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Por: Javier Suazo1

El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (JOH), no le jugó limpio al pueblo hondureño al final de su segundo mandato; otros dirán que no jugó limpio desde que asumió la presidencia del Congreso de la República en el gobierno de “Pepe” Lobo (2010- 2013) con la diarrea de leyes que se aprobaron, en su mayoría en contra del pueblo, pero también por las denuncias de involucramiento en actos de corrupción y narcotráfico.

En lo económico y financiero, un factor explicativo de este comportamiento fue la eventual pérdida de las elecciones generales por el partido nacional, cuando se tenía la seguridad de ganar con más de 1.2 millón de votos, que eran –supuestamente inalcanzables para la Alianza de Oposición. El mismo JOH hizo campaña abierta a favor del candidato de su partido, Nasry Asfura, entregando alimentos, dinero y créditos, pero, sobre todo, aprobando y usando recursos públicos y de la cooperación externa para la campaña política.

 Antes de las elecciones, dirigentes del partido de gobierno estaban convencidos del triunfo, y no esperaban una situación como la que vivieron el 27 de noviembre de 2021 por la noche al promulgarse resultados de elecciones por el Consejo Nacional Electoral (CNE) donde, al final, la candidata Xiomara Castro obtenía el triunfo con cerca de 500 mil votos de diferencia. Repararon muy poco sobre el desgaste del gobierno, y la falta de credibilidad de los funcionarios, que se tradujo en un voto castigo en contra de JOH y su grupo.

Después de las elecciones generales, han sido visibles acciones de funcionarios del gobierno del partido nacional orientadas a dejar maniatado aún más al nuevo gobierno, contratando más endeudamiento y aumentando el gasto público, autorizando nombramientos de empleados y dejando la caja del Estado con unos 800 millones de lempiras, según la ministra de Finanzas, Rixi Moncada. Pero, algo más, dejando cuentas pendientes que comprometen los ingresos del Estado en estos primeros dos (2) años de gobierno, que afecta las posibilidades de inversión productiva y social en respuesta a las promesas de campaña de la presidenta electa.

El problema se agrava cuando se revisan los paquetes de políticas y medidas económicas tomadas por los gobiernos Post-Golpe de Estado, lo cual condiciona el accionar del nuevo gobierno en tanto su derogación o reforma implica un enfrentamiento directo con aquellos grupos de poder y actores que se beneficiaron de ello, dispuestos a no renunciar a privilegios y buscando que otros paguen o sigan pagando las cuentas. Ejemplos visibles son la derogación de la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el proyecto de derogación de la ley de empleo por hora, la prohibición de la minería a cielo abierto y derogación de la ley de secretos.

Ha sido evidente el aumento de los impuestos para financiar-supuestamente- el gasto de inversión, pero más se orientaron a mantener una creciente burocracia improductiva y clientelar, corrupción y honrar los pagos del servicios de la deuda externa tal como exigía el Fondo Monetario Internacional (FMI), su principal aliado; ello sin sacrificar las exoneraciones fiscales, que se otorgaron mayormente a empresas acogidas a régimen de zonas francas, maquilas, comidas rápidas, turismo y organizaciones no gubernamentales con programas para “combatir” la pobreza, inseguridad alimentaria y proteger el ambiente, con muy pocos resultados.

Las soluciones no son fáciles, más cuando existe la palabra empeñada de la presidenta de la República, Xiomara Castro, por cumplir las promesas de campaña y avanzar hacia un cambio refundacional. Incluso, la llamada solución del “facilito”, si se quiere adoptar, implica un alto costo para el gobierno y la alianza política, pero también impactos negativos en las condiciones materiales de vida de la población. Este “facilito”, muy común en países latinoamericanos que han adoptado programas de ajuste y estabilización económica avalados por el FMI, refiere a enfrentar la crisis fiscal y financiera de corto plazo (descapitalización del gobierno) con recursos externos, pero a condición de que se siga con las recetas recomendadas al gobierno saliente, muchas de las cuales son causa -a la vez- de la descapitalización y crisis actual. Una de estas recetas reza: si quieres saldar las deudas inmediatas y cumplir con parte de lo prometido, contrata más deuda, disminuye gastos, aumenta impuestos y acelera las privatizaciones.

1. ¿Más Deuda para pagar Deuda?

