Más de 18 millones de lempiras fueron saqueados del Congreso Nacional a través de una red de corrupción instaurada por varios diputados y particulares que crearon ONG´s de fachada para desviar los fondos que se dilapidaron en gastos personales y financiamiento de campañas políticas
Tegucigalpa. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público, presentó un nuevo caso de corrupción en el que sindica a un diputado actual del Partido Nacional, cuatro exdiputados afines a ese partido político, dos contadores de ONG´s y cinco particulares sindicados por desviar 18 millones 950 mil lempiras del Congreso Nacional.
La estructura de corrupción estaba conformada por el actual congresista nacionalista del departamento de Cortés, Alberto Chedranni acusado del delito de fraude y lavado de activos; los exdiputados, Oswaldo Ramos Soto acusado de fraude, no fue reelecto como diputado tras 20 años en el cargo; el exdiputado y actual alcalde del municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, José Vicente León Rojas acusado de fraude y lavado de activos.
También, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, exdiputado nacionalista por el departamento de Colón y Rodimiro Mejía Merino, quien fungió como diputado suplente de Ramos Soto por el departamento de Francisco Morazán, ambos acusados del delito de fraude.
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A la lista se le suma: Dalia Esmeralda Palma Sánchez, presidenta de la Organización Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLIDE) sindicada por los delitos de fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos y uso de documentos falsos, y a Ramón Eduardo Núñez Rodas, contador del organismo de fachada, acusado de falsificación de documentos.
Asimismo, José Wilfredo Flamenco Ramírez, presidente de la Organización Impulso Solidario (OIMSO) señalado de los delitos de fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos y uso de documentos falsos; a Marvin Alexis Sabillón Rivera, contador de la ONG, acusado de falsificación de documentos.
Además, Mirna Lizeth Han Guzmán, José Jorge Casulá Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahúm Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya, quienes eran encargados de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre, por lo que son acusados de encubrimiento por recepción agravado.
Según la investigación de la UFERCO, durante el periodo de 2013 a 2017, los exdiputados del Congreso se coludieron para crear las referidas ONG´s, recurriendo a la solicitud de Fondos Departamentales en los que se prometió se desarrollarían 46 proyectos para generar empleos a través de microempresas en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán.
Sin embargo, solo se ejecutó apenas el 5% de los proyectos siendo desviados 18 millones 950 mil lempiras, los principales encausados se valieron del cargo como congresistas para solicitar fondos que debían ser destinados a proyectos sociales, no obstante, se despilfarró en gastos personales y financiamiento de campañas políticas para el periodo 2018-2022.
MODO OPERANDI
Las investigaciones de la unidad anticorrupción detallan que la red siguió un esquema ya conocido como en el caso Red de Diputados, mediante el cual los congresistas solicitaban recursos, estos fueron asignados a ONG´s de maletín que los trasladaban a particulares quienes lo retornaban mediante depósitos en efectivo a las cuentas bancarias de los congresistas.
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Para el caso, Chedrani recibió 19 depósitos que sumaron 2.9 millones de lempiras mientras que Ramos Soto fue beneficiado con cuatro depósitos alrededor de un millón de lempiras, siguiendo la ruta del dinero.
La UFERCO señala que, desde su origen y durante el transcurso de sus operaciones, las ONG´s fueron parte de actividades ilicitudes e irregularidades, los directivos de OLICODE y OIMSO eran funcionarios del Estado, desempañándose en áreas claves en la gestión de recursos públicos, como es el caso del Fondo de Desarrollo Departamental del Congreso Nacional y en la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).
RANGO ESPECIAL A LA UFERCO
Cinco días después que se publicara en el diario oficial La Gaceta la normativa que otorga facultades especiales a la UFERCO, se presentó el primer caso de corrupción que expone una nueva red de corrupción ligada al uso de Fondos Departamentales.
La ley establece que la Uferco está facultada para ejercer la acción pública penal de oficio sin que se deba someter su decisión a la aprobación previa del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla u otra autoridad como estaba limitada la unidad a diferencia de las demás fiscalías, es decir, podrá librar requerimientos fiscales sin requerir autorización alguna.
El titular de la Uferco, Luis Javier Santos, deberá informar al director general de fiscales sobre las investigaciones que se inicien así como de denunciantes o requerimientos que se presenten y podrá requerir de todas las dependencias estatales incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UFC) de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS) a la que el Ministerio Público debe pedir autorización de un juez, al igual que tiene vía libre al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
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Toda institución o dependencia estatal a la que Uferco requiera información, documentación o evidencias y tarde en remitirla o se niegue a entregar será sancionada con una multa de 200 salarios mínimos e incurrirán en responsabilidad penal.
Además, los fiscales de la Uferco podrá presentarse a cualquier institución pública o privada a realizar operativos de decomiso de documentación, evidencia o cualquier elemento de prueba cuantas veces sea necesario.
El personal asignado a la unidad goza de inamovilidad de sus cargos durante la vigencia del decreto que expira una vez asuma el cargo un nuevo fiscal general y adjunto en 2023, no podrán ser objeto de sanciones disciplinarias por las investigaciones que ejecuten y gozarán de inmunidad con excepción de los que quebranten el correcto desempeño profesional y trasgredan las normas disciplinarias del Ministerio Público.
RED DE DIPUTADOS
El primer caso que develó el saqueo al erario en el Congreso Nacional, fue el caso denominado Red de Diputados que presentó la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
En diciembre de 2017, se acusó a los entonces diputados Augusto Cruz Ascencio, Eleazar Alexander Juárez, Audelia Rodríguez Rodríguez, Héctor Enrique Padilla Hernández y Dennis Antonio Sánchez por el presunto delito de malversación de caudales públicos.
La investigación realizada por la MACCIH, detalló que los congresistas se apropiaron de fondos públicos a través de los Fondos Departamentales para proyectos sociales del Congreso Nacional, siendo desviados para uso personal a través de una ONG.
La red solicitaba fondos al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, estos eran transferidos a la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), la cual enviaba los fondos directamente a los diputados recibiendo 15 cheques con un total de 8 millones 300 mil lempiras.
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Las investigaciones involucrarían a más de un centenar de diputados, incluido el entonces presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, así como a más de 30 ONG´s.
Los diputados del conservador Partido Nacional junto con el apoyo del también conservador Partido Liberal y los partidos minoritarios Democracia Cristiana (DC), Alianza Patriótica y la Unificación Democrática (UD) se aprobó el Decreto Legislativo 141-2017 reformando la Ley Orgánica del Congreso Nacional imposibilitando al Ministerio Público emprender acciones judiciales contra funcionarios, diputados, ONG, mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no realice auditorías y confirme si existe o no responsabilidad penal.
En enero de 2018, la jueza Alma Consuelo Guzmán, durante la audiencia inicial, dictaminó archivar el caso acogiéndose a la reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional estableciendo que fuera el TSC quien estableciera si existe o no responsabilidad penal, administrativa o civil.
Cabe señalar que, en septiembre de 2020, la Corte de Apelaciones del Poder Judicial declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por la UFERCO en contra de la determinación de la jueza Guzmán por lo que ahora se reactivó el caso.
