¿COHEP quiere al FMI en el gobierno del poder popular?

Por: Javier Suazo

En el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1993), se institucionalizaron los programas de estabilización económica y ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que contaron con un fuerte apoyo del empresario nacional, especialmente aquellos ligados al sector exportador, argumentando que los gobierno liberales de Roberto Suazo Córdova (1982-1985) y José Simón Azcona (1986-1989), introdujeron, con sus políticas económicas de control de precios y aumentos del gasto público, una creciente inestabilidad financiera y distorsiones en el sistema de precios con mayor  déficit fiscal, inflación,  desempleo y contracción de la oferta exportable de la economía. 

Recordamos al Dr. Benjamín Villanueva (QDDG), Secretario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), liderando el encuentro nacional para construir las Bases de un Nuevo Modelo Económico para Honduras, sustentando en los enfoques, políticas e ideología neoliberal. El conferencista principal fue Arnold Haberger de la Universidad de Chicago, participando además exfuncionarios del gobierno de Augusto Pinochet en Chile. Este evento era apoyado por la AID que financió estudios de base para hacer visible la crisis y justificar el cambio de modelo económico, organismos financieros y grupos corporativos locales, incluyendo a terratenientes agrupados en la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH).

Una medida de política económica que tardó en aprobarse fue la devaluación del lempira frente al dólar, ya que el mismo presidente electo argumentaba en los medios televisivos que no habría devaluación  monetaria. La tesis a favor de la vigencia de esta política era que estimularía la producción de bienes en el exterior al abaratar su precio, pero también contraería la demanda de importaciones,  pero que, a mediano plazo, los bienes serían  sustituidos por producción nacional. Se decía muy poco del efecto devaluatorio en los salarios y pérdida de ingresos monetarios de las familias, pero también del aumento del costo del dinero en el exterior para proyectos de inversión productiva locales.

Consultamos a Edmundo Valladares (QDDG), asesor en aquél entonces de la presidencia del Banco Central de Honduras, sobre las bondades de la devaluación, ya que había elaborado un documento contentivo de un modelo contrario a tal política. La tesis de Don Edmundo era simple: Las rigideces estructurales de la economía hondureña limitan el impacto de la devaluación sobre la oferta exportable, necesitándose un porcentaje mayor de devaluación para generar este impacto directo, lo que provocará una mayor inflación.

 En el gobierno de “Pepe” Lobo (2010-2013), se dio algo parecido. La flexibilidad introducida a la política cambiaria permitió la vigencia de una programación de minidevaluaciones del lempira frente al dólar, lo cual no se justificaba según el banquero Jorge Bueso Arias, ya que se había introducido con las políticas del gobierno de Carlos Roberto Reina (QDDG) una estabilidad cambiaria favorable para la inversión y salarios. El FMI tuvo algo que ver en esta decisión del gobierno de “Pepe” Lobo, aunque al final no se cumpliera con las metas del Convenio firmado con dicho organismo.

 El gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), profundizó las políticas del modelo de corte neoliberal,  apoyado por el COHEP, especialmente por las empresas extranjeras y empresarios locales dedicados a la exportación de bienes transables como bananos, palma, camarón,  café  y maquila, no así por los industriales e importadores netos de materias primas e insumos. La puesta en marcha de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), la corrupción en la pandemia Covid-19 y el narcotráfico, abrieron las alarmas y una parte del empresario decidió no seguir con este apoyo visible al gobierno de JOH; sin embargo, no fue el caso del FMI que siguió apoyando su gestión e incluso después del contundente triunfo del partido Libertad y Refundación (LIBRE) y Xiomara Castro.

Estos antecedentes son muy importantes conocerlos, ya que en la actualidad el COHEP sigue teniendo en mente políticas de corte neoliberal en un gobierno cuya base política e ideológica es distinta, y con un discurso y acciones institucionales también distinto. Una justificación es que el COHEP se ha acercado a su principal aliado externo, el FMI, por el temor de las acciones tomadas, en especial la derogación de leyes y decretos que afectaban el desarrollo productivo y social del país, y excluían a amplios sectores de la población. Entre estas destacan: la eliminación de la ley de empleo por hora, ( una ley temporal elevada a permanente sin consulta previa), las reformas a la ley del sector eléctrico, donde los mismos empresarios participarían de la partición de la ENEE y sin garantías de poder renegociar contratos de energía, incluso aquellos con muchos vicios de nulidad  ( como puede pagarse a un generador el doble por kilovatio/hora generado como promedio regional); la prohibición de la minería de cielo abierto y, más recientemente, el uso de parte de las Reservas Internacionales Netas (RIN), para fines de desarrollo.