El gobierno de la Republica a través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) solicitó al Congreso Nacional la aprobación de una ley que declare emergencia fiscal y financiera y lo autorice a contratar en forma directa hasta 2,000 millones de dólares o más si el desequilibrio fiscal-financiero lo amerita, para enfrentar las obligaciones financieras de corto plazo, especialmente el pago de deudas e intereses por bonos soberanos que se vencen pronto. A criterio de la viceministra de Finanzas, Elizabeth Rivera, se vencen bonos soberanos por el orden de 9 mil 300 millones de lempiras el 14 de marzo y al día siguiente otro por 4 mil 64 millones de lempiras, siendo los recursos del Estado insuficientes para ello.

El argumento de la licenciada Rivera, una de las economistas más respetadas por el FMI al liderar la aplicación de la estrategia y ley de responsabilidad fiscal (decreto N.25-2016 del 4 de mayo de 2016) en la mayor parte del periodo de los gobiernos de JOH, es que es algo temporal para restablecer el equilibrio fiscal, obteniendo recursos de otras fuentes y un préstamo con el Banco Central avalado por el FMI. El Articulo.N.2 del decreto reza: “Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) para que en caso de ser necesario durante el ejercicio fiscal 2022 y 2023, realice la contratación directa de préstamos internos o externos, reasignación de recursos externos disponibles, colocación de títulos de deuda en el mercado doméstico o internacional y otras operaciones de crédito público en las condiciones financieras que obtenga al momento de su negociación, hasta por un monto de dos mil millones de dólares de los Estados Unidos (U$$2,000,000,000,00) adicionales al monto de endeudamiento autorizado”.

Los diputados del partido nacional y liberal cuestionan que no se les informó sobre el decreto de emergencia ni se les facilitó una copia, siguiendo la practica anterior de los gobiernos post golpe de Estado. No obstante, la realidad demuestra que estas obligaciones deben enfrentarse, y el camino más rápido parece ser contratar deuda más “barata” para pagar deudas y cumplir obligaciones inmediatas en sectores prioritarios como salud y educación.

Hay un cuestionamiento de fondo, y es que todavía el gobierno no tiene en mente una auditoria internacional del endeudamiento de Honduras en estos 12 (doce) años, lo que puede ayudar a esclarecer hacía donde se dirigieron estos recursos, quienes se beneficiaron y donde está el dinero, más allá de los informes de las instituciones nacionales como SEFIN y el Tribunal Superior de Cuentas(TSC) que han venido trabajando con cifras cortadas; no hay confianza en los órganos contralores del Estado ni en la justicia.

La presidenta de la Republica ya envió una nota a Naciones Unidas para proceder a instalar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que acompañará y supervisará el trabajo que realizan los operadores de justicia en el país, condicionado en estos años post golpe de Estado a la agenda del presidente de la Republica y sus intereses políticos, que todavía no termina. La CICIH urge, pero conviene un mayor análisis del endeudamiento para que la institucionalidad y acciones sean sostenibles más allá de 2026. El conflicto entre Rusia y Ucrania puede retrasar la instalación de la CICIH, por lo que debería fortalecerse más al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

2. ¿Calamidad o Bonanza Fiscal?

La presidenta de la Republica delegó en la Ministra de Finanzas, Rixi Moncada, la responsabilidad de presentar un informe sobre las calamidades de las finanzas públicas encontrado y en contraposición a lo manifestado por funcionarios del gobierno anterior, que consideran que las finanzas son saludables, ya que el déficit fiscal en 2021 fue de 3.7% de todo el sector público no financiero, una deuda flotante de 0.23%, por debajo de parámetro máximo establecido de 0.50%, y un monto de deuda pública total de 14,661 millones de dólares, de la cual el 58.7% es deuda externa, en conjunto equivalente al 55.5% del PIB. (Declaraciones de autoridades de finanzas, el heraldo.hn, 22-01-22).2

El informe presentado por la ministra destacó como hallazgos:

