Foto portada: Eduardo Enrique Urbina, fue acusado de incendiar un camión militar durante protestas post fraude del 15 de diciembre de 2017 en el sector de El Carrizal, en Tegucigalpa.(fotos redes sociales de Eduardo Urbina)
Tegucigalpa. – El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), ha solicitado la amnistía para once casos de presos políticos y exiliados por persecución política, durante el golpe de Estado de junio de 2009 y la reelección ilegal del expresidente Juan Orlando Hernández en 2017.
Basados en la Ley de Amnistía aprobada el tres de febrero de 2022 por el Congreso Nacional que presidía Luis Redondo, la coordinadora general del Cofadeh, Berta Oliva, informó a Criterio.hn que han enviado la síntesis de cada caso a los juzgados competentes.
“Este es todo un trabajo, pero vale la pena porque es a favor de la gente que ha sido víctima de la dictadura, y el control que ha tenido el Poder Judicial para perseguir a la oposición política”, expresó Oliva.
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LOS CASOS
Uno de los casos más relevantes ha sido el de Eduardo Enrique Urbina, quien se encuentra en el exilio luego de una alerta migratoria, que lo mantuvo preso en Nicaragua y Costa Rica parte de 2017 y 2018, de manera ilegal a causa de persecución política por el Ministerio público y el Poder Judicial de Honduras.
Luego de su detención por orden emitida del juez competente de San José, Costa Rica, Urbina pudo comprobar durante su juicio que no era responsable de los cargos que se le imputaban, por lo que fue liberado y logró el asilo en ese país.
Eduardo Enrique Urbina, fue acusado de incendiar un camión militar durante protestas post fraude del 15 de diciembre de 2017 en el sector de El Carrizal, en Tegucigalpa, capital de Honduras.
Urbina contaba con todas las pruebas que probaron su inocencia ante las autoridades de Costa Rica, sin embargo, las autoridades hondureñas mantuvieron la alerta migratoria y el juicio abierto, lo que demostró la persecución política de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público hondureño.
La directora del Cofadeh, Berta Oliva, también comentó el caso del preso político, José Antonio Torres Meza, criminalizado durante el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. A José Torres y otras tres personas se les acusó de incendiar un negocio de comidas rápidas del bulevar Morazán y no pudieron evadir la cárcel. José Torres fue detenido en un lugar fronterizo entre El Salvador y Honduras.
“Los cargos imputados a José Torres son refutables, porque son delitos que se aplican a los perseguidos políticos”, explicó Oliva y señaló que esperan lograr su libertad de forma inmediata.
Otro preso político con petición de amnistía es Javier Fabricio Sarmiento Aguiriano, sus abogados se presentaron al Cofadeh solicitando una certificación para ampliación de medidas cautelares para toda su familia, quienes están fuera del país.
Javier Sarmiento cuenta con su propia representación legal, pero Cofadeh le entregó la constancia de derechos humanos bajo el acuerdo que deben certificarlo para asegurar que tienen los expedientes y que los casos son fehacientes.
Por otro lado, los cinco estudiantes del Centro Universitario Regional del Centro (CURC) en Comayagua, durante el ambiente del fraude electoral, fueron víctimas de persecución desde que Julieta Castellanos era rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Los estudiantes universitarios se presentaron a varios juicios con el apoyo de Cofadeh. Sin embargo, como consecuencia de la persecución política, Oliva destaca que tienen impedimentos para conseguir trabajo.
El Cofadeh también representa legalmente a los tres campesinos de la Cooperativa 11 de marzo de Siguatepeque, los cargos imputados son compatibles con la persecución política. Oliva explicó que los campesinos son militantes del Frente de Resistencia Popular en contra del golpe de Estado y en contra de la reelección ilegal del exmandatario Juan Orlando Hernández en 2017.
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ÓSCAR CHINCHILLA SOLICITÓ EXTRADICIÓN DEL EXILIADO EDUARDO URBINA
Eduardo Urbina a quien Costa Rica otorgó asilo político, contó a Criterio.hn que, en 2017, tras el fraude electoral, se le acusó en Honduras por actos de terrorismo y actos violentos, uso de armas de guerra y explosivos a través de una campaña que se extendió por las redes sociales.
En diciembre de 2017 tuvo que pasar por la clandestinidad porque era vigilado fuera de su casa y decidió salir de Honduras de inmediato.
Las acusaciones contra Urbina fueron repetidas por la opinión pública y se giró la orden de captura cuando él estaba en la ciudad de Heredia, Costa Rica. En marzo de 2018, se trasladó a Nicaragua, donde fue detenido por el ejército debido a una alerta de migratoria de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), y estuvo detenido seis días en la cárcel El Chipote en Managua.
El gobierno de Nicaragua lo envió de nuevo a Costa Rica donde también fue detenido y enviado a un centro migratorio, en ese momento solicitó refugio para evitar ser retornado a Honduras, sin embargo, luego de algunos días, agentes de la Interpol lo capturaron por una solicitud de extradición del Fiscal General de Honduras, Óscar Chinchilla.
Urbina cumplió con tres meses de prisión preventiva en una celda subterránea asignada por el Poder Judicial de Costa Rica, luego lo enviaron al Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio ubicado en El Roble, Puntarenas, Costa Rica.
El Cofadeh y la Asociación Costarricense para los Derechos Humanos, entre otras, presentaron todas las pruebas necesarias y, aunque se logró demostrar su inocencia, estuvo recluido tres días más por desconfianza del juez.
Eduardo Urbina manifestó que ha sido difícil todo este proceso, incluso sobrevivió en 2017 a un atentado donde recibió dos disparos de la Policía de Honduras.
Urbina espera que existan las garantías para que todos los exiliados puedan visitar su país, porque el sistema judicial sigue secuestrado por el crimen organizado.
“Esto ha sido duro, doloroso, pero de crecimiento, para quienes elegimos la incomodidad y la dificultad para tener un mejor país vale la pena, aunque nos toque luchar contra el poder y fuerzas muy grandes, a mí me tocó vivir esta experiencia”, dijo con convicción Eduardo Urbina.
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LEY DE AMNISTÍA
El pasado 3 de febrero, el Congreso Nacional que presidía el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, aprobó la Ley de Amnistía para la Liberación de Presos y Perseguidos Políticos, los diputados han reiterado que no se trata de un pacto de impunidad, por el contrario, catalogan la normativa como un acto de justicia tras el crimen del golpe de Estado contra expresidente hondureño José Manuel Zelaya Rosales, en junio de 2009.
Además, la normativa contempla que todas aquellas personas que fueron víctimas de persecución, aprensión y condenas en el marco y posterior al golpe de Estado serían amparados y beneficiados bajo la ley siempre y cuando se logre determinar que es una situación política.
