Las comunidades Garífunas de San Juan y Tornabé demandaron al Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la falta de protección de sus tierras ancestrales, así como las amenazas contra varios de sus líderes y lideresas
Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- A dieciséis años de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad Garífuna de San Juan, Tela, y sus territorios ancestrales, el Estado de Honduras continúa evadiendo dar cumplimiento a las mismas.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) informó el sábado 6 de agosto, que ante la falta de ejecución de las medidas cautelares de la CIDH por parte del gobierno, la comunidad Garífuna de San Juan procedió a frenar una construcción dentro de su territorio comunitario.
Comunidad garífuna de San Juan Tela indignados por incumplimiento de medidas cautelares de la CIDH, frenan construcción que se realiza dentro del territorio comunitario
Exigimos respeto a medidas cautelares otorgadas por @CIDH y sentencias de @CorteIDH pic.twitter.com/QOnI2HFRmI— ofraneh (@ofraneh) August 6, 2022
La Ofraneh exigió respeto a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana y a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La Ofraneh denunció: “A 16 años de haber sido emitidas las medidas cautelares de la CIDH, y justo cuando se espera una sentencia de la Corte IDH, sobre el caso de San Juan el Estado persiste en desconocer las sentencias y resoluciones emitidas por el Sistema Interamericano de Justicia”.
Esta no es la primera denuncia por incumplimiento a las medidas cautelares de la CIDH. En julio de este año, la coordinadora de la Ofraneh, Miriam Miranda, denunció la intensificación del ecocidio en la Bahía de Tela mediante el relleno de la laguna de Los Micos, la cual colinda al sur y al oeste con la comunidad Garífuna de San Juan.
COMUNIDAD GARÍFUNA DE SAN JUAN Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS
Actualmente, se encuentra en litigio ante la Corte IDH el caso comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras, que refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de protección de las tierras ancestrales de las Comunidades Garífuna de San Juan y Tornabé, así como las amenazas y violencia contra varios de sus líderes y lideresas.
En abril de 2022, se realizaron las dos audiencias públicas del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se aguarda la etapa de alegatos y observaciones finales.
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El caso también incluye la ejecución extrajudicial de Gino Eligio López y Epson Andrés Castillo, quienes fueron ejecutados el 26 de febrero de 2006 por miembros de fuerzas estatales en La Ensenada, Bahía de Tela.
La Ofraneh en un comunicado de 2020, estableció que en 2006 se dio una racha de actos de violencia en contra de jóvenes de la comunidad, que incluyeron secuestros y asesinatos, que no fueron esclarecidos por las autoridades. A pesar de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP), tanto por los despojos así como amenazas.
A lo largo de dieciséis años, como lo documentó la CIDH, ha existido un escenario de inseguridad jurídica respecto a los territorios ancestrales por el otorgamiento de títulos a terceros ajenos a la comunidad; el otorgamiento y funcionamiento de proyectos hoteleros; la ampliación del casco urbano de la Municipalidad de Tela; y la creación de un Parque Nacional en el territorio reivindicado por la comunidad.
Históricamente, el Estado de Honduras ha mostrado una abierta desatención a los derechos de propiedad ancestral de los pueblos originarios y negros. En octubre se cumplirán siete años de las sentencias de la Corte IDH a favor de las comunidades Garífunas de Punta Piedra en Iriona, Colón y Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, sin que el Estado haya saldado la deuda.
En junio del año pasado, el Tribunal regional calificó como “insuficientes” y “lentos” los avances del Estado de Honduras con relación a la implementación de medidas provisionales y el cumplimiento de las sentencias por los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
