Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
a la memoria de Salvador, sabio de su tribu
No resolveré aquí temas complejos de la identidad, que siempre es una ecuación fluida, a diferencia de ciertas formas de arte puro, que se tienen que preservar a fuerza de recordar las palabras antiguas, retumbos o arrebatos del tambor, como los sentimientos profundos para con los ancestros y el paisaje sacralizado con sus despojos. Pero sépalo quien lo ignoraba que -después de estudio concienzudo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura declaró que la lengua y cultura garífunas son Patrimonio de la Humanidad, por conservar en forma sincrética antiquísimo acervo de cultura africana y caribeña y generar innumerables manifestaciones más de música y danza, pero de inestimable valor en todas las artes. No ha habido en el país la misma estima para ellos. Cuento el cuento.
En parte era inevitable el conflicto entre los garífunas que alguna vez 1797 1860 fueron virtuales dueños de la Costa de Trujillo a Belice, del Litoral, que ellos poblaron –cuando los nativos del interior solamente visitaban en la época seca– antes que otros que iban llegando, colonos, después aventureros y empresarios estadounidenses que construyeron muelles y ferrocarriles, pidieron concesiones y se asentaron en las nuevas ciudades-puertos, los obreros que esa actividad atraía desde las montañas lencas y los inmigrantes desde el Caribe, los peregrinos del Medio Oriente, y agentes del gobierno, extraños al calor y a la costumbre. Porque cada uno tenía que acomodarse. Ya había derramado sangre ese conflicto antes, ahí en San Juan Durugubuti en 1937. Pero el conflicto se tornó agudo con el despegue del turismo, declarado prioritario, y con la expansión avasalladora del cultivo de la palma aceitera, desde hace uno medio siglo. Y fundamentalmente porque estas industrias invadieron el territorio del Garífuna, a veces, simplemente por comodidad, lo desplazaban valiéndose del relajado régimen de tierras en que deseaban invertir y del que los miembros de las comunidades disponían a voluntad. Mire ministro me enseñó Salvador, este relajo de palmas que se come el terreno de la huerta.
¡Ahí estaba ya la plantación en el linde de la comunidad, cubriendo restos arqueológicos, contaminando aguas y tierras vecinas! Ese proceso de despojo se aceleró más con la primera oleada de la globalización en Honduras, de 1985 a 1995. De la misma manera, la frontera turística y la frontera agrícola mercantil de la palma recibieron apoyos financieros y avanzaron agresivamente invadiendo tierras que fueran del Garífuna, valiéndose de compras a comuneros inocentes que le daban la espalda al derecho patrimonial de la comunidad.
No es que los gobiernos no entendieran lo que estaba pasando. O que actuaran siempre con lucidez o a favor de las comunidades. No faltó un presidente del Congreso que, en aras del desarrollo, intentara reformas legales para abrogar derechos de los pobladores de las playas, a favor de inversionistas privados, incluso con expresiones racistas. Con demora, justamente por la resistencia, tarde, en la Administración del Presidente C. R. Reina se firmó y ratificó el Convenio 169 de la OIT, que establecía una legislación superior a la norma local. Después, en la Administración de C. Flores, bajo A. Delgado el INA dio título formal de tierra comunitaria a los patronatos de las comunidades garífunas, aunque no en Triunfo, porque lo estorbaba la vecindad. Y por sí, una nueva normativa sola no resolvía el problema profundo. El presidente Zelaya impulsó un abordaje integral que permitiera el desarrollo, respetando los derechos y la posesión que tenían los pobladores. Instruyó a sus ministros a buscar una solución pacífica. Pero al capital le cuesta reconocer otro derecho que el suyo, y al pueblo tradicional por lo mismo, cuesta convencerlo de que participaría con un beneficio.
Posteriormente, el problema se ha agravado aún más. Con Snyder, Suamy, Alberth y Milton asesinados por un contingente fuertemente armado y protegido con chalecos de las fuerzas oficiales, en Triunfo de la Cruz, el 18 de julio, llega, en los últimos dos años, a 19 la cuenta de garífunas muertos en Honduras por defender su tierra. Que es lo mismo que defender su cultura, su posibilidad de continuar un modo de ser y de vivir, que han desarrollado a lo largo de 220 años sobre la Costa Caribeña. Una sexta parte de los 120 asesinados, por defender el derecho desde 2009. Fundamentándose en el 169, en 2015 la Corte Interamericana de los derechos humanos le ratificó a Triunfo su derecho a la tierra, a la devolución de lo que le fuera arrebatado, con una indemnización, y el Estado aún no cumple ni paga.
Frustrada y aislada en la Pandemia, la comunidad dispuso retomar las tierras para sembrar los alimentos. No sé si aplica, pero no creo que contribuya a resolver el problema o a encontrarle una salida, callar las complejidades del asunto. Tanto el Convenio 169 de la OIT, como los títulos nacionales que se multiplicaron a fines de siglo XX, dieron a las comunidades un derecho inalienable. Se les debe titular. Para ser legales, tendrán que ajustarse a esas normativas todas las transacciones y todo otro título posterior. Las anteriores no. Porque, las leyes solo tienen efecto retroactivo cuando benefician al demandado. La comunidad demandante entonces puede exigir la anulación de títulos posteriores a 1997 cuando el Estado asumió el 169. Y adquiere un derecho de reglamentación sobre el conjunto de las tierras ancestrales. Aunque no puede abrogar el derecho mínimo de títulos previos, debidamente legalizados, u ocupaciones consentidas, anteriores a las fechas indicadas. En resolver esa contradicción –creo- radica al menos un principio teórico de solución. Pero abonar el conflicto con sangre y agudizarlo con confrontación inútil, no va a llevar a nadie a ningún lado que no sea un fracaso.
La policía nacional, cuyo honor está comprometido de antemano por el uso de insignias oficiales, por parte de los criminales, aseguró ayer haber detenido y mostró a la prensa a un delincuente con alias de el gringo, sospechoso del secuestro de los líderes comunales. A alguno de los cuales ayer mismo por la tarde se encontró asesinado. Que lo reciban los ancestros. Los primeros sospechosos por supuesto, son los beneficiados con la desaparición forzada, con los títulos en predicado. Habrá que esclarecer el crimen hasta sus últimas consecuencias. Deducir responsabilidades a quienes se les demuestre, descubriéndosela a los autores intelectuales, con todo lo difícil que es. Y hacer justicia restaurativa rigurosa. Por lo pronto, el crimen contra los jóvenes garífunas es otro comienzo para el Ministerio Público, y sus socios externos, y el principio de una nueva condena internacional para país. ¡Qué gran pena! A largo plazo, hay que cortar el nudo de la sangre derramada, y encontrar la justa convivencia de la comunidad tradicional, que custodia el mayor tesoro, y el capital que puede generar ingresos mejor compartidos.