  1. a) Una institucionalidad desplomada y hundida, con lo cual se facilitaron actividades y negocios del narcotráfico y corrupción;
  2. b) Un presupuesto de ingresos y egresos 2022 falsó y corrupto con cifras manipuladas;
  3. c) El pago por SEFIN de 400 millones de lempiras en el mes de enero para beneficiar a 60 altos funcionarios del gobierno del presidente Hernández; d) La transferencia de 300 millones de lempiras para ONGs; e) Eliminación de 3,500 millones de lempiras programados en el presupuesto y destinados para pagar intereses de la deuda externa;
  4. f) Se pagaron en el mes de Enero unos 6,976 millones de lempiras a proveedores afines al gobierno del programa de compensación social Vida Mejor, acumulándose deudas por más de 3 mil millones con otros proveedores;
  5. g) Es evidente una piñata de fondos en fideicomiso, donde la Banca usa recursos del Gobierno para otros menesteres por encima del monto autorizado, sin rendir cuentas claras, igual realizan negocios poco trasparentes como la compra de los hospitales móviles;
  6. h) Las APP se constituyeron en un instrumento efectivo para promover la corrupción al disponer de 40 mil millones de lempiras hasta 2019; 2 El informe fue presentado a la nación hondureña el jueves 24 de febrero de 2022, siendo invitados empresarios, dirigentes gremiales, funcionarios de organismos financieros internacionales y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Honduras,
  7. i) Se estima que unos 1,800 millones de lempiras fueron manejados por congresistas sin rendir cuentas, como parte del Fondo Departamental del Congreso;
  8. j) Unos 300 mil millones se otorgaron en exoneraciones fiscales, equivalente al monto de la deuda pública, sin tener claridad de los resultados o impactos positivos, siendo Honduras el país latinoamericano que más exonera;
  9. k) Honduras pierde 90 mil millones de lempiras por evasión y 168 mil millones en corrupción; l) La deuda pública pasó de 3,481 millones de dólares a 15,600, mientras la ENEE adeuda 76 mil millones de lempiras.3

Un grupo de diputados del partido nacional, encabezados por Tomás Zambrano y Antonio Rivera, que estuvieron muy cerca del presidente Hernández, han cuestionado un nuevo anteproyecto de ley presentado por la Secretaría de Finanzas, orientado a restituir ingresos perdidos por el Estado; lo llaman un nuevo “paquetazo” en contra del pueblo, o sea más impuestos que, tal como ha sucedido en otras ocasiones, cuenta con el aval del FMI.

De acuerdo a la lectura de estos diputados, exfuncionarios y empresarios las medidas contempladas en el decreto incluyen: a) Derogar un beneficio para los usuarios de tarjetas de crédito y débito, equivalente al 8% del pago del Impuesto sobre la Renta (ISV) cuando realizan los pagos; b) No permitir acogerse a exoneraciones tributarias de años anteriores distintos al ejerció fiscal vigente; c) Derogar exoneraciones por pago de Impuesto sobre la Renta (ISR) y retenciones a personas naturales o jurídicas contratadas por estudios, ampliaciones, construcciones y monitoreo de proyectos hasta por un periodo de 5 años; d) Eliminar exoneraciones a los servicios bancarios y financieros, servicios de construcción, la compra-venta y el arrendamiento con opción de compras de bienes y muebles.

 Igualmente, frente al informe de la ministra de Finanzas que detalla el latrocinio de los fondos públicos, los miembros del Gabinete Económico del gobierno anterior consideran que los organismos financieros internacionales y calificadoras de riesgo como Moodys y Standard & Poors se pronunciaron sobre el buen manejo de las variables fiscales y financieras en el gobierno de JOH, por lo que no deben estar echándole la culpa de todos los males, sino ponerse a trabajar y cumplir con las promesas de campaña de la presidenta electa. Uno de estos organismos es el FMI, que acompaño al gobierno del JOH hasta el final, destacando la estabilidad macroeconómica y el manejo prudencial de las variables fiscales y financieras, lo cual es desmentido por las cifras presentadas por la ministra de Finanzas, especialmente lo relacionado con el desequilibrio fiscal, los compromisos del pago de deuda externa, la crisis financiera de la ENEE y el mal manejo de los fideicomisos.

De acuerdo con los funcionarios del gabinete anterior, “parece que lo que buscan es un pretexto para despilfarrar las enormes reservas monetarias con que se deja el país, este es el ahorro de la nación, el patrimonio de cada ciudadano, lo cual se traducirá en mayor inflación, que es precios más altos para cada producto y devaluación del lempira. Al primer trimestre de 2021, el saldo de las reservas totalizó $8,252.90 millones, el más alto en la historia del país, superior en $104.10 millones al registrado en cierre de 2020”4 .

El expresidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, en una comparecencia pública con miembros del gabinete económico anterior, destacó que las cifras presentadas por la Ministra Rixi Moncada son falsas, y no se debió declarar una emergencia fiscal y financiera ya que se aumentó la prima de riesgo país de 3.14% a más de 5%; se estima que con esta declaración Honduras perderá unos 1,4 25 millones de lempiras por aumento en las tasas de interés.5 , y colocar bonos en los mercados internacionales le costará caro. La caja del gobierno queda con 10,000 millones de lempiras dice Cerrato y no con 800 millones que dice Rixi Moncada.

