El abogado Edy Tábora señaló como importante la decisión de suspender el desalojo de las “Tierras del Padre”, en el sur de la capital de Honduras. Sin embargo, aclaró que esta decisión no soluciona el acoso judicial ni la posibilidad de que en el futuro se ordene un nuevo desalojo
Tegucigalpa.- Tras el anuncio de la suspensión del desalojo contra la comunidad Lenca de las “Tierras del Padre”, en el sur de la capital hondureña, el pasado 19 de noviembre, y la violenta expulsión de los Garífunas de su territorio ancestral en Punta Gorda, en el Caribe hondureño, quedó claro que la institucionalidad carece de protocolos para efectuar estas acciones.
El abogado del Bufete Justicia Para los Pueblos, Edy Tábora, manifestó a Criterio.hn que la narrativa de la Policía Nacional sobre que simplemente cumplen una orden judicial revela la ausencia de un protocolo interinstitucional para la ejecución de estas acciones en casos que involucran tierras ancestrales.
Tábora, cuyo bufete representa ambos casos, dijo que los desalojos que involucran tierras ancestrales no pueden abordarse unicamente desde la particularidad de la reubicación, así como la ausencia de la fuerza, bombas lacrimógenas y toletes.
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URGE PROTOCOLO QUE SE CENTRE EN EL RESPETO DE LA TIERRA COLECTIVA INDÍGENA
En cambio, deben plantearse desde los artículos 13 y 14 del Convenio 169 Sobre los Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo en el que se establece el respeto a la tierra colectiva indígena.
Así como las disposiciones para el respeto de la relación de los pueblos con sus tierras o territorios y en las que se reconoce a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
El abogado señaló que esto implica que antes de proceder a cualquier acción de desalojo, tanto los agentes policiales como fiscales, deben investigar exhaustivamente la procedencia de la tierra. Es decir, no pueden actuar a partir de una escritura pública y definir a partir de la misma, que es al empresario a quien pertenece el territorio.
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Tábora ejemplificó este extremo con el caso de las “Tierras del Padre”, señalando que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional se pusieron al servicio de la empresa privada de Honduras al judicializar el caso.
“La jueza definitivamente no le ha quedado ninguna otra opción frente a las acciones legales que ha hecho la comunidad, que suspender este desalojo. Principalmente porque estaba ordenando un desalojo contra toda la comunidad que incluye la destrucción […] de la escuela y la destrucción de cualquier edificación que hay en la comunidad”, argumentó.
No teniendo en cuenta que las personas acusadas son un grupo pequeño y no la población en general. El profesional del derecho manifestó que consideran la decisión de suspender el desalojo como importante, pero esta no soluciona el acoso judicial ni la posibilidad de que en el futuro se ordene un nuevo desalojo.
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“Aquí es donde el Estado debe asumir de manera interinstitucional la garantía de la seguridad jurídica para la tierra indígena, porque como decía debe respetarse esa posesión en el marco del artículo 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT”, concluyó el abogado.
