Tegucigalpa. –El diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, reveló que la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional está investigando la aprobación arbitraria de leyes durante el último periodo de gobierno al conocerse irregularidades y actos de corrupción de varios congresistas y excongresistas.
Anoche durante el Twitter Spaces de Criterio.hn, Barrios reveló que la comisión en temas de corrupción nombrada por el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, realiza una serie de investigaciones sobre el proceso de discusión y aprobación de leyes durante los últimos tres años que fueron controlados por los diputados del conservador Partido Nacional, periodo en el que se instauró las sesiones virtuales a causa de la pandemia del covid.
Bajo Decreto Legislativo 32-2020 el Congreso Nacional ratificó los Decretos Ejecutivos PCM 21-2020, PCM 22-2020, PCM 26-2020, que implementó el gobierno del exmandatario Juan Orlando Hernández, quien actualmente enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos por delitos de narcotráfico, con la supuesta finalidad de atender la pandemia, sin embargo, violentó derechos constitucionales.
Con lo anterior, el Congreso autorizó la implementación de sesiones legislativas virtuales desde abril de ese año y finalizó su periodo dos años después sesionando a través de la virtualidad.
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Un análisis del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) expuso que durante la pandemia se profundizó aún más la falta de transparencia y la corrupción, siendo el Congreso Nacional un poder del Estado desde el cual se fraguó acciones ilegales y arbitrarias.
Desde marzo de 2020 cuando se confirmó el primer caso de SARS-CoV-2 hasta agosto de 2021, el Congreso Nacional, al mando del Partido Nacional, aprobó en préstamos más de 4,000 millones de dólares, es decir, más de 99 mil millones de lempiras, fondos utilizados sin conocerse rendición de cuentas y con denuncias de corrupción por compras de insumos y equipos a precios sobrevalorados y la estafa multimillonaria en la adquisición de siete recintos sanitarios.
Una investigación de Criterio.hn reveló que solo en 2020 los congresistas se recetaron más de 79.6 millones de lempiras en pagos de viáticos, banquetes, alquiler de vehículos pese a que sesionaron desde sus hogares, por lo tanto, la mayoría de los gastos no se justifican.
En octubre de 2019, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció que el Congreso Nacional cometió vicios en la votación de los artículos que contiene la normativa referida al Código Penal aprobado bajo Decreto Legislativo 130-2017.
En ese momento el organismo de sociedad civil denunció ante el Ministerio Público al entonces presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva y a los congresistas Mario Alonso Pérez, Tomás Zambrano, Román Villeda, entre otros, por abuso de autoridad y falsificación de documentos al descubrir una serie de irregularidades cometidas durante el proceso de discusión y votación en varios artículos sin tener cuórum.
Con el nuevo gobierno se creó la Comisión Anticorrupción presidida por la diputada Fátima Mena e integrada por los congresistas Jari Dixon Herrera, Karla Fúnez, Yaveh Sabillón, Ramón Barrios, Iroshka Elvir y Tania Pinto.
“Este es un nuevo Congreso Nacional de la República, los congresistas obedecemos al poder del soberano. Ninguno de nosotros está utilizando carros del Congreso Nacional, no estamos teniendo viáticos por lo que estamos haciendo, estamos decididos a seguir desmontando la estructura criminal”, manifestó Barrios.
Barrios confirmó que se están revisando las últimas tres legislaturas y en los próximos días se presentará un informe final al pleno del Congreso Nacional en el cual se develará varios actos de corrupción.
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En tal sentido, adelantó que han descubierto que un diputado tenía a cargo una planilla de 400 empleados dentro del Poder Legislativo sin que estos tuvieran labores encomendadas, se destruyó la documentación concerniente al gasto del presupuesto asignado, se robaron bienes muebles y se dañó el sistema de transmisión que consigna los votos de cada congresista.
“Le puedo decir que la semana siguiente el presidente va a presentar un informe de todo lo que ha encontrado en el Congreso Nacional. Se destruyeron todos los archivos con respecto a cómo se gastó el presupuesto. Esos actos de corrupción ya no se están haciendo en el Congreso Nacional porque hay una labor de fiscalización”, añadió.
Por otra parte, detalló que se contrató dos empresas para reparación del sistema de votaciones y así consignar el voto de cada congresista debido que fue dañado antes de instalarse el nuevo Congreso Nacional.
“Yo creo que ya estamos a un par de semanas para que nuevamente volvamos a consignar nuestros votos públicamente y el pueblo hondureño sea testigo de cómo sus diputados votamos”, dijo.
Según el también abogado penalista, pese a no conocerse el voto debido a que actualmente se sesiona a la antigua, levantando la mano, la mayoría de leyes aprobadas cuentan con el voto de 50 diputados del Partido Libre, 10 del conservador Partido Liberal y 10 del Partido Salvador de Honduras que permite alcanzar la mayoría simple de 65 diputados.
El mal proceder del Congreso Nacional estuvo en la mira de la desmantelada Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) que el 24 de mayo de 2018 presentó un requerimiento fiscal contra los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar, del Partido Nacional y Liberal, respectivamente, por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno. Ambos diputados fueron sobreseídos.
El caso en alusión, conocido como “pacto de impunidad”, fue ampliado el 19 de noviembre de 2018 al incluirse a los diputados nacionalistas, Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, como presuntos responsables del delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública y delitos contra la forma de gobierno en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Los congresistas también fueron sobreseídos.
Los diputados cambiaron la redacción y publicaron en el diario oficial La Gaceta un texto distinto al aprobado por el pleno en el Congreso sobre el Decreto No.141-2017 que contemplaba el presupuesto general de la república del 2018.
