Tegucigalpa. – La sociedad civil a través de un pronunciamiento pidió que los militares y policías dejen de administrar el sistema penitenciario de Honduras, y sea el Ministerio Público (MP) quien intervenga e inicie a una labor de justicia con responsabilidad.
Mediante el escrito manifestaron que es tiempo de dejar de cometer los errores del gobierno pasado, donde permitieron la intervención de las Fuerzas Armadas dentro de los centros penales.
Esta reacción obedece a la decisión del gobierno de Xiomara Castro de traspasar la administración penitenciaria militar a la Policía Nacional, lo que consideran otra medida equivocada.
Entre los motivos de preocupación señalan la necesidad de pedir que se nombre al director o directora nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP), pero dicho nombramiento debe caer en personal civil, apegados a los requisitos de idoneidad del artículo 15 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
El artículo 15 de la Ley Penitenciaria de Honduras expone: “La Dirección Nacional es la más alta autoridad técnica y administrativa del Instituto. Corresponde a la Dirección Nacional la formulación, aprobación y ejecución de la política penitenciaria y de las decisiones emanadas del Consejo Directivo, así como la dirección superior del régimen penitenciario nacional, de conformidad con esta Ley y sus reglamentos”.
De tal forma, instan que se retorne a esos principios de legalidad y cesar la intervención militar y policial, debiendo retornar las competencias del Consejo Directivo como órgano máximo del INP.
A su vez, indican que deben garantizar la participación de la sociedad civil que trabaja en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Exhortan al Estado de Honduras a seguir las recomendaciones de organizaciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), y el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), asimismo, de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros.
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VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS AUMENTÓ CON ADMINISTRACIÓN POLICIAL Y MILITAR
Sobre este documento, la comisionada nacional de CONAPREV, Glenda Ayala, manifestó que las organizaciones de sociedad civil han dialogado sobre las decisiones que se han tomado en torno al tema penitenciario, donde cada decisión debe ser congruente porque tendrá un impacto significativo.
Por años la Policía y el ejército han administrado los centros de reclusión, pero en lugar de obtener resultados positivos, se ha comprobado reiteradamente la violación a los derechos humanos y una inseguridad galopante que provoca muertes a lo interno de los centros penales.
Están consientes de los grandes desafíos en el tema de seguridad, pero estos no podrán solventarse si no se retorna y se rescata la institucionalidad, por tanto, consideran que la presienta Xiomara Castro hará su análisis para regresar a la legalidad de los procesos.
“La Ley del Sistema Penitenciario fue construida desde un punto de vista humanista y con un enfoque de género”, dijo Ayala, quien explicó que el propósito es que se cumpla con las medidas privativas de libertad, sin alimentar el problema de la ingobernabilidad dentro del sistema penitenciario.
“Se ofrece la idea de privilegiar temas de seguridad cuando los resultados son todo lo opuesto”, manifestó. A su vez, agregó que cada quien debe ejercer sus competencias para realizar su trabajo y dejar a la Policía al frente de las cárceles es un desacierto.
Compartió que la violación a los derechos humanos ha sido constante bajo la intervención de la policía y los militares. Por ejemplo, mencionó que la mayoría de las denuncias que han recibido son del Centro Penitenciario de Siria, ubicado en El Porvenir, Francisco Morazán, el que está siendo manejado por la Policía, lo cual comprueba que el funcionario que hace la detención no puede rehabilitar porque esas funciones no son compatibles.
“Se ha reportado uso desproporcionado de la fuerza, de las medidas de seguridad, aislamiento tanto para las mujeres como para los hombres, confinados hasta por 23 horas, sin poder realizar ninguna actividad”, argumentó.
Bajo la administración de los militares, recordó que hubo un amotinamiento donde fallecieron seis mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en 2020.
Ante lo mencionado, La representante de CONAPREV recomendó que el Ministerio Público adopte una actitud activa y proactiva sobre los delitos dentro de los centros penitenciaros, porque mientras la impunidad impere será responsabilidad de los funcionaros de los entes de justicia.
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MUCHOS SON ENCARCELADOS POR ASUNTOS POLÍTICOS
Sobre los abusos dentro de las cárceles, el diputado y abogado Samuel Madrid, lamentó que muchas personas estén encarceladas por exigir sus derechos a las autoridades, por protestar o por inclinaciones políticas.
Por eso, aseguró trabaja algunos casos de privados de libertad y va por el sobreseimiento definitivo, puesto que han sido encarcelados o sus antecedentes han sido manchados por haber protestado contra el golpe de Estado de 2009 y la reelección de Juan Orlando Hernández en 2017.
Además, enfatizó que el primer grupo por el que trabajará es de Pimienta, Cortés, para que estos sean favorecidos por la amnistía política, al ser perseguidos políticos.
Uno de los afectados, quien omitió su nombre, lamentó que no ha podido trabajar por cuatro años, por ejercer su derecho a la manifestación durante el gobierno de Juan Orlando Hernández las autoridades lo tacharon como un criminal.