Hemos manifestado que Honduras necesita una auditoría fiscal y financiera independiente y externa, ya que no se cree ni en las cifras del gobierno pasado ni en el actual. Esta auditoria debe ser solicitada por la presidenta de la Republica a través de la Secretaría de Finanzas, ya que la duda seguirá mientras no se brinde un informe a la nación avalado por un auditor independiente internacional. Parece también que ya es hora de avanzar en un Acuerdo o Pacto Fiscal, tal como lo ha sugerido el Colegio de Economistas, Capitulo Noroccidental, que defina las metas del gobierno en temas como límites de endeudamiento, monto de exoneraciones, manejo de fideicomisos, gasto corriente, masa salarial (ya hay avances) y funcionamiento de las Alianzas Publico Privadas; lo que implica, entre otras acciones, reformas a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La Secretaría de Finanzas ha avanzado en la reformulación del presupuesto de Ingresos y Egresos para 2022, idealmente priorizando aquellos sectores identificados como estratégicos por el nuevo gobierno, caso de la salud, educación, seguridad, agricultura y empleo. Ello implica una fuerte contracción del gasto agregado y reajuste de los fondos destinados a otros sectores y rubros. Incluye:

a) Venta rápida de activos no productivos, como el avión presidencial y carros de lujo;

b) Recorte por decreto de los sueldos y salarios de funcionarios públicos, diputados y magistrados que ganan incluso más que la presidenta de la Republica con un sueldo neto de 95,750.54 lempiras, menor de 4,000 dólares al cambio oficial;

c) El cierre de muchas instituciones y programas que fueron creados para mejorar la imagen de JOH y apoyar la campaña política, caso del Ministerio de Transparencia, el programa SENPRENDE y una “Jauría” de Asesorías y delegados Ministeriales sin competencias institucionales y responsabilidades visibles;

d) Reingeniería Total del Servicio de Relaciones Exteriores, convertidas las Embajadas y Consulados en oficinas de tráfico de pasaportes;

e) La renegociación de los contratos con las empresas energía; recate de empresas públicas como Hondutel y la ENEE (debe presentarle un plan de rescate de la empresa con metas claras), entre las más importantes.  

3. Cambios Estructurales con FMI dentro

Honduras enfrenta problemas estructurales que se han venido acumulando y profundizado después del golpe de Estado (junio de 2009), ameritando un tratamiento planificado con visión de largo plazo y criterios de sostenibilidad técnica-política. El primero es la reconcentración de la propiedad rural, que no ha permito la vigencia de un mecanismo efectivo de retención de población en el medio rural y combate a la pobreza extrema e inseguridad alimentaria, y sus efectos como la migración, desnutrición y muerte. Mucho antes del golpe de Estado, fue evidente el cercenamiento de espacios para entrega y legalización de tierras que dejaba la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) como sustituta de la reforma agraria. Hoy que la presidenta electa Xiomara Castro ha nombrado a un destacado dirigente de la Vía Campesina como viceministro de la Reforma Agraria, el abogado Rafael Alegría, se espera que retome el proyecto de una nueva ley de reforma agraria con enfoque de derechos humanos, género y sostenibilidad ambiental, que ya fue presentado en el gobierno de “Pepe” Lobo (2010- 2013).

A ello se suma la desigualdad de ingresos. El último informe de CEPAL señala que el coeficiente de GINE para Honduras en 2020 fue de 0.52%, siendo evidente un aumento de la desigualdad si se compara con cifras de inicios de la década (0.49% en 2002). Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que este indicador se estima en 0.55% para 20216. Es un espacio para la discusión de políticas de empleo, salarios y protección social, que ya empezó con la propuesta de derogación de la Ley de Empleo por Hora, pero que debe ampliarse a temas de género, trabajo no clásico, actividades de cuidado, costos de la canasta básica y negociaciones del ajuste del salario, regímenes de protección social, vivienda popular.

 En este marco y en el caso del enfoque de género y las actividades de cuidado, la misma CEPAL señala que “la pandemia de COVID-19 ha hecho que las mujeres de la región experimenten un retroceso inédito en lo que respecta a la autonomía económica, que se refleja en aumentos de la pobreza de tiempo y monetaria, en la sobrecarga de cuidados y en una injusta distribución del poder. Los indicios de recuperación de la actividad muestran que la estructura productiva de América Latina y el Caribe descansa sobre una división sexual del trabajo remunerado y no remunerado que reproduce patrones de desigualdad. Los sectores que más rápido crecen son los que tienen más participación masculina, que son también los más valorados y, por tanto, los mejor pagos” .7

