Por: Javier Suazo[1]
Una de las políticas redistributivas en el agro latinoamericano y, hondureño en particular, que más aceptación tuvo en la población rural, fue la llamada reforma agraria integral, aunque sus promotores externos como el gobierno norteamericano y el Banco Mundial no estuvieran muy convencidos de ello, aspirando a una vigencia de corto plazo de los programas financiados y leyes emitidas.
En el caso de Honduras, la reforma agraria contempló una estrategia retributiva para beneficio mayor de aquella población campesina sin tierra o con poca tierra (mini y microfundista), como una forma de tenencia y explotación de la tierra para perpetuar la pobreza. El llamado “sector reformado” del agro nacional, fue visto como un modelo de organización y producción campesina alternativo al precarismo agrario, aunque muchos de los beneficios serían para empresas exportadoras, incluyendo a las transnacionales.
En 1990, con la llegada al poder de Rafael Leonardo Callejas (1990-1993), se eliminan las causales de afectación de tierras y, curiosamente, se profundiza dicho precarismo agrario y la relación de dependencia con el capital exportador. No obstante, la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) aprobada en marzo de 1992, permite la expropiación por sobre techo agrario, pero el gobierno de Carlos Flores Facussé (1998-2002) y su Ley de Inversiones Agrícolas elimina, al autorizar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) no al Instituto Nacional Agraria (INA), el otorgamiento de certificados de inafectabilidad cuando los dueños de la tierra demostraran la ejecución de proyectos de inversión generadores de empleo directos.
El mayor impacto de esta legislación complementaria a la LMDSA lo sufrió y lo sigue sufriendo la mujer campesina, ya que, en la actualidad, un 70% de las mujeres en el campo viven en situación de pobreza y 14% de ellas, unas 280,000, no tienen tierras ni posibilidades de acceso, incluso a través de mecanismos de mercado como el Fondo para la Compra de Tierras de la LMDSA.
Al presidente Callejas, las organizaciones de mujeres campesinas lo recuerdan por eliminar la prohibición de la Ley de Reforma Agraria que no permitía que las mujeres sean beneficiarias directas de las acciones del Estado con la entrega de tierras y demás servicios de apoyo a la producción. El argumento de los agraristas de los años 70s, era que la tierra se entrega al jefe de familia, en este caso, le corresponde al hombre, sin analizar que más de un 30% de dichas unidades de producción agrícola eran lideradas por mujeres jefes de hogar, que se hizo más evidente con el ajuste estructural agrícola de los años 90s.
Este problema ha generado una creciente inequidad en el acceso a recursos por las familias rurales, especialmente por mujeres campesinas dispuestas a trabajar la tierra, incluso muriéndose en ella, tal como ha sido la lógica de reproducción material de las economías campesinas, donde sus miembros resisten los impactos negativos de políticas desigualdades y excluyentes, multiplicándose para sacar los mayores beneficios de la parcela, trabajando como jornaleros (as) temporales en plantaciones de banano o en corte de café, y de empleadas domésticas en los centros poblados urbanos o periurbanos.
Ha habido varias intervenciones que buscan revertir esta situación. Una es la política de género para el agro hondureño que, al no aplicarse, ha tenido varias versiones. El proyecto financiado por FAO, denominado “Incorporación de la Mujer Campesina al Proceso Productivo y Consolidación de Grupos del Sector Reformado, que tuvo buenos resultados a finales de la década de los 80s y principios de los años 90s, se descontinuó por la falta de apoyo financiero. Buscaba la adquisición de tierras para que las mujeres ejecutaran proyectos productivos y sociales, como un medio de aumentar los ingresos monetarios de las familias rurales, promoviendo la organización de grupos de mujeres para enfrentar, en la práctica, la exclusión emanada de la ley de reforma agraria, pero también el llamado patriarcado rural tradicional.
Otra iniciativa se dio con la creación del Programa de Crédito Solidario para la Mujer Rural (Credimujer) por el Congreso Nacional en septiembre de 2015, pero que, además del recorte en recursos (unos 10 millones de lempiras frente a 130 millones como aspiración), enfrentó la burocracia publica y lentitud en la reglamentación para su ejecución efectiva. Este programa debe ser revisado y fortalecido en cuantos, a montos, modalidad de ejecución y asignación de recursos. Un rol más protagónico de organizaciones de mujeres campesinas debe hacerse más evidente, incluyendo su participación en procesos institucionales de formulación y evaluación de proyectos agroalimentarios y forestales, y el manejo de los recursos financieros.
Recién, Wendy Cruz, portavoz de la articulación de mujeres de la Vía Campesina Honduras y el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, ha dicho que las mujeres rurales están “en una situación lamentable”, por la falta de tierras, créditos y asistencia técnica, a lo cual se suma la sobreexplotación del trabajo en el hogar y fuera de éste, las desigualdades en salarios y acceso a satisfactores sociales como salud, educación y protección social, no digamos cultura que es un bien poco conocido. En el tema de derechos humanos ha sido evidente un aumento de la violencia contra la mujer, reflejando en un mayor número de muertes.
Las esperanzas no se pierden, y están puestas en la presidenta Xiomara Castro. Entre las acciones tomadas por el gobierno en estos 100 días de gobierno efectivo que sustentan la esperanza, destacan el aumento del presupuesto del Instituto Nacional Agrario (INA), y de los recursos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), un banco que debe operar para beneficio de los campesinos (as) , pero que se convirtió en un “mina” de saqueo por medianos y grandes productores, políticos de turno y militares; que fue prácticamente cerrado en los gobiernos del presidente Juan Orlando Hernández (JOH). La presidenta ha pedido al gobierno norteamericano una revisión del RD-CAFTA, cuya desgravación arancelaria está impactando negativamente en la producción alimentaria del país, los ingresos monetarios de los campesinos, contribuyendo a aumentar la pobreza rural y migración acelerada.
La revisión del RD-CAFTA es urgente, pero demanda una propuesta conjunta de los gobiernos de la región y organizaciones de productores, incluyendo las organizaciones de mujeres campesinas. Para los países del Triángulo Norte, es evidente que el aumento de la migración tiene una explicación en el abandono y venta de activos productivos de las familias rurales dedicadas a la producción de productos básicos, los que son importados a menor precio al amparo de la vigencia del tratado.
Mientras se termina de elaborar la nueva política de género para el agro hondureño (2022-2030), que derive en una estrategia y plan de apoyo a la mujer campesina e indígena, una acción inmediata que debe ejecutar el gobierno es la legalización de las tierras en poder de los campesinos y comunidades étnicas, y de nuevo ejecutar el programa de saneamiento de las tierras en conflicto por INA. Hay que eliminar el decreto aprobado por JOH que permite la venta de tierras nacionales y ejidales para producir alimentos a precios de compra de 100 lempiras la manzana, utilizando los aumentos del número de casos Covid-19 como justificación.
La mujer campesina de tierra dentro, no aquellas dirigentes de organizaciones del sector reformado que han utilizado sus cargos para enriquecerse y conspirar contra el desarrollo de iniciativas locales de reivindicación de sus derechos económicos, sociales y políticos, será, a no dudar, un actor clave en el gobierno del poder popular que lidera Xiomara Castro.
Punuare, Olancho, 14 de mayo de 2022
[1] Economista hondureño, catedrático de la UNAH e investigador en temas agrarios y de diseño y evaluación de políticas públicas. Se base en parte de un informe preliminar sobre avances de políticas agrarias en el acceso de la mujer campesina a activos productivas y demás servicios de apoyo a la producción en el departamento de Olancho.