Un documento elaborado por técnicos del COHEP destaca que no hay oposición para el uso de dichas reservas, ya que Honduras enfrenta una crisis económica y social profunda, y necesita usar los recursos más inmediatos para enfrentarla, con  un mejor costo financiero. Otros economistas son del criterio que Honduras hubiera negociado con la Banca Nacional y/o colocado deuda soberana en mercados internacionales a costos financieros manejables, pero Ricci Moncada, Ministra de SEFIN, envió un mal mensaje al hablar de un país en “calamidad” económica y social. No miran  el  temor inducido de las calificadoras de riesgo y vendido por la prensa mediática que Honduras camina a convertirse en la nueva Venezuela o Bolivia, por lo que hay que conspiran contra ello.

El COHEP manifiesta que si no se destinan estos recursos al pago de la deuda (interna y externa),  el gobierno los destinará a cubrir gastos públicos (cerrar brechas presupuestarias), mayormente gasto corriente, lo que tendrá efectos directos e indirectos muy negativos para la economía y población hondureña. Entre los primeros destacan la apreciación del tipo de cambio, menor liquidez del Banco Central y del sistema financiero y prestamos más caros.

No encontramos una base de análisis técnico creíble para que ello se dé, al considerar la situación monetaria y cambiaria del país. Para el caso, la apreciación se daría por una mayor inflación, al convertir los 1,000 millones de dólares a moneda nacional, unos 25,000 millones de lempiras. Por la inflación importada, la cual seguirá vigente por más tiempo, ya hay apreciación cambiaria, pero el COHEP no analiza el comportamiento del tipo de cambio efectivo real (TCER), que puede cambiar por las medidas que tomen el resto de los países con los cuales Honduras comercia, en especial EEUU y los centroamericanos.

Hay una fuerte liquidez en el sistema bancario hondureño, al grado que el BCH está colocando bonos para absorber parte de ella, igual las ganancias de la banca privada post pandemia son altas. Los técnicos del COHEP asumen como válida la tesis de que la inflación tiene una causa primaria monetaria, sin analizar los bajos niveles de inversión productiva, desempleo y subempleo; pero más que eso, la falta de recursos para producir alimentos y reactivar los pequeños negocios golpeados por la pandemia Covid-19 y los huracanes ETA e IOTA.

Entre los efectos indirectos destacan los desincentivos a la exportación por la apreciación cambiaria, aumento del consumo de bienes y servicios importados, debilitamiento de la posición externa y menor PIB. En esto, es importante que se analice bien la estructura productiva del país, la evolución de los precios de los principales productos de exportación y sus mercados. Asimismo, la estructura de consumo de los hogares que enfrentan problemas para cubrir la canasta básica de alimentos, donde muchos de los bienes son generados internamente.

EL COHEP, en caso que la mayor parte de los recursos se destinen a apoyar los sectores productivos, es del criterio de vigilar su destino, y conocer los proyectos que se ejecutarán directamente o por los propios productores y microempresarios… Igual, que los recursos se utilicen solamente en este año fiscal 2022 (¿ya llevamos trascurrido la mitad?)  y se paguen al Banco Central. Se habla incluso que su Directorio debe establecer el destino de los fondos y no el gobierno, igual cláusulas para exigir a SEFIN su pago, pudiendo el BCH intervenir las cuentas del gobierno y controlar las recaudaciones de impuestos. Esto último, es uno de los principales sueños del FMI, donde el Banco Central se visualiza aparte del gobierno.

 En Bolivia, el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP)  alternativo al modelo neoliberal, promueve un papel social del sistema financiero para el desarrollo productivo y satisfacer las necesidades básicas de la población. Ello implica, entre otras cosas, responder a las demandas de los sectores productivos como una estratégica de desarrollo incluyente y sostenible. En Honduras, si 1,000 millones de dólares se destinan a pagar deudas, las brechas económicas y sociales serán mayores e inmanejables.

Por mandato popular, más de 1.7 millones de votos válidos la respaldan, la presidenta electa ha definido sus prioridades de desarrollo y está en proceso de aprobar el Plan Estratégico de Mediano Plazo (2022-2026), por lo que los recursos deben destinarse a apoyar los sectores productivos, siendo evidente la producción de bienes de consumo popular y MiPymes. Igual, hay déficit acumulados en vivienda, salud y educación. Pero, también, hay que cerrar brechas de gastos institucionales, sin lo cual el gobierno podrá operar.

La decisión de ir a un Convenio con el FMI, es una decisión soberana del gobierno actual, pero principalmente de la presidenta electa Xiomara Castro.

Tegucigalpa, Honduras, 25 de Mayo de 2022