El Covid-19 y los huracanes ETA e IOTA impactaron negativamente en la estructura productiva del país, oferta exportable y de bienes salarios. Entre los efectos destacan el ensanchamiento del déficit comercial en balanza de pagos de 8,019 millones de dólares en 2021 y el aumento de la dependencia alimentaria que ha ido profundizándose con la vigencia del RD-CAFTA desde 2006. Un caso especial es el arroz, donde el 71.4% de la demanda interna total proviene de importaciones (unos 2.5 millones de quintales oro), que aumentará al entrar el grano libre de aranceles.8

Se necesita un mayor monto de recursos de inversión destinada a sectores productivos, ya que fue afectada con el programa “facilito” avalado por el FMI, pero también urge la formulación de un programa agresivo de cartera de proyectos apoyado por países amigos y organismos bilaterales de cooperación externa, liderado por SEFIN y la Secretaría de Coordinación General del Gobierno (SCGG) y acompañado por Relaciones Exteriores y las Embajadas y consulados. La meta debe ser llegar a un 10%/PIB de inversión real en 2022, aumentado gradualmente hasta un 25%/PIB en 2026. La inversión pública total ha sido menor de 5%/PIB en los últimos gobiernos, enfrentándose problemas para garantizar una ejecución de 100%, explicado por una débil capacidad de gestión pública y corrupción.

La Inversión Extranjera Directa (IED) observó en los últimos años una fuerte caída, incluso en 2019 (antes del Covid-19) fue el país de la región centroamericana que captó menores montos de IED, unos 498.1 millones de dólares, por debajo de Nicaragua (503 millones de dólares) y El Salvador (724.8 millones de dólares),9 no solo explicado por la pandemia, sino por la corrupción, narcotráfico, ingobernabilidad y pérdida de credibilidad del gobierno, aun cuando el FMI aplaudió los logros obtenidos en crecimiento del PIB, acumulación de reservas monetarias, reducción del déficit fiscal y la inflación, dando un espaldarazo a la gestión de JOH; lo cual demuestra, si se observan la cifras de baja inversión, desempleo, pobreza e inseguridad alimentaria, que la estabilización ortodoxa sirve para propósitos e intereses ocultos, no para fines de desarrollo económico y social.

La propuesta de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, antes de la emergencia fiscal presentada por la ministra de Finanzas, contempla medidas de políticas y acciones institucionales no muy benignas con los postulados de la ortodoxa neoliberal liderada por el FMI y acuerpada por muchos empresarios que se beneficiaron en los gobiernos post Golpe de Estado (2010-2021); sin embargo, la crisis fiscal y financiera heredada y sobreendeudamiento de la economía, invoca a la ayuda de dicho organismo para enfrentarla, con el acompañamiento de políticas de ajuste económico de corto plazo, pero también con la renuncia del gobierno a desmantelar el andamiaje neoliberal construido con aval del FMI, caso particular de la nueva ley de sector eléctrico, la partición de la ENEE, privatización de Hondutel, autonomía del Banco Central, las metas de inflación y liberalización del mercado cambiario, ley e institucionalidad de responsabilidad fiscal, entre las más importantes.

La suscripción de un nuevo acuerdo de cooperación con el FMI afectará el cumplimiento de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, pero, sobre todo, alejará más al partido LIBRE y el gobierno del cambio refundacional, su principal bandera y objetivo de lucha.

1. economista hondureño con Maestría en Políticas Económicas y Relaciones Internacionales, con estudios doctorales en economía; catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH y consultor en planificación, políticas públicas y desarrollo local.

2. El informe fue presentado a la nación hondureña el día jueves 24 de febrero de 2022, siendo invitados empresarios, dirigentes gremiales, funcionarios de organismos financieros internacionales y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Honduras.

3. Ver Informe presentado por ministra de SEFIN, Rixi Moncada, Tegucigalpa, Honduras, 24 de febrero de 2022.

4. Ver comunicado de los ex miembros del gabinete económico de JOH, aparecido en hondudiario.com, Tegucigalpa, Honduras, 25 de febrero de 2022.

5. Ver presentación del expresidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, en Power Point., 28-22-2022

6. Ver INE “LXXII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples “- Tegucigalpa. Julio de 2021

7. Ver CEPAL “Panorama Social de América Latina 2021. Santiago de Chile, 2022, pág. 239

8. Ver INE “Boletín de Demanda Interna de los Principales Productos de Consumo Básico en Honduras”. Tegucigalpa, DC, 2021, pág. 4.

9. Ver CEPAL “Balance Preliminar de las Economías de Centroamérica y la Republica Dominicana en 2020 y Perspectivas 2021. México, DF, febrero de 2021, pág. 57.

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