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Publican en La Gaceta controvertida ley de amnistía política e instauración de Comisión Anticorrupción

Juicio político contra presidente de la Corte y fiscal generaló derechos de los trabajadores

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Tegucigalpa.- La controvertida Ley de Amnistía a Presos Políticos y de Conciencia Social tras el golpe de Estado en 2009, la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) y un subsidio al precio del gas de consumo doméstico oficialmente fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta estableciéndose como ley.

Pese a la crisis que atraviesa el Poder Legislativo de Honduras en el que se han instaurado dos Juntas Directivas carentes de legalidad, la presidenta Xiomara Castro sancionó los decretos de ley que conllevan beneficios sociales en tiempo de un pacto de impunidad siendo publicado en La Gaceta el pasado 4 de febrero.

La Ley de Condena al Golpe de Estado juntamente con la Ley de Amnistía a Presos Políticos fue aprobada, bajo la figura de Ley Para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se reputan, por el Congreso que preside el diputado del Partido Salvador de Honduras (PHS), Luis Redondo, quien se instauró como presidente del Legislativo en paralelo con el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix.

La normativa ha sido considerada por expertos en materia legal y organizaciones de sociedad civil al otorgar amnistía a exfuncionarios, empleados y autoridades del gobierno del expresidente José Manuel Zelaya Rosales defenestrado en junio de 2009 tras un golpe de Estado al mando del ejército hondureño.

En la misma se contempla la derogación al Decreto Legislativo 141-2009 que consumó el golpe de Estado contra Zelaya Rosales, declarar oficial mente como plaza pública Isis Obed la plaza frente al aeropuerto Toncontín en memoria al primer mártir de la crisis política de ese año, también se reconoce y se da validez al Acuerdo de Cartagena suscrito por el expresidente Porfirio Lobo Sosa bajo el concepto de “reconciliación nacional” acciones que se han cumplido en su mayoría como ser el retorno de Zelaya Rosales, instauración de una Secretaría de Derechos Humanos, entre otras.

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La polémica surge al aprobarse una amnistía que, si bien beneficia a presos y perseguidos políticos como los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) criminalizados y judicializados en la administración de Julieta Castellanos, defensores del ambiente de Guapinol, entre otros, también arropa a exfuncionarios del gobierno de 2006 a 2009 que cometieron acciones delictivas al incluirse un rosario de delitos que son parte de la amnistía.

Algunos de los delitos que quedarían impunes son abuso de autoridad, malversación de caudales, fraude, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, sedición, entre otros. Cabe señalar que las actuales secretarias de Estado Rixi Moncada y Rebeca Santos que fungieron en el gobierno de Zelaya Rosales fueron judicializadas, pero lograron demostrar su inocencia; otros funcionarios como Enrique Flores Lanzas, quien se encuentra en el exilio, mantiene un caso en su contra y Marcello Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) fue condenado y guarda prisión por corrupción podrían ser beneficiados con la amnistía.

EL RETORNO DE UNA MISIÓN ANTICORRUPCIÓN

El mismo Decreto Legislativo 4-2022, en su capítulo IV, establece la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH) con plenos poderes de investigación e independencia absoluta contraria a la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e impunidad de Honduras (MACCIH).

La MACCIH se creó en 2016 con un acuerdo en conjunto con la Organización de Estados Americanos (OEA) fue diluida en 2020 tras haber investigado al menos 12 casos de corrupción en los que síndico diputados, funcionarios y una primera dama, la mayoría de los implicados quedaron en libertad al ser beneficiados con pactos de impunidad aprobados por el conservador Partido Nacional.

En esta oportunidad, la CICIH tendrá supremacía y sería auspiciada por las Naciones Unidas (ONU) y será la presidenta de Honduras quien deberá suscribir el acuerdo que instaure la comisión anticorrupción.

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Sumado a lo anterior, la presidenta aprobó fijar el precio del Gas Licuado del Petróleo (LPG) de uso doméstico y aplicar un subsidio hasta el 31 de diciembre del presente año contrarrestado el elevado incremento que afecta a la economía de los hogares en condiciones de pobreza en Honduras.

La publicación de estas leyes acrecienta la crisis política que atraviesa el Poder Legislativo y podrían ser declaradas inaplicables al carecer de legalidad debido que el Congreso Nacional se encuentra al mando de dos facciones del Partido Libre una respaldada por Castro y la institucionalidad como la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) donde se publican las leyes y otra apoyada por los diputados del Partido Nacional y la mayoría del Partido Liberal.

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