Por: Viena Hernández

Tegucigalpa. –  Varios han sido beneficiados por la amnistía política, sin embargo, esta ley ha generado controversia porque exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) intentan obtener indulto por actos de corrupción, otros incluso por crímenes durante o después del golpe de Estado.

En las últimas semanas, se concedió amnistía política a perseguidos políticos y exiliados, afectados por oponerse o estar en contra del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, entre estas figuras están el padre Andrés Tamayo y el joven universitario Eduardo Urbina.

No obstante, la amnistía se convierte en un pacto de impunidad cuando empieza a ser utilizada por altos funcionarios o personas que buscan una oportunidad para evadir la justicia.

Por tal razón, la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), abogada Bertha Oliva, aconsejó que los decretos de amnistía después de una dictadura, sean analizados y evitar aplicarlos a “quienes me caen bien”, porque el Estado de Honduras debe actuar con gesto de justicia y reconciliación hacia las víctimas de la dictadura.

La amnistía ha beneficiado a dos exfuncionarios del gobierno de Mel Zelaya, el primero fue el exsecretario de la presidencia, Enrique Flores Lanza y el segundo el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri.

Lanza, después de más de doce años de exilio fue absuelto del caso denominado “Carretillazo” al otorgarle sobreseimiento definitivo, era acusado de delitos de abuso de autoridad y malversación de alrededor de 40 millones de lempiras para instalar la consulta popular llamada Cuarta Urna.

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En cuanto a Chimirri, un juez lo benefició con la amnistía al declarar extinta toda acción penal en su contra, aunque fue condenado a ocho años de prisión por delitos de enriquecimiento ilícito, y ocho años por abuso de autoridad y fraude, al no poder justificar más de 16 millones de lempiras que supuestamente recibió cuando fue gerente de Hondutel por parte de la empresa estadounidense Latin Node.

Para Oliva, resulta ridículo que los hechores o victimarios quieran buscar indulto, cuando fueron ejecutores o impulsaron algún delito, razón por la que la amnistía debe aplicarse con sumo cuidado a los verdaderos afectados.

Resulta increíble que, recientemente, Juan Carlos Sánchez defensor de David Castillo imputado y declarado culpable de ser coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres el tres de marzo de 2016, haya anunciado la solicitud amnistía, manifestó Oliva.

Sánchez, justificó que Castillo fue interventor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en la administración de Mel Zelaya y, cuando fue defenestrado, según él, su cliente sufrió una persecución del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y hostigamientos de las Fuerzas Armadas, siendo el “Fraude sobre el río Gualcarque” es una causa política.

Oliva señaló que se quiere entrar en un proceso de controversia, pero si un juez aplica ese inciso al señor Castillo, tendrá que responder ante los tribunales, por tanto, enfatizó que es una obligación que los jueces entiendan que el decreto no es para criminales.

La defensora de derechos humanos, ejemplificó que, de llegar a pedir amnistía alguien como Roberto Michelletti, expresidente del Congreso Nacional o el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, jamás debería otorgárseles carta de amnistía.

En su lugar, se debería extender una certificación sobre la incapacidad del sistema de justicia de ponerlos presos, coludiéndose con un acto de criminalidad cometido en el marco del golpe de Estado.

“El decreto es para las víctimas de la dictadura no para quienes estuvieron al frente de la dictadura y ejercieron el golpe militar de Estado”, así la togada argumentó que sería irónico que estos y otros funcionarios pudieran beneficiarse con la amnistía.

Aclaró que los afectados tras el golpe de Estado fueron aquellos perseguidos por el sistema judicial para ser aniquilados y desprestigiados a través de los medios corporativos de comunicación.

En cambio, los gestores del golpe y precursores de la multicrisis están en la otra cara de la monera y deben enfrentar la justicia.

La amnistía que se generó en 1993 son pactos de impunidad que se aprobaron desde el Congreso Nacional, en ese entonces -recordó Oliva-, se luchó por la libertad de los presos políticos, sin embargo, en el Congreso Nacional hizo negociaciones con los dueños de los partidos políticos, dueños de medios de comunicación y hasta “cristianizaron” junto a la iglesia católica la amnistía de ese tiempo.

“Con la mano derecha beneficiaron a los perpetuadores y con la izquierda a las víctimas, ese es pacto de impunidad”, expresó Oliva.

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AMNISTÍA NO DEBE SER UTILIZADA PARA EVADIR LA JUSTICIA

Después de estos 12 años de dictadura, Oliva razonó que el propósito de la amnistía debe ser dignificar a la población hondureña que fue víctima de la política nefasta producto del golpe de Estado.

De suma importancia, destacó que la población debe tener claridad y memoria de lo sucedido en el pasado, reconocer realmente a los perseguidos políticos, para evitar que otros utilicen este momento para evadir la justicia.

Si bien es cierto, el golpe de Estado se concretizó en 2009, pero la estrategia y los actos previos al golpe se engendraron cuando el poder lo seguía teniendo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP), estos pudieron abrir causas y enjuiciar, pero no procedieron, convirtiéndose en cómplices.

Es por eso, que el fundamento de la amnistía debe aplicarse tal cómo es, sin darle otros significados o interpretaciones, conociendo el espíritu del decreto nadie podrá ampararse en la excusa de solo haber seguido órdenes o que solo cumplió con la ley, nadie debe obediencia a una acción que pone en peligro a la nación y el Estado democrático de derecho.

Oliva añadió que, si los jueces o magistrados dictaminaron en base a lo anterior, es lógico que cometieron un grave error y deben rendir cuentas por sus actos. Además, los medios se prestaron al odio y la calumnia, otro acto repudiable, donde sostuvieron que no existía un golpe de Estado mientras las calles eran manchadas de sangre de inocentes.