidad cultural.
Asimismo, declaró que el Estado violó los derechos a la protección judicial y garantías judiciales, debido a que los recursos dispuestos no fueron efectivos para la protección de los derechos alegados, en perjuicio de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros.
Las medidas de reparación integral incluyen medidas de restitución, compensación colectiva, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, investigación e indemnización.
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Entre las disposiciones de restitución se ordenó al Estado: garantizar el uso y goce, a través del saneamiento, de las tierras tradicionales que fueron tituladas por el Estado a favor de la
Comunidad Garífuna de Punta Piedra; hacer cesar cualquier actividad respecto del proyecto de exploración Punta Piedra II que no haya sido previamente consultada; poner en marcha los mecanismos necesarios de coordinación entre instituciones con el fin de velar por la efectividad de las medidas dispuestas.
En compensación colectiva y medidas de satisfacción, la Corte IDH mandó a Honduras: crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra y realizar las publicaciones y transmisión radial.
En cuanto a las garantías de no repetición mandaron: adoptar las medidas suficientes y necesarias, a fin de que sus disposiciones reglamentarias sobre minería no menoscaben el derecho a la consulta, y crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad.
En cuanto a la investigación e indemnización, el Tribunal dispuso que el Estado continue y concluya la investigación por el asesinato de Félix Ordóñez Suazo y demás denuncias
interpuestas en la jurisdicción interna, y en su caso, sancionar a los responsables; como Indemnización, pagar el reintegro de costas y gastos, así como el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, por los gastos incurridos.
REPARACIONES CASO TRIUNFO DE LA CRUZ
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia, mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad colectiva, por incumplir su obligación de delimitar y demarcar las tierras tituladas a favor de la Comunidad, por no titular, delimitar y demarcar los territorios reconocidos como tierras tradicionales de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz, por no garantizar el goce efectivo del título de propiedad colectiva, y por no haber efectuado un proceso adecuado para garantizar el derecho a la consulta de la Comunidad.
Sobre las reparaciones, el Tribunal ordenó al Estado de Honduras: proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación; otorgar un título de propiedad colectiva sobre un lote de tierra reconocido como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz por parte del Estado, el cual deberá ser debidamente delimitado y demarcado.
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Iniciar la investigación por el asesinato de Jesús Álvarez, Óscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea.
También garantizar el libre acceso, uso y goce de la propiedad colectiva por parte de la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio que se sobrepone con un área del Parque Nacional Punta Izopo; crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad; crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz, y pagar la cantidad fijada en la Sentencia por reintegro de costas y gastos.
La falta de cumplimiento de las sentencias tanto de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz ha generado violencia contra los pobladores de ambas comunidades Garífunas. Son varios los incidentes violentos.
Hace dos años, el 18 de julio de 2020, cuatro jóvenes líderes del Triunfo de la Cruz fueron desaparecidos en un operativo la madrugada del 18 de julio de 2020, en medio de un toque de queda. Al día de hoy se desconoce qué ocurrió con ellos.
A 716 días de la desaparación forzada de los compas de Triunfo de la Cruz y decenas de hondureñxs más que han sido víctimas de este flagelo el Estado de #Honduras NO cuenta con instituciones competentes,capacitadas para la búsqueda de personas desaparecidas.#Garifuna Pcpo. 10
— Randolfo Sandoval (@randolfosandova) July 6, 2022
