En incertidumbre adhesión al Acuerdo de Escazú por oposición de sectores

Temáticas como la Consulta Previa Libre e Informada y el acceso público a información de contratos de empresas mineras o de producción de energía eléctrica, entre los temas que estarían retrasando la adhesión al Acuerdo de Escazú en Honduras

Redacción: Marcia Perdomo

Tegucigalpa.- Aunque en un inicio el gobierno de la presidenta Xiomara Castro dio la impresión de tener apertura para la adhesión al Acuerdo de Escazú, en la actualidad es palpable un desaceleramiento en el proceso e incluso una media voluntad por parte del gobierno.

La integrante de la Red Hondureña por Escazú, Kelly Sorto, manifestó a Criterio.hn que han notado internamente retrocesos por parte del gobierno, porque en un inicio desde la Presidencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna), entre otras, había un interés en darle celeridad a la adhesión del Acuerdo de Escazú. No obstante, “en estos momentos vemos que algo está pasando, que está muy lento el proceso y que realmente hay una media voluntad del gobierno de adherirse”.

Sorto explicó que desde la Red Hondureña por Escazú siguen impulsando el proceso a través de las 14 instituciones consultadas, explicando y resolviendo dudas, con el propósito que “entiendan que el Acuerdo de Escazú no es un retroceso, sino más bien es una oportunidad para que las leyes que ya tenemos de acceso a información, participación ciudadana, acceso a justicia, puedan reforzarse y se puedan implementar correctamente las necesidades que tiene toda la ciudadanía, sin detener el desarrollo del país”.

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Agregó, que actualmente se muestra un panorama de mitad a favor y mitad en contra de la adhesión. “Hay actores internos que no conocemos que están en contra del Acuerdo de Escazú. Este año es un año de vital importancia porque vamos a impulsarlo de manera de que se logre el Acuerdo de Escazú”, apuntó Sorto.

SECTOR PRIVADO ENTRE CONSULTADOS PREVIO A ADHESIÓN DE ESCAZÚ

Por su parte, el vicecanciller de política exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres, manifestó que existe intención por parte del gobierno de adherirse al acuerdo. Sin embargo, relacionó la adhesión a Escazú con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Un protocolo que según su propia admisión, “se firmó hace 20 años y al igual que Escazú se dejó ahí, se engavetó y nunca se ratificó el protocolo. Con CEDAW lo que hicimos fue un proceso de consultas, que después se remitieron al canciller Reina, después a la presidenta y CEDAW ya está en el Congreso esperando ser ratificado”.

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El vicecanciller Torres aseguró que esa es la ruta que se busca con el Acuerdo de Escazú, “con la diferencia de que Escazú no solamente es una consulta a lo interno del gobierno -que lo haría más rápido- sino que tenemos que hablar también con los sectores de la sociedad civil y los sectores privados, cosa que ya estamos haciendo”.

Además, declaró que están en proceso de consulta con el sector privado y una vez terminen con ellos, pasaran a la sociedad civil a consultar sobre temas de acceso a la información pública y la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI), para realizar el análisis y “poder firmar la adhesión”. 

Al ser consultado sobre por qué el Acuerdo de Escazú se estaba retrasando. Torres manifestó que es un tema de consultas. “Lo que pasa con Escazú es que tiene cosas que son bastante pesadas, como por ejemplo que una comunidad puede pedir la información de una empresa y en ese sentido hay que hablar con la empresa para que estén informados, porque una cosa es que yo ponga a la disposición el Instituto de Acceso Información Pública (IAIP) y otra cosa es que meta también los contratos de las empresas, ya sean mineras o de producción de energía eléctrica”.

Sobre si la piedra en el zapato para que Honduras se adhiera al Acuerdo de Escazú son los sectores empresariales, Torres dijo que ellos “también son la ciudadanía, no hay que separarlos, o sea al final son ciudadanos”.

Sumado a esto, Torres declaró: “Hay sectores que consideran que Escazú, por ejemplo, si cada vez que vamos a hacer una inversión, necesitamos la Consulta Previa Libre e Informada y ese es el mecanismo para realizarse bien, hay gente que siente que eso va a venir a perjudicar la capacidad de desarrollar esos proyectos”.