Defensores del territorio en Reitoca ven con esperanza la declaración de una “Honduras libre de extractivismo y minería”. A la vez confían en que el gobierno de Xiomara Castro derogue todos los contratos concesionarios, incluido el otorgado a Progelsa y a dos empresas mineras
Tegucigalpa, Honduras.- Las secuelas están allí y si bien la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales a proyectos extractivos en Honduras es un primer paso para reivindicar la lucha de las y los defensores de los territorios, queda claro que las huellas económicas, emocionales y sociales siguen sin tratar.
En el municipio de Reitoca, Francisco Morazán, donde se instaló el proyecto hidroeléctrico Petacón, diseñado para la generación de 14.8 MW de energía, la población Lenca que vive la persecución, criminalización y judicialización auspiciada por intereses extractivistas tienen sus esperanzas puestas en las promesas de la presidenta Xiomara Castro.
ALLANAMIENTOS ILEGALES E IMPACTO ECONÓMICO
Criterio.hn conversó con Gissela Rodas, una de las habitantes que ha vivido en carne propia el asedio de las fuerzas policiales. El 5 de agosto del año pasado allanaron su hogar a las 5:30 de la mañana en busca de su esposo Wilmer Alonzo Herrera, 30 minutos antes de la hora legal para la realización del procedimiento.
A Rodas en ningún momento le leyeron, dejaron leer o tomar fotografía de la orden de allanamiento. Durante ese evento capturaron a cinco de las quince personas que buscaban, quienes finalmente fueron puestas en libertad. Pero dentro de este grupo se encuentran dos defensores del territorio que continúan siendo criminalizados y judicializados por la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A (Progelsa): su hermano José Orlando Rodas y su esposo Wilmer Alonzo Herrera.
El juicio está programado para junio. «Tenemos fe y esperanza en este nuevo gobierno» dijo Rodas. Ella espera que ambos sean finalmente sobreseídos. Mientras tanto, deben trasladarse todos los viernes de Reitoca a Tegucigalpa, a firmar el libro de registro judicial, lo que ha generado pérdidas económicas a ellos y sus familias, refirió.
“Uno defiende los bienes comunes de la tierra, uno defiende el río, y uno no espera nada a cambio. Pero creo que se les debería de dar el gasto que ellos han hecho. Son tres a cuatro años que todos los viernes van a firmar. Es un gasto que hacen”, afirmó.
MENOSCABO A LA SALUD EMOCIONAL
El daño no se ve reducido al plano económico, la defensora ambiental señaló que como familia se ven afectadas emocionalmente pues constantemente viven la ansiedad de estar pendiente que su pariente judicializado no olvide ir a firmar un viernes a Tegucigalpa.
En su caso, durante el allanamiento ocurrido el 5 de agosto de 2021, Gissela Rodas y su hija se encontraban solas en su casa de habitación cuando a las 5:30 de la mañana la policía “tumbó” la puerta en busca de su esposo, Wilmer Alonzo Herrera, quien había salido el día anterior.
“Mi hija me decía: ‘Mamá, ¿mi papá está en la lista?’. Son cosas que uno no sabe explicarles a los hijos o explicarles por qué es necesario esconderse, por qué andamos durmiendo en un lado y luego en otro. Todo eso era difícil y le decíamos: ‘no hija, andamos explorando aquí estos lugares’. Todo esto nos ha afectado a cada una de las familias”, contó y agregó que como adulta son situaciones mentalmente difíciles las que han vivido pero mucho más para sus hijas e hijos.
Posteriormente, su esposo se presentó ante los juzgados pero tuvieron que esperar. «Imagínese nos andábamos escondiendo por algo que no se debe, por algo que no habían hecho los compañeros». ¿Cuál era el motivo? El alcalde, quien fue reelecto en las elecciones de 2021 y presuntamente favorece a Progelsa, Marlon Osorto, los denunció por supuestamente haber participado en el incendio de una posta policial.
Rodas manifestó que realmente se buscaba iniciar un segundo proceso contra su hermano José Orlando Rodas y su esposo Wilmer Alonzo Herrera, lo que permitiría se les dictara prisión preventiva mientras continuaba el proceso judicial en su contra.
José Orlando Rodas y Wilmer Alonzo Herrera, fueron judicializados por su resistencia ante el proyecto hidroeléctrico que desarrollaba la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa) en la zona. Fueron acusados por los delitos de usurpación y daños agravados en 2018.
ESPERANZA ANTE PROMESAS DE XIOMARA CASTRO
Progelsa detuvo sus operaciones y la construcción de la represa hace cuatro años pero la concesión continua, por lo tanto la amenaza contra el río Petacón y lo que queda del suministro de agua a los habitantes, no ha desaparecido.
“La esperanza que tenemos es que el río Petacón quede liberado y que se den cuenta que este río no da abasto para una hidroeléctrica. Este río es el único que abastece todo el pueblo de Reitoca. Creo que si se construye una represa nos irán matando lentamente porque de allí es donde tomamos agua”, compartió Rodas.
Ella ve con esperanza la declaración de una “Honduras libre de extractivismo y minería”. A la vez que confía en que el gobierno derogue todos los contratos concesionarios para que la empresa desista de sus intenciones con el río Petacón, así como dos proyectos mineros en cerros aledaños.
“Ya nuestro río [Petacón] está demasiado pequeño”, dijo. Además, explicó que en enero tuvieron que recurrir a hacer pozas a mano para poder tener acceso a agua del río. “Lo que más esperamos de este gobierno es que ya no siga esta empresa [Progelsa] aquí, porque se instalaron ilegalmente. Como pueblo Lenca que somos nunca se nos consultó”.
En su discurso inaugural como la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, prometió poner un alto a los permisos de minas abiertas o explotación de minerales, así como las concesiones de explotación en ríos, cuencas hidrográficas, parques nacionales y bosques nublados.
Criterio.hn publicó en junio de 2020 el especial “Río Petacón, entre el poder y la corrupción”. En este se analiza cómo el capital transnacional pretende arrebatar al pueblo Lenca de Reitoca su principal fuente de agua, la cacería de los ambientalistas lencas por su oposición al proyecto, la migración en Reitoca y Lepaterique y el impacto del proyecto hidroeléctrico en el ecosistema de Reitoca.
